“La información dada por (el procurador general de justicia) la hubieran podido revelar ‘incluso hace unos diez días’, pero ‘la han venido prolongando’ como si fuera un teatro” (La Jornada, 8/11), denunciaron los normalistas de Ayotzinapa, al conocerse un informe de la Procuraduría General de la República que –en base a las declaraciones de tres integrantes de un cartel recientemente detenidos- esclarecería lo ocurrido con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
De acuerdo al informe, después de ser entregados por la policía de Iguala, un grupo de narcos de Guerreros Unidos habría trasladado a los estudiantes en un camión a un centro de basura próximo a la ciudad. Quince estudiantes habrían llegado muertos por asfixia. El resto habría sido acribillado a balazos en el suelo, y arrojados posteriormente al fondo de un vertedero, donde habrían sido quemados mientras algunos permanecían inconscientes. La fogata se habría prolongado durante 14 horas, y los restos calcinados habrían sido arrojados al río San Juan.
El informe aparece en el preciso momento en que las protestas empiezan a reclamar la renuncia del presidente Peña Nieto, y casi en simultáneo con una nueva jornada internacional por la aparición con vida, que incluyó 120 mil personas movilizadas en el Distrito Federal, nuevas huelgas estudiantiles, y piquetes y ocupación de edificios municipales en el estado de Guerrero.
Reacciones
El estado de calcinación de los cuerpos hace difícil la extracción de ADN para su identificación, por lo que la propia Procuraduría ha debido admitir que los 43 estudiantes continúan desaparecidos. Julio González, padre de uno de los estudiantes, dijo -en alusión a las innumerables versiones que han circulado- que “(estamos) cansados de que el procurador nos mate a los muchachos, ya no los han matado en varios lugares y de varias maneras” (ídem, 8/11).
Los familiares le han exigido a Peña Nieto que suspenda su gira por China y Australia, y que renuncie si no puede hallar a los estudiantes. “(Los familiares) no aceptarán la versión de que sus hijos fueron asesinados, sino hasta que lo diga el equipo de forenses argentinos que también estudia el caso”. (Página 12, 8/11).
Los normalistas de Ayotzinapa, que escucharon con consternación, rabia y lágrimas en los ojos el informe televisado de la Procuraduría, rechazaron también el informe. Amnistía Internacional ha denunciado que las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales “han sido limitadas e incompletas”.
La desconfianza en el régimen es una actitud madura ante un Estado que es responsable de las desapariciones, y que intentó en su momento enlodar a las víctimas, asegurando que los estudiantes desaparecidos podían estar ligados al narcotráfico y al crimen organizado.
La detención (y el posterior “suicidio”) del alcalde de Iguala, hombre del PRD que es uno de los instigadores de las desapariciones, se suma a la renuncia del gobernador de Guerrero y a los más de 70 policías y narcos detenidos. Pareciera que desde las más altas esferas del poder político mexicano se busca crear un cordón sanitario sobre los mayores responsables políticos, y poner fin cuanto antes a la crisis política y la inmensa movilización popular y consternación que atraviesa el país.
Exigimos justicia y el esclarecimiento de las desapariciones de los activistas de Ayotzinapa, cuyo ejemplo de vida y de lucha ofrece un porvenir para la humanidad que contrasta con la putrefacción y barbarie que nos ofrecen el capital y sus sicarios.
