Con el nombre de “nueva normalidad”, el gobierno impulsa el retorno al trabajo presencial prácticamente en todas las empresas. Esto pese a que los contagios vienen creciendo, y comienzan los fríos. El levantamiento de las restricciones a la circulación de personas, sustituidas apenas por el uso del tapabocas, es una exigencia del capital. Necesitan volver a explotar a los trabajadores para obtener ganancias.
El pretexto es la “reactivación de la economía”, pero es falso. La “recesión” se va a profundizar. La burguesía no tiene ninguna salida, sólo privaciones para el pueblo trabajador.
La “nueva normalidad” no sólo significa más riesgo de contagio. También está acompañada de la carestía de la vida, acelerada por la devaluación de la moneda, los tarifazos y los nuevos impuestos. Los despidos y envíos al seguro de paro crecen en forma exponencial, aún más que la pandemia. Los capitalistas pretenden utilizar el repliegue de la fuerza de trabajo para imponer una rebaja salarial, reducción de puestos de trabajo y liquidación de convenios colectivos.
Desde los sindicatos de base y los barrios obreros viene creciendo la resistencia contra esta guerra capitalista, con la instalación de cientos de ollas populares, de corte de calles, ocupación de terrenos para luchar por la vivienda, paros para garantizar protocolos de trabajo que eviten los contagios y para suspender toda actividad que no sea esencial en el marco del combate al coronavirus.
La cúpula del PIT-CNT y la dirección del Frente Amplio sin embargo vienen abandonando las tímidas denuncias y propuestas que realizaron al comienzo (cuarentena obligatoria, caceroleos, propuesta de un subsidio a los trabajadores informales y precarios de un salario mínimo). Se han sumado al discurso de la “nueva normalidad”, y levantan toda movilización. Defienden la política de supuesto “diálogo social” con el gobierno y las cámaras patronales. Pero la coalición derechista y el gran capital no impulsan ningún diálogo, sino una guerra contra los trabajadores. Algo evidente si se tiene en cuenta el envío de la “Ley de Urgente Consideración” al parlamento, que resume un programa reaccionario y antiobrero (más represión policial, más privatización de la educación, más limitación del derecho de huelga).
