Hoy se conmemoran tres años de la declaración de esencialidad de los servicios educativos, es decir, la prohibición de la huelga por parte del Gobierno. Este decreto fue firmado por el presidente Tabaré Vázquez y su Consejo de Ministros, en particular el Ministro de Trabajo, Murro y la Ministra de Educación, María Julia Muñoz.
El objetivo de este decreto era colocar un freno al desarrollo de las luchas, cuya plataforma trascendió las reivindicaciones económicas, apuntando directamente a la defensa del FA de los intereses capitalistas. Intensas jornadas de paros y huelgas en sindicatos de trabajadores de la educación a nivel nacional y en Montevideo, movilizaciones junto a la FEUU y otros gremios estudiantiles, ocupaciones de centros de estudios, asambleas masivas, defendían la educación pública de su vaciamiento y privatización.
La respuesta de los trabajadores y estudiantes a la ofensiva del gobierno, fue contundente: lejos de retroceder frente al chantaje de la burocracia sindical (“levantar al mismo tiempo las medidas y el decreto”) todas las asambleas profundizaron el conflicto, ocupando cientos de liceos, escuelas y escuelas técnicas, protagonizando marchas masivas, reafirmando la huelga.
El gobierno demostró que no iba a dudar en aplicar medidas represivas contra los luchadores, confirmando este accionar con el violento desalojo del CODICEN, que arrojó detenidos y una docena de procesados (entre ellos compañeros del PT, del SUATT, de Ades Montevideo, CEIPA, etc.)
Una vez más, primó la política de aislamiento de la burocracia, colaborando con la derrota de este enorme conflicto, dejando una conclusión indudable: los trabajadores debían recuperar sus sindicatos, para que el PIT-CNT rompiera con el gobierno.
A nivel político, quedó claro para los docentes que el FA no representaba los intereses de los trabajadores, sino los de las patronales, los capitalistas y los organismos internacionales de crédito, se hizo evidente su proceso de agotamiento frente a la crisis capitalista.
Nuevamente, este 24 de agosto, el Partido de los Trabajadores repudia el decreto de prohibición de la huelga, continuación de la política represiva a nivel estatal. De igual manera, reclama justicia por Morroni y Facal, asesinados por el gobierno de Lacalle hace 24 años, convocando a la Marcha del Filtro.
Partido de los Trabajadores
24 de agosto 2018
