Desde la creación en 2015 de la Comisión por Verdad y justicia, una reedición de la comisión para la paz impulsada por T. Vazquez, muy pocos han sido los avances en cuanto a investigaciones y la búsqueda de detenidos desaparecidos por la dictadura. De las 240 denuncias ingresadas a la secretaria por los DDHH solo se han hallado los restos de 4 compañeros, detenidos desaparecidos.
Según la prensa hay 164 causas judiciales abiertas, en unas 10 causas se ha dictado procesamiento y van camino a tener sentencia, a la vez que 68 expedientes han sido archivados por la justicia. Y solo un puñado de represores están presos en la cárcel VIP de D. Arenas.
A esto se suma que existen más de 400 torturadores denunciados por las organizaciones de DDHH dejando en evidencia la política del Estado y del gobierno del FA con la impunidad
Las recientes declaraciones del General retirado Raúl Mermot sobre la diferencia entre los “apremios físicos” y tortura, queriéndose exculpar a si mismo y a muchos otros torturadores, planteando que solamente “hubo excesos” muestran la complicidad de los mandos militares con los represores y la continuidad del aparato represivo de la dictadura.
Cada 18 de mayo escuchamos a los jefes militares de este gobierno, a los Manini Ríos, defender sus privilegios, con fuertes discursos patrióticos, que lo único que hacen es defender la integridad el aparato represivo y la impunidad
El no esclarecimiento al robo y atentado al centro de investigaciones antropológicas de la facultad (GIAF), que concentraba la información de los restos de desaparecidos, ha sido otra clara muestra de la vigencia operativa de los servicios y la complicidad del ministerio del interior y la policía con estos.
Todos lo poderes del Estado ‘democratico’ son responsables de mantener el aparato represivo. Los genocidas actuaron para defender los intereses del imperialismo y el gran capital, impulsores del golpe de Estado. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno mantuvo la ley de caducidad y se negó a impulsar una investigación desde el Estado para castigar a los criminales. Dejó solas a las víctimas y los familiares denunciantes. Obstaculizó a los propios jueces y fiscales y hasta persiguió a la jueza Motta.
La gran victoria popular, que impuso la gigantesca movilización contra el 2×1 en Argentina, y que determinó un revés político a los criminales de la dictadura, marca el camino para derrotar la impunidad . Esta situación nada tiene de lejano a lo que planteó el ex presidente y senador José Mujica, en cuanto a que no quería tener “viejitos presos” y a las claras definiciones de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia; así como el bloqueo de las excavaciones y los ataques a las organizaciones de DDHH por parte de Huidobro. Una linea de complicidad y de reconciliación con los represores, anclada al pacto del Club Naval y los grandes pactos que hasta hoy defienden todos los partidos capitalistas. Necesitamos preparar una gigantesca movilización que vuelva a colocar la lucha contra la impunidad en el centro de las reivindicaciones, junto a la lucha de los trabajadores, y la juventud.
Pocos manejan o tienen acceso a los archivos de la dictadura encontrados en la casa del militar Castiglioni, entregados a la ex Ministra del Azucena Berrutti, entre otros.
Es necesario la apertura inmediata de todos los archivos de la dictadura y su entrega a las organizaciones de DDHH y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado; así como la celeridad en los juicios contra todos los responsables (civiles y militares), de las violaciones de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura.
El Partido de los Trabajadores saluda esta nueva gran movilización del 20 de mayo y llama a redoblar la lucha contra la impunidad, por la verdad sobre las cientos de compañeros detenidos desaparecidos, y víctimas del terrorismos de Estado, y por el juicio y castigo a todos los genocidas culpables de violaciones de los DDHH durante la dictadura.
APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS
BASTA DE ENCUBRIR A LOS SERVICIOS, ESCLARECIMIENTO DEL ATAQUE AL GIAF
ANULACIÓN INMEDIATA DE LA LEY DE IMPUNIDAD
JUICIO Y CÁRCEL COMÚN A LOS GENOCIDAS, TORTURADORES Y RESPONSABLES CIVILES Y MILITARES DE VIOLACIONES A LOS DDHH DURANTE LA DICTADURA
