A 28 años de la primera marcha del silencio convocada por Madres y familiares de detenidos desaparecidos, año tras año, cada 20 de mayo se realizan movilizaciones multitudinarias que reclaman Dónde están los desaparecidos y Nunca Más Terrorismo de Estado. Sin embargo, los otros 364 días, seguimos conviviendo y aceptando la impunidad y la continuidad de aparato represivo y sus consecuencias, ya que, los pasos que es necesario dar para acabar con las injusticias no se concretan porque implican ir a un choque a fondo contra todo el reǵimen.
Esta iniciativa de concurrir y marchar en silencio y sin banderas políticas, más allá de genuinas buenas intenciones, sirve de cobijo a todo el espectro político que en mayor o menor medida ha resultado cómplice de la impunidad instalada hasta hoy.
Gobiernos colorados, blancos, frenteamplista y ahora la coalición mantienen el compromiso de salvaguardar los intereses del capital y sus esbirros.
El silencio ahoga las voces de las víctimas que siguen sin justicia. No son solo fotos, no son solo
familiares de alguien, son personas que vivieron y se jugaron por transformar la realidad; pensaban, hablaban, gritaban y actuaban en consecuencia. Tenían ideas e ideales que representaban a toda una generación y que han querido negar, barrer, borrar o silenciar mediante la desaparición, la tortura, la prisión, la violación, la muerte o el terror. Pero mantener la memoria es también recordar quienes fueron y porqué ya no están entre nuestras filas. Sus vidas trascienden las suyas propias y de sus familias y son patrimonio de los trabajadores y sus luchas.
Marchar en silencio se ha utilizado también para esconder todo lo sucedido desde 1983, cuando la dictadura cívico-militar se encontraba acorralada por la movilización popular y se termina negociando una salida “pacífica” en el llamado Pacto del Club Naval de 1984, que incluía la impunidad para los militares involucrados y la continuidad de la política económica de sometimiento al FMI y el Banco Mundial. Luego vinieron los acuerdos de la Concertación Nacional Programática (CONAPRO) en 1985 y todo un proceso de privatizaciones y ataques a las conquistas del movimiento obrero que son continuidad de las políticas del capital y la burguesía internacional y nacional, por lo menos desde la década del 60-70.
La ley de “Caducidad de la pretensión punitiva del estado” (llamada Ley de caducidad o ley de impunidad) fue votada en 1986 y sometida a referéndum en 1989, siendo ratificada. Luego vino el plebiscito en el 2009, que pretendía anular parcialmente la ley y que no alcanzó los votos necesarios. En 2011 se aprueba la ley interpretativa 18.831 que devuelve parcialmente la potestad de juzgar, pero que es declarada inconstitucional en 2013, al margen de los cuestionamientos internacionales por el no cumplimiento de los tratados sobre DDHH y delitos de lesa humanidad que Uruguay a suscrito.
Desde la Comisión para la paz creada en el 2000, pasando por la Secretaria de seguimiento de los casos, luego la Comisión interministerial para impulsar las investigaciones del 2011, se han pasado unos 40 años sin siquiera lograr dar con su paradero, salvo alguna excepción.
Por su parte, los cientos de encarcelados y torturados que sobrevivieron, corren con la suerte de cruzarse con sus verdugos en plena calle a la vuelta de la esquina, quienes además gozan de jubilaciones de privilegio. Sus causas judiciales descansan encajonadas o dilatadas hasta el cansancio.
El Pacto del Club Naval y los acuerdos posteriores condicionaron, por el camino de los referéndums y plebiscitos constitucionales la posibilidad de juzgar y castigar a los responsables de atrocidades contra los derechos humanos. Violadores, torturadores, asesinos que a 50 años del golpe de estado siguen impunes. Solo unos pocos han sido recluídos en una cárcel vip con grandes privilegios, situación que podría reverse a partir del proyecto del Cabildo Abierto sobre prisión domiciliaria para liberarlos definitivamente, en concordancia con la opinión del ex presidente Mujica que habló de los “viejitos” al referirse a los pocos genocidas que fueron juzgados, minimizando su accionar.
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011, en el caso Gelman, dejó claro que desde el derecho internacional, la obligación del estado de investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad como un derecho inalienable de las víctimas, es un función irrenunciable del estado.
Sin embargo, los avances que se realizaron al respecto por la Jueza Mariana Mota, quien tenía en su dominio más de cincuenta causas de violaciones a los DDHH, llevaron a su traslado compulsivo y a una movilización de apoyo, que terminó con siete militantes procesados por el delito de atentado en febrero de 2013, la condena de prisión a seis de ellos fue ratificada en febrero de este año 2023 por el Tribunal de Apelaciones: un “operativo político para enterrar la causa de los derechos humanos” según los definieron los mismos procesados.
El camino de no enfrentar los problemas, de los pactos y la conciliación con los responsables es un derrotero sin fin, aunque la biología termine con la vida de víctimas y victimarios y pasen las generaciones, la cuestión de de la impunidad es una cuenta pendiente y activa que seguirá presente cada vez que los explotados salgan a las calles a reclamar sus reivindicaciones, cada vez que los estudiantes se organicen y ocupen, cuando los jubilados marchen por mejorar sus condiciones, pero también están con las armas cargadas y listas a disparar contra la juventud en los barrios, en las canchas de fútbol, en los festivales para dar muestra de poder en lógica de obediencia, desconociendo derechos y sobre todo, con todo el aparato del estado para ocultar y eximir de castigo a los encargados de la represión.
Asimismo, esto no acaba en la dictadura, sino que tiene su continuidad de espionaje en democracia. Los llamados archivos Berrutti, más de 14 mil archivos encontrados en Escuela de Inteligencia Militar en el año 2006, junto al Archivo Castiglioni, revelan que sigue operando sin restricciones el seguimiento ilegal y sistemático de ciudadanos en plena democracia. Parte de estos archivos fue liberado recién en 2017 para conocimiento público. ¿Qué se ha hecho con los organismos de Inteligencia, estatales y paraestatales? Siguen operando.
El gobierno de la coalición de derecha, ha tenido un sendero sobre el que avanzar en el avasallamiento de la lucha por la memoria, pero también por juicio y castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Luego de 15 años de gobierno del Frente Amplio, sin apertura de los archivos, con un aumento del presupuesto destinado al espionaje en democracia… ¿alguien puede pensar que el FA representa una alternativa a la impunidad? La contracara de liberar a los militares presos tiene que ver con establecer en el calendario el llamado “Día de la memoria”, que busca regimentar -a través de su institucionalización- la lucha por la memoria histórica respecto a la historia reciente, como en la vecina República Argentina el 24 de marzo. Una decisión negociada (otra más) que lejos de dar un paso hacia el Nunca más, consagra la impunidad como una cuestión inamovible e imposible de revertir, algo del pasado para no olvidar.
La dicotomía dictadura-democracia se da siempre en un contexto de explotación y existe una continuidad entre las distintas formas más violentas o concertadas que siempre es garantizar la explotación del capital sobre los trabajadores. Recuperar la memoria de las causas y los hechos que llevaron a instalar la dictadura y mantener vivo el espíritu combativo que caracterizó a esa generación de militantes y luchadores es una obligación para todos los trabajadores de hoy. En tiempos de desazón ellos “no son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza…”
Las nuevas generaciones tienen por delante barrer con el lastre de esta política derrotista y desmoralizante, de resignación frente a la realidad actual y abrirse paso en la lucha por un mundo mejor, por la revolución social, por otra vida posible y justa. Es preciso recuperar de aquellos que recordamos hoy en carteles, sus ideas, su convicción, su confianza en el futuro y en sus propias fuerzas organizadas para enfrentar las injusticias y las desigualdades, porque no queremos su mismo destino, hay que desmantelar el aparato represivo y para esto es imprescindible acabar con la impunidad.
Y esta lucha es indivisible de la lucha contra el capital y su derrumbe y descomposición que amenaza a toda la humanidad con guerras, destrucción ambiental y barbarie social sin precedentes.
NO A LA EXCARCELACIÓN DE LOS TORTURADORES
APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS
CÁRCEL A LOS GENOCIDAS
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES
20/05/2023
