Por Gustavo Páez
La connivencia del Ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, con la Suprema Corte de Justicia, en la defensa de los milicos torturadores y asesinos, es alevosa. No conforme con el resultado de las acciones conjuntas para remover a la jueza Mota y la fundamentación común de la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de Caducidad, ahora se dedica a respaldar los fundamentos de la Corte.
Huidobro ha salido a la prensa a defenderse argumentando que las únicas desavenencias que tuvo con Mota fueron por la búsqueda de los restos del avión de Air Class, MENTIRA. Huidobro inter vino directamente en la defensa del militar Dalmao, procesado por Mota. Negó a la justicia la toma de registros fotográficos en el cuartel del 14, ordenado por Mota, en la investigación de la presencia de enterramientos clandestinos de desaparecidos. Fue junto a Mujica operador directo de la remoción de Mota. Estos dos “viejos tupamaros” manejan la política en forma conspirativa contra los reclamos democráticos, manteniendo un pacto de honor con sus carceleros.
La otra pata de esta alianza es la argumentación en contra de la ley interpretativa votada por la bancada frenteamplista, en el marco de negociaciones y transacciones, cuyo objetivo era tapar las huellas del delito. La complicidad del Frente Amplio en la mantención de la impunidad.
Durante años la dirección del Frente Amplio se negó a desarrollar un movimiento de lucha serio para derrotar la impunidad, garantizando la letra no escrita del Pacto del Club Naval. Durante el gobierno de Vázquez se negó a anular la ley de impunidad en el Parlamento. Huidobro fue un consecuente defensor de la impunidad argumentando en los congresos del FA contra la posibilidad de incorporar este punto en el plan de gobierno.
Ante la negativa del Frente Amplio de anular la ley de impunidad, surgió un movimiento para plebiscitar su vigencia, que contó con gran militancia de base y el sabotaje de los principales dirigentes del Frente Amplio. Mujica, el candidato a presidente, nunca mencionó la campaña en sus actos, y fue notorio que sectores del Frente Amplio no ensobraron la papeleta rosada.
Estamos al final de un proceso dirigido por los jefes del Frente Amplio con la aprobación de los mandos y militares violadores de los derechos humanos.
La Suprema Corte de Justicia, con el aplauso unánime de Batlle, Lacalle y Sanguinetti declara inconstitucional una ley interpretativa de una ley que en el año 2009 fue declarada inconstitucional, una aberración, además de negar el carácter de delitos de lesa humanidad a los crímenes de la dictadura.
Para reventar el “punto final” es necesario impulsar un plan de lucha y movilización popular contra los dirigentes y partidos políticos del régimen, y contra los organismos del estado que impulsan la libertad a los genocidas.
Muchos sindicatos han repudiado la decisión de la SCJ, hay que reclamar un paro general y un plan de lucha para enterrar la impunidad.
Fuera Huidobro y la Suprema Corte de Justicia
