Todo el país ha visto como el soldado Manini ha defendido en el Parlamento a militares procesados por delitos cometidos en la dictadura.
Sostiene que se violaron los derechos humanos al detener a Lawrie Rodríguez, capitán retirado y asesino de Iván Morales Generalli, un dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay. Crimen que se cometió en el marco de las operaciones de la OCOA. Siniestro organismo de la dictadura militar. Morales falleció a causa de las torturas que le infligieron, bajo el manto de instituciones estatales, lo que configura un delito de lesa humanidad, un delito que, como todos saben, no prescribe.
¿Qué reflexión cabe ante este hecho?
En primer lugar, quién debería estar preso, además del Capitán Rodríquez, es el mismo Manini, bajo el cargo de omisión de delito, cuando no comunicó a la Justicia la confesión de Gavazzo asegurando que mató a Gomensoro y lo tiró al Río Negro. Hay que destacar que la jueza Marcela Vargas y el fiscal Rodrigo Morosoli, enviaron al Parlamento un pedido de imputación a Manini para su desafuero y posterior juicio, justamente por omisión de delito. Esto acusa también al gobierno anterior, pues están todos metidos en el delito de omisión, ya que se sabe de la confesión de Gavazzo por la denuncia del periodista Leonardo Haberkorn.
En segundo lugar, podemos decir que, con este discurso, Cabildo Abierto se incorpora a los acuerdos del Club Naval, que es donde se fraguó la impunidad de los militares. Los otros partidos, el colorado, el partido Nacional y el FA, han honrado a cabalidad, durante 36 años, los acuerdos de 1984.
Por último, para responder a la pregunta de Manini, que es la misma que se hizo Mujica: “¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo de venganza? La respuesta es: Hasta que el último asesino y torturador esté preso, así tenga 99 años.
Por eso el reclamo de anular la ley de impunidad y abrir los archivos de la dictadura es una consigna absolutamente vigente.
Hace, tres años, en 2017, un tribunal alemán envió a la cárcel a un genocida nazi de 96 años, a cumplir una condena de cinco. Se trataba del ex SS y contable de Auschwitz, Oskar Gröning. El anciano asesino, no llegó a concluir la pena, pues murió a los dos años. Este hecho, habla por sí solo y constituye una crítica demoledora a la fórmula, tantas veces utilizada, y siempre atribuida a la izquierda, de ensañarse, clamando venganza, con los “viejitos”. Este, como puede observarse, era un viejito, pero no cualquier viejito, sino un viejito asesino y genocida.
Y si profundizamos un poco más, con referencia a ése “¿hasta cuándo la venganza?”, podremos observar que toda la justicia penal, está basada en la venganza, pues siempre actúa a posteriori, es decir, una vez pasados los hechos. Salvando la distancia y siglos de historia, es un ojo por ojo, más atenuado y a cargo de una institución pública, pero no deja de ser, al fin y al cabo, una suerte de resarcimiento.
No nos impulsa la vendetta personal. Sólo queremos que vayan presos como cualquier delincuente y a una cárcel común, con el objetivo final, de proceder al desmantelamiento del aparato represivo de la dictadura.
El desafío que se presenta para la clase obrera hoy, es: ¿Cómo encarar la lucha contra la impunidad de los militares?
Más de 36 años, llevamos ya, de lucha, con pocos resultados en la pizarra. Algunos oficiales presos, pero se mantiene intacto el aparato represivo de la dictadura militar. Hace unos pocos años, llegaron a cometer el robo en el Instituto de Antropología Forense, amparados en la impunidad reinante. Hoy, un integrante de ese aparato represivo está en el Senado.
La entidad referente de la lucha contra la impunidad, desde la derrota del referéndum del voto verde, es hoy por hoy, la organización Madres y Familiares. Desde los años 90 que comenzó con las Marchas del Silencio. En los últimos años, las marchas han alcanzado una masividad tal, que cada año va en aumento. Durante los tres gobiernos del FA, Madres y Familiares ha deslizado algunas tímidas críticas a la entrega de esa lucha por parte de Vázquez, Huidobro y Mujica. Pero no se ha salido de los marcos estipulados en el Club Naval. Las Marchas del Silencio, a pesar del inmenso apoyo popular, han sido un camino que no lleva a ninguna parte.
El pueblo uruguayo tiene una historia muy rica de lucha contra la impunidad, desde antes del voto verde. Ese período es el que quiero rescatar.
El período de las comisiones contra la amnistía a los militares, que surgieron como hongos después de la lluvia durante el primer gobierno de Sanguinetti. Difícil ahora, sería contarlas. Tal vez más de 120 en Montevideo. Su dirección era un plenario de comisiones, donde iban los delegados con mandato de asamblea. Las marchas eran frecuentes y multitudinarias. La consigna central de estas movilizaciones era: Juicio y Castigo, y no eran para nada silenciosas.
Cuando la movilización de estas comisiones estaba llegando al punto más alto de su trayectoria y empezaba a influir en otras organizaciones populares, amenazando extenderse y transformarse en el estandarte de la lucha por la Cárcel a los Culpables, es que surge la idea de impulsar un plebiscito, y, en ese momento hace su aparición la Comisión Pro Referéndum, impulsada por unos partidos del FA, implantando una Comisión de Notables como dirección del movimiento. Hay que destacar que, entre esos “Notables”, además de intelectuales y políticos reconocidos, había algún individuo vinculado a la pasada dictadura militar.
Se inició un proceso de copamiento de todas las comisiones, sustituyendo la legítima dirección plenaria por este aparato, con el fin de impulsar un referéndum contra la ley recién aprobada en el parlamento, y desviar hacia el terreno electoral y más inocuo, todo el esfuerzo combativo que invirtió este grupo de militantes. Este proceso de copamiento no se desarrolló sin una enconada lucha en la mayoría de las comisiones, que se extendió por casi dos años.
Finalmente se prevaleció la política del referéndum. Se relegó el método de la movilización callejera, y si hubo alguna en ese período, fue porque las bases de las comisiones lograron imponerse.
Lo que vino después, es historia más conocida. Los jefes de la Comisión Pro-Referéndum fueron los capitanes de una de las derrotas más contundentes que sobrellevó el movimiento de lucha contra la impunidad.
Es necesario romper con la extrema dulzura Club-Navalista, que ha hecho estragos en la izquierda uruguaya y retomar el camino iniciado por aquellas comisiones contra La Amnistía incorporando la batería pesada del movimiento obrero, única clase social que encaró la lucha contra el golpe militar con el método de la Huelga General.
Anulación de la ley de Impunidad
Apertura de los archivos de la dictadura.
Juicio y Castigo: Cárcel a los culpables de los crímenes de la dictadura
