Recientemente se ha aprobado en nuestro país la llamada “Reforma de la Seguridad Social”. Se trata, en verdad, de una confiscación de las jubilaciones y un ataque a la clase trabajadora. Forma parte de las exigencias del FMI como mecanismo de rescate del capital en quiebra. El FMI reclama achicar el monto de las jubilaciones y alargar la edad de retiro para de esa forma, garantizar el pago de las deudas usurarias con las que somete a los países de toda nuestra región.
Para Lacalle (pero también Mujica) el aumento de la expectativa de vida de la población lleva a la quiebra al sistema de previsión estatal. Verso. La quiebra del sistema público obedece al incremento de la desocupación y del trabajo en negro. Por estas dos razones, una gran parte de los trabajadores no alcanza a reunir los requisitos para jubilarse.
La reforma aprobada significa un enorme botín para los fondos previsionales privados (AFAPS) y un salto en el robo a los trabajadores, incorporando obligatoriamente afiliación desde el primer salario las Afaps y la reducción de la tasa de reemplazo de 45% a 36%.
La jubilación es un salario que el obrero cobra en forma diferida. Los distintos gobiernos, incluidos los del Frente Amplio, han instalado que la jubilación es un gasto social que el sistema de pensiones actual ya no puede sustentar con los métodos vigentes. Por eso promueven la suba de la edad de retiro; un período mayor de aportes de los trabajadores; y una reducción del poder adquisitivo de la jubilación.
El resultado de esto es una mayor tasa de explotación de la fuerza de trabajo y un aumento de la miseria social. Al mismo tiempo, se viene disminuyendo sistemáticamente el monto de los aportes patronales a las cajas jubilatorias. Como ocurrió bajo la administración de Tabaré Vazquez donde las patronales pasaron de aportar 12% a 7,5% mientras los trabajadores aportan un 15%.
Los intentos de imponer la destrucción de la previsión social del Estado han sido respondidos con grandes huelgas y levantamientos en Nicaragua, Panamá, Argentina y otras naciones latinoamericanas y del mundo (Francia!). En momentos que se desarrolla una guerra en la que intervienen las principales potencias directa o indirectamente, y se gastan fabulosas cifras en armamento de todo tipo, las burguesías pretenden descargar los costos de esta barbarie sobre los trabajadores por medio de ataques a sus conquistas históricas.
El gobierno de Lacalle Pou es un gobierno débil, atravesado por numerosas denuncias de corrupción y con figuras de primer orden implicadas en redes de abuso sexual a menores, con divisiones internas entre los partidos de la coalición y hasta incapaz de garantizar a la población algo tan elemental como el agua potable: NO SE PUEDE PERMITIR QUE UN GOBIERNO ASÍ BARRA CON LOS DERECHOS DE LA CLASE OBRERA.
Que Lacalle pudiera avanzar con esta ofensiva se explica por la pasividad del PIT-CNT, que ha montado una escenografía opositora con paritos parciales, con el objetivo de ocultar su negativa a impulsar una movilización de masas para enterrar la reforma reaccionaria y menos aún liquidar las Afaps. La dirección del PIT-CNT es un peón subordinado a la estrategia del FA, que en resumen es esperar a las elecciones de 2024 y no “hacer olas”. Pero el FA negoció con la derecha esta reforma, con el argumento de quitar sus aspectos más negativos. En verdad estamos ante una estafa en reiteración real. Esto es lo mismo que ocurrió con el referéndum contra la LUC. Después de votarle media LUC al gobierno, con el pretexto de anular los artículos más reaccionarios operó para reducir la consulta a 135 artículos ¡Y peleó a brazo partido para que se mantuvieran los artículos que creaban la llamada “Comisión de Expertos” que dio a luz esta reforma jubilatoria! Aquellos polvos trajeron estos lodos.
Ante la inminencia de un plebiscito contra la reforma lo que tenemos es una reedición notoriamente desmejorada de aquellos “argumentos”. A su vez la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social vienen impulsando la necesidad de una campaña con eje en tres puntos: La derogación de las AFAPs, restablecer la edad de retiro en los 60 años y una jubilación mínima garantizada. Este planteo pone el dedo en la llaga, porque desnuda el compromiso de todos los gobiernos con las administradoras privadas que realizan fabulosos negocios a costa del dinero de los trabajadores. No solo la coalición derechista de Lacalle Pou conspira contra los intereses populares. Por caso, tanto Cosse como Orsi han anunciado que los fondos de las AFAPs deben ser utilizados para obras de infraestructura. Es decir, nuevos negociados para el capital financiero. Extender el campo de acción de las Afaps implica aumentar el supuesto “déficit” de la seguridad social, para beneficiar a un puñado de banqueros. Esta política va en el sentido de quitar financiamiento al BPS y las Cajas jubilatorias, y que las jubilaciones dependan únicamente de los aportes personales (y cada vez menos de los aportes del capital).
El FA ya se ha manifestado como defensor de las AFAPs y cuando gobernó no sólo las mantuvo, sino que las alentó. Ante esto los partidos que actúan en el PIT-CNT en representación de esa fuerza política han insinuado que el punto referido a la derogación de las Afaps no sea incluido en una futura campaña. Estamos ante un debate clarificador de primer orden.
Las encuestas indican que entre un 60 y 80% de las personas se opone a la reforma. La pasividad no existe. Ante cada suceso de la situación nacional las movilizaciones han surgido y son numerosas cuando no masivas: desde el 8 de marzo, pasando por el 20 de mayo, hasta las marchas en defensa del agua más recientes. El lanzamiento de la campaña de recolección de firmas está demorado no por casualidad. Gran parte del Frente Amplio y de la cúpula del PIT-CNT se opone a cualquier tipo de medida contra la reforma, incluso aunque esta sea “podada” para dejar fuera la derogación de las afaps.
Estamos entonces ante una situación contradictoria. El Partido de los Trabajadores entiende que el arma contra estas reformas, como ya ocurre en el mundo, son la movilización y la huelga general. Dicho esto, es necesario intervenir en este escenario, haciendo todos los esfuerzos por enterrar definitivamente la reforma reaccionaria del gobierno, denunciando al FA y a la burocracia que ha dejado pasar este ataque, como antes permitió la rebaja salarial. Por tanto el PT apoya decididamente las propuesta de los compañeros de ATSS y otros sindicatos, y proponemos se incluya la derogación de la Ley de Reforma de la Seguridad Social (Ley Nº 10.130). Este planteamiento tiene la virtud de evitar la dispersión de los esfuerzos en un probable escenario en el que existan dos campañas de recolección de firmas y dos papeletas, pero también, y no menos importante, revierte la modificación a la baja de las tasas de reemplazo (esto es el promedio por el que se calcula la jubilación inicial), que no está incluida en las propuesta de ATSS.
En esta etapa que se abre es más importante que nunca impulsar la independencia política de la clase obrera frente a todas las variantes burguesas -incluidas las pretendidamente “progresistas”- y poner en pie un bloque clasista y anti-burocrático en el movimiento obrero. Por un Congreso de Trabajadores que defina un programa estratégico y de reivindicaciones inmediatas dirigido al conjunto de la clase obrera, que por medio de la lucha consecuente le pare la mano a este gobierno en decadencia.
La izquierda que se reivindica clasista y revolucionaria debe agruparse con independencia del FA y en la perspectiva de la lucha por un gobierno de trabajadores y la unidad socialista de América Latina.
