La lucha contra la megaminería acaba de obtener un gran triunfo. Un recurso presentado por el periodista Victor Bacchetta del movimiento “Uruguay Libre”, demandando que el Ministerio de Industria entregara toda la documentación presentada por Zamin Ferrous (Aratirí), acaba de ser acogido por un tribuna en segunda instancia –luego que el gobierno apelara el fallo judicial de primera instancia. El gobierno pretendía mantener en secreto toda la información, afirmando que formaba parte del secreto comercial, en abierta violación de la legislación.
Zamin Ferrous ya no tiene posibilidad alguna de operar las minas para explotar el hierro uruguayo: el precio de la tonelada del mineral ha caído hasta hacer totalmente inviable el proyecto. En todo el mundo están cerrando minas de pequeño porte y baja concentración del mineral, mientras las minas mayores aumentan la producción para mantener su ganancia y copar el mercado. La perspectiva es una caída incluso mayor de los precios, lo que coloca a varias de estas empresas al borde de la quiebra.
Zamin Ferrous enfrenta diversos juicios en Brasil. Por ejemplo, el Ministerio Público del Estado de Amapá presentó una demanda por efectos ambientales negativos contra una empresa contralada por Zamin. Reclama la retención de sus bienes y el bloqueo de cuentas bancarias por 200 millones de dólares, para indemnizar y resarcir a pobladores de ese Estado por la contaminación provocada por las mineras.
Por otro lado, la empresa minera está embarcada en una dura batalla legal por US$ 220 millones con Eurasian Resources Group (ERG) por la propiedad de una mina en Brasil. Zamin demandó a ERG por US$ 220 millones por no pagar la última cuota a la que se habría comprometido para comprar la parte del grupo de capitales indios en un yacimiento ubicado en el estado de Bahía. ERG había aceptado pagar US$ 1.000 millones cuando se cumplieran cierta condiciones como la obtención de un permiso para operar un puerto, considerado esencial para embarcar el hierro. El trasfondo de esta disputa es la crisis capitalista internacional, del que la caída del precio del hierro es una manifestación.
Si Zamin Ferrous no operará ninguna mina en Uruguay, seguramente muchos se pregunten por qué el gobierno sigue en tratativas con la empresa, y extendió el plazo para firmar el contrato hasta fines de febrero. Zamin intenta a esta altura salir de este negocio cobrando algo al Estado uruguayo a cambio de la información que tiene. Según la empresa invirtió 200 millones de dólares, una cifra totalmente inflada, por la cual buscarán algún ‘resarcimiento’ de parte del Estado.
El gobierno ha tenido que reconocer que construyó la planta regasificadora de Puntas de Sayago en función de las necesidades de esta empresa privada, y no de las necesidades energéticas del país. Ahora que se cayó el negocio de Aratirí, el presidente de la UTE ha salido a vender “puerta a puerta” energía en los países vecinos, dado que con la regasificadora funcionando Uruguay tendrá capacidad ociosa para producir energía. Toda una estafa, en un país en el cual el gobierno siempre asegura que “no hay dinero” para mantener una aerolínea estatal (y pierde millones de dólares saliendo de garante a una empresa privada en la compra de aviones) o que no hay recursos para reflotar el ferrocarril público (pero hay sí dinero para construir una planta regasificadora al servicio de la megaminería contaminante).
La lucha contra la minería a cielo abierto ha obtenido un triunfo, pero no hay que confiarse. Sigamos la lucha para que no se firme el contrato. Llamamos a seguir recolectando firmas para prohibir la megaminería, a no bajar los brazos y a mantener la movilización popular. Ninguna indemnización ni pago a Zamin Ferrous! Que se vaya Aratirí! Por otra parte, si hay exceso de capacidad para producir energía, y encima bajaron los combustibles, que bajen de una vez el costo de la energía para los hogares obreros. El mantenimiento de las tarifas es un fiscalazo contra la clase obrera.
