El traslado de la jueza Mariana Mota del ámbito penal al civil fue denunciada por las organizaciones de Derechos Humanos y el PIT-CNT como un golpe a la justicia y un paso más hacia la impunidad para los crímenes de lesa humanidad. La jueza Mota estaba a cargo de 55 causas contra genocidas y represores. Los representantes de los centros militares y la derecha más reaccionaria festejaron el traslado.
La fundamentación de la Corte fue cantinflesca: por un lado dicen que el traslado es el resultado de varias advertencias y “tarjetas amarillas” que habrían sacado a la jueza. Por el otro, lo pretenden presentar como un “premio”. Esto revela tanto la mala conciencia de los ministros de la SCJ, como el hecho de que están haciendo un mandado político.
La jueza Mota también tenía a cargo la investigación en torno al desaparecido avión de Air Class. En este caso había chocado con el Ministro Fernández Huidobro por la negativa de este a continuar la búsqueda. También el ministro de Defensa había desacatado una orden de la jueza en una investigación sobre violaciones a los derechos humanos. Trasladar a la jueza implicaría enlentecer por años todas estas causas.
Al mismo tiempo se ha informado que la SCJ estaría por fallar a favor de la inconstitucionalidad de la ley que declara imprescriptibles los delitos de la dictadura. Una decisión que implica enterrar todas las investigaciones y la posibilidad de castigar a los genocidas.
El traslado de la jueza Mota no es un hecho aislado, sino parte de un nuevo intento de poner “Punto Final” a la lucha por el juicio y castigo a los responsables de un genocidio. La jueza Mota había sido criticada al hacer declaraciones que denunciaban la política de derechos humanos del gobierno, en particular el hecho de que Mujica y Fernández Huidobro no impulsaban la investigación, el esclarecimiento y el castigo de los crímenes de lesa humanidad. Hay que recordar que Tabaré Vázquez, Mujica y Astori fueron contrarios a la anulación de la ley de impunidad, le dieron la espalda a la campaña de la papeleta rosada que logró 1:105.000 votos pese al sabotaje de los líderes del FA, e incluso presionaron a la bancada frenteamplista para vetar la llamada “Ley Interpretativa”, cosa que hicieron a través de su títere Semproni. No hay que olvidar tampoco las declaraciones de Mujica en cuanto a liberar a los que llamó “viejitos”, es decir, los Goyo Álvarez, Gavazzo, y demás criminales responsables de violaciones, secuestros, torturas y asesinatos.
La única conclusión posible es que el gobierno de Frente Amplio, junto a los ministros de la Suprema Corte, prepara el “Punto Final”.
La represión que llevó adelante el gobierno en la sede judicial fue repudiada por el Partido Comunista, así como el traslado de la jueza Mota. La pregunta que cabe es entonces qué hace el PCU en el gabinete ministerial de un gobierno que reprime a las organizaciones de derechos humanos y a los sindicatos que reclaman verdad y justicia.
Saludamos la pronta respuesta de las organizaciones que convocaron a la protesta en la Corte, y llamamos a darle continuidad a la movilización popular, única garantía para quebrar la política de impunidad.
Que el PIT-CNT convoque a un gran paro general y a una manifestación de masas, junto a las organizaciones de derechos humanos, para parar el “Punto Final”. Restitución de la jueza Mota a su anterior puesto. Que se vayan los ministros de la SCJ. Abajo el pacto de la impunidad. Anulación definitiva de la ley de caducidad. Juicio y cárcel común a todos los responsables de crímenes y torturas.
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES
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099 553 220 Rafael Fernández
