La senadora Topolansky salió a desmentir la noticia, que había sido difundida por la prensa, de que impulsaría la gratuidad del boleto para los trabajadores. Una idea que había sido atacada por los restantes candidatos (de «izquierda» y «derecha»).
La candidata del MPP había defendido (al igual que Daniel Martínez) el tarifazo que fijó el boleto a $ 24, diciendo que no se podía evitar el ajuste –pese a la baja del petróleo. Luego informó que si no existiera un subsidio a las transportistas el boleto costaría $ 10 más. O sea que CUTCSA y Cía. están gozando de un subsidio estatal que equivale a un 30% de sus costos (además de otros subsidios, como en el combustible por ejemplo, o en los bajísimos aportes patronales a la seguridad social).
El planteo de la gratuidad del boleto para los asalariados, o incluso una rebaja a $ 18 (como propuso Rachetti) o a $ 10 (como propone la Unidad Popular), es totalmente demagógico si no se plantea eliminar el subsidio a las empresas. E incluso hay algo aún más básico: la apertura de los libros contables de las empresas del transporte (y de la Intendencia) al control de los trabajadores. Los costos y las ganancias de los capitalistas son secreto de Estado.
Si el boleto se baja y los capitalistas reciben un subsidio que los compensa, en realidad están siendo doblemente beneficiados, porque probablemente recauden aún más, vendiendo más boletos y recibiendo un ingreso «seguro» (no condicionado a la cantidad de pasajeros) por vía del subsidio departamental. La rebaja del boleto así definida también favorece al conjunto de los empresarios, en la medida que es una rebaja del costo de la canasta familiar, y a la corta o a la larga también impactará en una reducción salarial. Basta pensar en el efecto de una reducción del boleto en el IPC: en el siguiente ajuste salarial el beneficio puede perderse como consecuencia de un aumento menor del salario. A la larga, la rebaja se traduce en una reducción de los salarios que pagan las empresas. Y a estas no les significa ningún costo, porque los pagan los montevideanos a través de los impuestos.
Por otra parte, el transporte no es sólo carísimo, es además de pésima calidad. Los horarios (que además no se cumplen) están subordinados a las ganancias empresariales, la gente viaja como sardina en lata durante en ómnibus repletos que avanzan lentamente, luego de largas esperas en las paradas. El desastroso transporte colectivo incentiva por otra parte a los sectores de capas medias y a muchos trabajadores a utilizar vehículos particulares, haciendo el tránsito en la ciudad un verdadero caos, y aumentando los accidentes.
Es necesario reorganizar el transporte colectivo, sobre la base de las necesidades de la población y no en función de las ganancias empresariales. El PT propone en primer lugar abrir los libros contables de las empresas al control de los trabajadores. La salida pasa por la estatización del transporte colectivo, terminando con los negociados al servicio de los Salgado y Cía. Es una vía concreta para que una reducción del boleto, o incluso su gratuidad, no la paguen los trabajadores por otra vía.
