Natalia Leiva – Javier Iglesias
Desde que el FA asumió su primer gobierno, han pululado las políticas focalizadas, los planes que financian a ONG’s y otros organismos, los planes de precarización educativa (académica y presupuestal), pero en este tercer gobierno, la apuesta es profundizar y desarrollar reformas de corte estructural, con un claro objetivo privatizador y de rebaja de contenidos. Las fórmulas son diversas (algunas están siendo aplicadas desde hace años): programas educativos especiales, donaciones de privados a instituciones públicas, apoyo al modelo del Liceo Jubilar y el su contraparte “sindical” el liceo FOEB, recortes presupuestales en diversas áreas, privatización de sectores administrativos y de limpieza, etc.
La permanente insistencia en el discurso en defensa de la educación privada (a instancias de la clase capitalista) y sus ventajas se ha transformado en una moda-negocio, presente en la campaña electoral, en las reuniones empresariales y permanentemente en los diferentes medios de comunicación. El ala “astorista” de la burocracia sindical ha sentido la necesidad de alinearse abiertamente detrás de la privatización, anunciando la próxima puesta en marcha del liceo de la FOEB que desconoce las resoluciones de los sindicatos de la educación y del propio PIT-CNT, que respondió con una serie de declaraciones en contra de este planteo (lo que demuestra una clara división en el seno de la propia burocracia).
No es una sorpresa que Richard Read no defienda la educación pública estatal, claras muestras de ello dio en 2013 cuando, junto al resto de la burocracia sindical, hicieron lo posible para respaldar al gobierno en contra de los trabajadores en lucha, aislando a los sindicatos.
Ahora plantean Read y sus secuaces este “liceo obrero”, que encaja perfectamente con el voucher educativo propuesto por Vázquez y el proyecto de montar durante su mandato un FONASA Educativo, que no es otra cosa que el drenaje de presupuesto público hacia instituciones educativas privadas, tal y como ocurre hoy con la salud, obra de su primer gobierno y con María Muñoz de ministra. La base del FONASA es que tanto la salud como la educación son servicios, que indistintamente pueden ser vendidos a la población por agentes privados o públicos, quienes compiten por un lugar en el mercado.
Consideramos que el único “liceo obrero” es el liceo público estatal, laico, gratuito, universal, autónomo y cogobernado, que garantice, a través de un presupuesto acorde a las necesidades, el acceso de todos los hijos de los trabajadores a una educación integral.
En el marco de un continuado proceso de pauperización académica (presente en las políticas educativas de los sucesivos gobiernos desde la década de los 90’), el actual subsecretario del Ministerio de Educación, Filgueira, sostiene que los contenidos de cada asignatura no son importantes, sino generar sentimientos de pertenencia y fomentar la “inclusión” (como si fuese posible separar a la educación de un sistema capitalista en proceso de senilidad), así como fomentar “habilidades y competencias”, es decir, leer, escribir y las operaciones básicas. Educación barata, para generar una mano de obra barata. Evidentemente, en los colegios privados no se van a aplicar estos novedosos (o mejor dicho “noventosos”) ejes de formación.
Otro objetivo fundamental es bajar los índices de repetición. Y ahora encontramos el meollo del asunto: los préstamos y acuerdos extranjeros que se firman con organismos internacionales como la OCDE y el BID, solo son otorgados si se cumplen con ciertos requerimientos respecto a pasaje de grado y abandono escolar. Esos organismos son los que diagnostican la enfermedad, el recetan el medicamento y lo venden; siendo los responsables detrás de las reformas educativas en toda América Latina durante la década de los 90’ y en este período.
Evidentemente, bajar los índices de repetición generarían para el gobierno no sólo la posibilidad de acceso a préstamos internacionales; además permitiría un enorme ahorro presupuestal, dado que según cifras oficiales en torno al 35% de los estudiantes repiten algún curso en Ciclo Básico. Se produce un ajuste presupuestal en base a una política educativa que permita a los estudiantes completar el liceo o la UTU, en base a rebajar el nivel de exigencia y eliminar la repetición, ahorrando en salarios, infraestructura, materiales didácticos, etc.
Nada de esto puede ser posible sin violentar la autonomía de los desconcentrados, a través de interpretaciones de la ley de educación que permitieran que el Poder ejecutivo incida directamente en lo que hasta el momento han sido competencia del CODICEN y de los diferentes subsistemas (como habían anticipado los sindicatos de la educación).
En este 2015, nos espera un embate aún más fuerte de los procesos de privatización, de recorte presupuestal y entrega a los capitalistas de la educación pública, así como de regimentación de los sindicatos. El fortalecer las herramientas sindicales, unificando las luchas bajo un programa general, es la única alternativa que permitirá a los trabajadores generar las condiciones necesarias para vencer.
