El gobierno de coalición derechista lleva adelante un plan de guerra de los banqueros y grandes capitalistas, contra los trabajadores. A través de tarifazos, devaluación, impuestos a los trabajadores, subsidios a los empresarios, ha provocado una brutal carestía y ha dado vía libre a los despidos y envíos al seguro de paro. El salario cae en picada, y el desempleo aumenta en forma exponencial.
La crisis capitalista es anterior a la pandemia, aunque esta la haya agravado. En todo el mundo, los capitalistas aprovechan la crisis para atacar las conquistas del movimiento obrero. Van contra los convenios colectivos, contra el derecho de huelga, contra las libertades democráticas -como por ejemplo en la Ley de Urgente Consideración, donde legalizan el gatillo fácil y la limitación de las libertades sindicales. Impulsan también una reforma anti-educativa, de carácter antidemocrático y privatizador; regimentando la enseñanza, subordinándola completamente al gobierno.
Los gobiernos han volcado billones de dólares a favor de los empresarios. Eso también sucede en Uruguay, donde los patrones reciben beneficios que no abren ninguna salida. También pretenden achicar el Estado, lo que implica más desocupación.
En este contexto, el parlamento está votando la LUC. Un 50% de los centenares de artículos son votados por unanimidad, incluida la oposición frenteamplista -que no convoca a movilizarse contra ella, pese a que en un inicio la había considerado “inconstitucional”. Para evitar las movilizaciones se ha utilizado el miedo a la pandemia, pero parece que se puede concentrar gente en una calle peatonal para contentar a los comerciantes, pero no para luchar contra una ley reaccionaria y antidemocrática. El PIT-CNT ha demorado a convocar un paro parcial hasta el momento en que el pescado está prácticamente vendido en el Senado. Los dirigentes de la central sindical anunciaron que no lucharían sino que en el mejor de los casos convocarían un referéndum, algo que es más que dudoso si se piensa que la bancada frenteamplista votó buena parte de la ley del gobierno.
Mientras la carestía se come el salario, y el gobierno dice que combate la inflación con un ridículo “acuerdo de contención de precios” con los grandes supermercados, se ha instalado una presión para evitar la exigencia de aumento salarial. No sólo el gobierno y las patronales sino incluso dirigentes sindicales afirman que hay que postergar el salario en función de priorizar el empleo. La rebaja salarial no generará más puestos de trabajo, por el contrario va a implicar un agravamiento de la recesión, achicando el mercado interno.
Es necesario impulsar un plan de lucha del movimiento obrero y las organizaciones sociales, que comience con un inmediato paro general de 24 horas y que prepare la huelga general, como único camino para enterrar el paquete anti-obrero de la LUC, y conquistar el ajuste de sueldos y jubilaciones, la fijación de un salario mínimo nacional de $ 40.000, un subsidio a los desempleados de $ 20.000, financiados con impuestos a las grandes fortunas, la suspensión del pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y la ruptura con el FMI.
Para impulsar esta lucha, es necesario unir a los sectores combativos de los sindicatos, de las cooperativas de vivienda, de las ollas populares, y del movimiento estudiantil, en un polo clasista que luche contra el gobierno capitalista sin subordinarse a ninguna oposición parlamentaria -cómplice e impotente- sino que apueste a la movilización popular.Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!
Por un plan de lucha para derrotar la LUC
