Estamos ante un Congreso que no fue precedido por la discusión desde las asambleas de base, en el cual las principales corrientes han consensuado un documento que sostiene una estrategia de subordinación al gobierno. Parece existir un gran apuro en terminar este Congreso sin debates y sin que el conjunto de los afiliados conozca siquiera qué se discute.
Desde el gobierno nos decían que la crisis no iba a afectar a nuestro país, y ahora vemos cómo se producen envíos al seguro de paro, despidos, cierre de empresas, cae la producción industrial y la construcción, caen las exportaciones, caen los precios de las materias primas.
Durante el boom de precios de la soja, la carne, la celulosa, la madera, y otras materias primas, los grandes terratenientes, los banqueros y las corporaciones que monopolizan el comercio exterior tuvieron ganancias fabulosas. Los trabajadores no participamos de esa fiesta, pero ahora nos quieren hacer pagar los platos rotos.
Los gobiernos cambian, pero los intereses económicos que determinan su política siguen siendo los mismos. Esos mismos intereses impulsan las privatizaciones y las PPP, los tratados de protección a los capitales extranjeros, los TLC y los TISA, la precariedad laboral, los bajos salarios, de manera de asegurar que los empresarios sigan teniendo grandes ganancias.
El gobierno ha cedido ante las cámaras patronales y está dispuesto a rediscutir la ley de negociación colectiva. Los patrones quieren prohibir las ocupaciones de lugares de trabajo, y eliminar la ultra actividad de los convenios colectivos, que permiten que sus cláusulas se mantengan vigentes aunque el convenio haya vencido. Quieren que la negociación sea en cada empresa para debilitar a los sindicatos. El objetivo es bajar los salarios y eliminar conquistas históricas del movimiento sindical.
Desde el Banco Mundial impulsan la privatización de la enseñanza. Decimos no al llamado voucher educativo, y no a los liceos de financiamiento público y gestión privada. Se quiere imitar el modelo chileno privatizador, justamente cuando ese modelo está en crisis y enfrenta la rebelión de los estudiantes. Decimos con claridad: ¡a la enseñanza la defiende el pueblo! No vamos a dejar que avance la privatización, ni vamos a aceptar la rebaja de los contenidos ni de la calidad de la educación para los hijos de los trabajadores. Vamos a pelear por un aumento del presupuesto para las escuelas, liceos, formación docente, universidad del trabajo, y alcanzar como mínimo un 6% del PBI para la ANEP y la UDELAR.
Reiteramos nuestro compromiso por la Verdad y la Justicia. Saludamos la lucha de los Familiares de Desaparecidos, y rechazamos los fallos de la Suprema Corte de Injusticia que amparan a los violadores de derechos humanos. También repudiamos las declaraciones del ministro de Defensa Fernández Huidobro, cuya permanencia en el gobierno es una afrenta para los trabajadores y ciudadanos que exigimos el fin de la impunidad y el castigo a los culpables de crímenes bajo el terrorismo de Estado.
Continuamos en la lucha por un Sistema de Salud Público y Estatal, que considere a la Salud como un derecho humano, y no una mercancía con la que lucran las empresas y accesible sólo a quienes pueden pagarla.
El salario mínimo es apenas una sexta parte del costo de la Canasta Familiar, mientras que los sueldos de los gobernantes son principescos. ¿Por qué no tratan de vivir ellos con el salario mínimo de diez mil pesos? Saludamos a los sindicatos que exigen un piso salarial de 10 BPC, que equivale aproximadamente a media canasta familiar (aproximadamente 30.000 pesos). Esta es una bandera que debe unir a todo el movimiento obrero en una movilización común.
El presupuesto estatal está financiado por los trabajadores a través del IRPF y de los impuestos indirectos como el IVA. Las empresas, los bancos, pagan cada vez menos. Las multinacionales se instalan en zonas francas, donde no pagan un peso de impuestos. ¿Dónde quedó la promesa de que pague más el que tiene más? Eliminar los impuestos a los productos de la canasta familiar y los impuestos al salario, que paguen las grandes empresas, los latifundistas y los banqueros.
Desde el gobierno se ha anunciado la posibilidad de recurrir nuevamente a los decretos de “esencialidad”, violando el derecho a la huelga. Frente a esta amenaza, el movimiento obrero debe resolver que frente a cualquier medida que atente contra este derecho apelaremos a un plan de lucha consecuente e incluso a la huelga general.
Nuestros representantes sindicales han de mostrar un compromiso ético, nuestro PIT-CNT no puede ni debe permitir que se repitan los hechos que llevaron al procesamiento de representantes sindicales causando descreimiento en la herramienta sindical.
Necesitamos sindicatos y un PIT-CNT independientes del gobierno. Algunas corrientes pretenden eliminar la Mesa Representativa basada en sindicatos, e instaurar una central sindical con dirigentes inamovibles –que sean electos por el Congreso y no puedan ser revocados por sus sindicatos. Defendemos el criterio histórico de que la dirección política del movimiento sindical es la Mesa Representativa, y no el Secretariado ni los Coordinadores, que debe estar integrada por todos los sindicatos que participen en el PIT-CNT, con el criterio de “un sindicato, un voto”.
Llamamos a unir fuerzas entre sindicatos, agrupaciones y militantes sindicales, para luchar por la independencia política del PIT-CNT. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!
Unión de Funcionarios del CODICEN (U.F.C.)
Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria (A.T.E.S.)
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