Con bombos y platillos en diversos medios de prensa se ha anunciado la habilitación para que se puedan realizar diversas transacciones relacionadas a cuentas del Banco de la República, a través de locales privados de cobranza (Abitab). El gobierno, la prensa, el directorio del Banco y la burocracia sindical, todos unidos aplauden el proyecto mientras hablan de lo maravilloso que será el porvenir y las facilidades que supuestamente obtendrán los clientes mediante esta nueva operativa, en la cual los 500 Abitab que hay en todo el país se transformarán en “mini-sucursales” del Banco.
Este proceso se enmarca dentro del largo proceso privatizador que vienen llevando adelante los sucesivos gobiernos del FA. La ley de inclusión financiera y la visión de un “nuevo” Banco República de aquí al año 2020 están cambiando rápidamente la fisionomía del sistema financiero en general y del BROU en particular. Dicha ley y sus efectos liberalizadores del mercado abren espacio a una competencia mayor de los Bancos y de los llamados “nuevos sectores” que concretamente son las financieras (muchas de ellas dependientes de los propios bancos privados) y ahora también las empresas como Abitab y Red Pagos. En este marco de nuevas reglas del juego, el Banco de la República, con su posición dominante en el mercado, viéndolo con una visión de búsqueda de ganancias, podría competir e incluso aumentar su ventaja frente a los privados. Pero esa no es la intención. Ante la aparición de nuevas posibilidades de negocio y de nuevos competidores, desde las altas esferas políticas se ha decidido que el BROU debe ir cediendo espacios a la iniciativa privada para cumplir los mandados de los organismos internacionales de crédito y de los grandes capitales. Así, en un marco de competencia, el BROU no sale a ganar sino que implementa políticas de achique y de contención del gasto; lo cual lo lleva a ir perdiendo terreno día a día, ante lo cual nos perjudicamos trabajadores y usuarios, mientras los empresarios se hacen de fabulosas ganancias.
Impacto en trabajadores y usuarios
Una de las políticas adoptadas ha sido la de transformar numerosas sucursales del interior del país en “microbancas”. Esto implica que las mismas ven reducida su dotación de personal y que además pierden cargos en la estructura jerárquica, pasando a no tener gerentes y a depender de alguna otra sucursal “madre”. El impacto se mide desde varios ángulos. En primer lugar, al no haber gerente, muchos negocios y operaciones no pueden realizarse en dicha dependencia lo cual obliga a los clientes a trasladarse a la dependencia madre para realizar operaciones que antes realizaba normalmente allí (por ejemplo, de Solís de Mataojo a Minas). Además, al reducir la dotación de funcionarios el ritmo de trabajo se ve resentido. Hay menos funcionarios pero la operativa diaria no se ve reducida en la misma medida, lo cual implica mayores demoras, peor atención, estrés y enfermedades psicológicas en los funcionarios que ni siquiera pueden ir al baño y reciben el maltrato de los clientes, etc.
Algunas de estas microbancas además están operando solo dos o tres veces por semana, y en varias se eliminaron las cajas (lo que también ocurre en dependencias “comunes” de forma cada vez mayor).
Se brinda un servicio cada vez peor, echando a los clientes del Banco hacia los llamados “canales alternativos” y a operar directamente en empresas privadas, mientras se sobrecarga a un personal cada vez más reducido, que se ve obligado día a día a realizar horas extras sin pago y se corta la carrera administrativa, mediante la eliminación de cargos en las dependencias que se convirtieron en microbancas y mediante la creación de nuevos cargos que reemplazan a otros cargos ya existentes, pero por mucho menos dinero y con peores condiciones de trabajo (por ejemplo, se creó el cargo de ejecutivo de negocios asistente, que realiza las mismas tareas que un ejecutivo de negocio cobrando $ 12.000 menos y viéndose obligados a trabajar en los días y horarios que le designe su superior jerárquico, incluyendo fines de semana y feriados). Todo esto, sumado al no llenado y la eliminación de una buena parte de las vacantes que se generan mediante la jubilación y renuncia de compañeros; lleva a un “BROU 2020” con la mitad de la plantilla actual, un Banco que echa a los clientes comunes (es decir, trabajadores) y los alienta a operar con la oferta privada del mercado o conformarse con un cajero automático o una plataforma en internet y que solo busca ser el sostén y garante de proyectos que históricamente han sido sostenidos por el Banco de la República: los Fripur, los Pluna, los Buquebus, etc. Para ellos no hay achique ni peores condiciones, por el contrario, se generan equipos especiales de compañeros para atender sus necesidades en cualquier momento.
Dado que todo esto cuenta con el aval y el apoyo de la burocracia sindical, necesitamos poner en pie una alternativa unificadora de quienes defendemos al Banco y a sus trabajadores, para dar la pelea en todos los frentes, contra la burocracia sindical para devolver la herramienta a sus legítimos dueños, y contra el gobierno privatizador y precarizador.
