Por una alternativa política de la clase obrera
Las próximas elecciones de Octubre se producen en un contexto nacional e internacional de finalización del llamado “ciclo progresista”. Es necesario recordar sin embargo que el ascenso del Frente Amplio fue a su vez el resultado de la crisis mundial, y del hundimiento de los partidos tradicionales de la burguesía. En toda América Latina, los procesos nacionalistas o centro-izquierdistas emergieron a partir del estallido de la crisis económica y política, en muchos casos con la caída de los gobiernos a consecuencia de grandes rebeliones populares. El ascenso del Frente Amplio tiene similitudes con el proceso del “lulismo” en Brasil. Ambos movimientos integraron el “Foro de San Pablo”, impulsando un giro cada vez más proimperialista para la izquierda latinoamericana, anudando cada vez más acuerdos con el capital financiero internacional, que les dio su aval para acceder al poder. El FA contribuyó a contener y desmovilizar a su base social y electoral, evitando la caída del gobierno de Jorge Batlle. Lula, por su parte, firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluso antes de alcanzar el gobierno.
El ciclo frenteamplista llega a su fin también como resultado de la crisis mundial. Ha quedado atrás el relativo reanimamiento de la economía como consecuencia de la demanda china sobre las materias primas y alimentos. El enorme endeudamiento estatal (Uruguay tiene la deuda per cápita más alta de toda América Latina) y el creciente déficit fiscal, muestran la reversión de esta tendencia, así como la caída de los precios de los productos de exportación.
El malestar popular con el Frente Amplio no se traduce en un ascenso de la derecha, cuyo fracaso provocó el triunfo del FA en el período anterior. La oposición de blancos, colorados y otros partidos de derecha o centro-derecha, está atomizada y carece de un eje de aglutinamiento. Lacalle y Sanguinetti postulan la necesidad de un gobierno de coalición de varios partidos, pero eso no implica un gobierno fuerte, ni mucho menos que sea capaz de abrir una salida. Son los partidos que aplaudieron a Macri, que fracasa estrepitosamente en la vecina orilla, luego de haber aumentado la pobreza, la inflación, el endeudamiento estatal y la fuga de capitales. No es casual que esta oposición derechista no genere el menor entusiasmo. Pese a la desmoralización provocada por el Frente Amplio, un gran sector popular repudia cualquier retorno a los partidos neoliberales y corruptos que nos gobernaron anteriormente.
El agravamiento de la crisis capitalista ha conducido a la bancarrota de los Estados (endeudados para salvar a los banqueros) y a la agudización de las guerras comerciales por el control del mercado mundial. Este cuadro de descomposición económica y política no debe confundirse con un nuevo ciclo derechista o neoliberal. Todos los gobiernos surgidos recientemente están atravesados por fuertes contradicciones y crisis, desde Trump a Erdogan, desde Bolsonaro a Macron. Está abierto un nuevo período de lucha entre las clases, donde los capitalistas buscan descargar su crisis sobre las espaldas de los trabajadores, y genera la respuesta activa de los explotados. En esta guerra entre clases, la burguesía no tiene nada para ofrecer salvo más privaciones y miseria, como lo revelan tanto las reformas laborales y jubilatorias, como la depredación ambiental y las guerras, con las crisis humanitarias que ellas conllevan.
No hay una simple rotación de partidos en el gobierno, algo que era típico de los períodos de cierta estabilidad, ni tampoco la apertura de un ciclo derechista que sigue al fracaso “progresista”. La vertiginosa crisis del macrismo de un lado, y el triunfo del nacionalismo en México (López Obrador), revelan que estamos ante maniobras precarias y sin solidez. Lo que presenciamos es una nueva etapa de la crisis del capital y sus regímenes políticos, y de agudización de la lucha entre las clases.
¡Los trabajadores debemos prepararnos para intervenir en forma independiente ante una crisis que se agrava y que abre una etapa convulsiva!
La bancarrota del “frente popular”
El Frente Amplio no es una creación de ocasión, sino un largo proyecto en el que confluyeron distintas expresiones de la izquierda uruguaya, en particular aquellas como el Partido Comunista que tenían una fuerte influencia en la conducción del movimiento sindical. Según estas corrientes, la alianza con sectores burgueses “nacionales” y “progresistas” iba a permitir realizar transformaciones sociales que permitirían avanzar hacia la emancipación nacional y la liquidación de las trabas al desarrollo como el latifundio o el sometimiento a la banca internacional. El resultado de esta política es claro: durante quince años, y con mayorías parlamentarias, ese frente policlasista ocupó el gobierno, agudizando la concentración y extranjerización de la tierra en pocas manos, agravando la dependencia a la banca, impulsando más zonas francas, favoreciendo a multinacionales depredadoras del medio ambiente, y en definitiva haciendo aún más dependiente a la economía nacional de las materias primas y sus precios internacionales. El fracaso del frentismo policlasista se expresa rotundamente justamente porque vivió una etapa excepcionalmente favorable: además de contar con mayorías parlamentarias y amplias expectativas populares, vivió un contexto de gobiernos similares en toda América Latina, y un período de ingresos extraordinarios por los precios de las exportaciones. El período frenteamplista culmina miserablemente, sin haber tocado los intereses de los grandes capitalistas, terratenientes y banqueros, y con un estancamiento económico innegable, un creciente desempleo, y caída de los salarios. Ni siquiera puede decir en su favor que haya sufrido una guerra económica o boicot de parte del imperialismo o fracciones de la clase dominante, ya que en gran parte de su mandato recibió el aplauso de la mayor parte de los explotadores nacionales e internacionales. La única conclusión posible es que la estrategia de alianza con sectores capitalistas, que ha maniatado al movimiento obrero durante décadas, ha fracasado en forma completa e irreversible.
El ciclo frenteamplista estuvo incluso por debajo de experiencias como el batllismo originial y el neobatllismo de la década del ’50. Estas anteriores experiencias ya habían agotado todas las posibilidades históricas de la burguesía ‘nacional’, revelando que esta es incapaz de liderar un desarrollo nacional, que termine con el latifundio y la dependencia frente al imperialismo.
¡Sólo un gobierno de trabajadores puede concretar las medidas que lleven a un desarrollo nacional: la revolución agraria, la ruptura con el FMI, la emancipación frente a la banca internacional y las multinacionales! ¡Los gobiernos de unidad con sectores capitalistas conducen a la impotencia y a la desmoralización del movimiento obrero! Esta es la única conclusión que se puede extraer de la mal llamada experiencia “progresista”.
La agenda capitalista
Los bancos y el gran capital transfirieron su bancarrota a los Estados, que al rescatar a los especuladores financieros se endeudaron y generaron un creciente déficit fiscal. La factura de este salvataje se descarga sobre los trabajadores a través de tarifazos, carestía, y reformas de la seguridad social y la legislación laboral. El capitalismo demuestra que es incompatible con el progreso y aún con el mantenimiento de las viejas conquistas. Sólo sobrevive a partir de generar privaciones y retroceso social, generando guerras y barbarie creciente.
En Uruguay la agenda capitalista se expresa en todas las variantes políticas que disputan el gobierno. El ataque al derecho de huelga está presente en los partidos tradicionales pero también y muy especialmente en el Frente Amplio. El gobierno traslada el reclamo de UPM de prohibir las ocupaciones y limitar las huelgas a través de toda una reglamentación sindical. Lo mismo impuso el gobierno -con la colaboración de la burocracia sindical- en los Entes autónomos, donde el convenio con la Mesa Sindical Coordinadora permite que ante cualquier medida de lucha el convenio caiga para una de las empresas o para todas ellas por decisión unilateral del gobierno. El FA toma así en los hechos no sólo el planteo de UPM sino también el de las cámaras empresariales que vienen reclamando en la OIT un retroceso histórico en cuanto al derecho de huelga. Daniel Martínez es el candidato que mejor expresa este planteo, y no casualmente ha tomado a ADEOM como conejillo de Indias, contratando rompehuelgas (privatización) y atacando sistemáticamente al sindicato. Continúa y profundiza de esta manera la política anti-huelgas del FA: decretos de “servicios esenciales”, prohibición de las ocupaciones de oficinas púbicas, decreto anti-piquetes, que ya se han aplicado contra la movilización popular, como por ejemplo frente a la lucha de los docentes en 2015.
No puede extrañar que Lacalle y sobre todo Sanguinetti sean abanderados de una reforma laboral que permita reducir los salarios. Esta ha sido la tendencia dominante bajo los gobiernos de los partidos tradicionales de la burguesía, más allá de períodos en que debieron realizar concesiones parciales para contener las huelgas -como en 1943 cuando un gobierno colorado creó los “consejos de salario”, o en 1985 ante un ascenso huelguista sobre el final de la dictadura militar. Ya bajo el primer gobierno “democrático” de Sanguinetti, la política frente al movimiento obrero rápidamente se centró en quebrar a los sindicatos (como se vio contra la huelga ferroviaria o la lucha en la Asociación Española), resumiéndose en la frase del entonces presidente de los patrones: “nunca perdí una huelga”.
Todas las variantes capitalistas, de derecha o de centro-izquierda, pretenden resolver el déficit fiscal a través de un nuevo ataque a los trabajadores: la reforma de la seguridad social. El propio Mujica ha declarado a sus seguidores que hay que convencer a los trabajadores de que deberán trabajar cinco años más, es decir, elevar la edad de retiro hasta los 65, una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Es una impostura presentar la elección como un enfrentamiento entre derecha e izquierda. Ambos bloques siguen los mandatos del FMI y el gran capital.
La agenda capitalista plantea un agravamiento de la miseria social, caída del salario, rebaja de las jubilaciones, mayor desempleo, privatizaciones. Las cámaras patronales impulsan un gobierno de ataque contra el movimiento obrero y sus conquistas. Por su parte, como lo vemos en Brasil o Argentina, los trabajadores saldrán a la movilización ante el creciente desempleo, la carestía y los bajos salarios, resistiendo la política de los gobiernos capitalistas. El período, en su conjunto, expresa la necesidad de un cambio de régimen político de los ‘arriba’, mientras que por ‘abajo’ se desarrollan síntomas de reacción popular a las condiciones de explotación que impone la clase dominante.
La etapa que se inaugura señala la agudización del enfrentamiento entre la clase capitalista y la clase trabajadora, que definirá quién pagará los costos de la crisis capitalista.
¡Llamamos a construir una alternativa política de los trabajadores!
El cuco de la derecha
Desde el Frente Amplio se agita el fantasma de la derecha y el fascismo, con la intención de llevar a los sectores desencantados con el gobierno a renovar su adhesión y votar nuevamente al FA. El ascenso del fascista Bolsonaro, a partir de un proceso liderado por el propio Ejército de Brasil, es utilizado para asustar a los sectores que rompen con el Frente Amplio. Sin embargo, la propia experiencia de Brasil muestra que el lulismo fue incapaz de enfrentar a la derecha reaccionaria. El PT y la CUT capitularon frente a la destitución de Dilma Rousseff, así como frente a la prisión de Lula, y finalmente al avance del fascista Bolsonaro: no impulsaron la movilización popular ni la huelga general frente al golpismo. Como ya se ha comprobado en la historia del movimiento obrero a nivel internacional en múltiples ocasiones, el centro-izquierdismo no es una herramienta para combatir el fascismo. Por el contrario, el fracaso centro-izquierdista es el responsable principal de que parte de su base pueda girar hacia un apoyo a la derecha. Y por otra parte, el papel jugado por el Ejército revela que tras varios gobiernos supuestamente “progresistas” no se tocó el aparato represivo, cuyos mandos están dominados por elementos reaccionarios y hasta fascistas.
En Uruguay, la crisis con Manini Ríos y los “tribunales de honor”, puso de relieve justamente que los mandos de las FF.AA. están en manos de los herederos del golpismo derechista. Esos mandos se negaron a repudiar el secuestro, la tortura, la violación y la desaparición de opositores por parte del Ejército -incluso desde antes del golpe de Estado. Ninguno de los gobiernos “democráticos” produjo la más mínima depuración de ese aparato criminal, ni mucho menos impulsó un juicio contra los represores. Todos los juicios fueron a iniciativa de las víctimas o sus familiares, no de parte del gobierno. ¡Tampoco el Frente Amplio impulsó desde el Estado el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de Lesa Humanidad! Esto no fue casual, fue una decisión tomada expresamente en el Congreso del FA que se reunió en 2003: allí se resolvió dejar intocada la Ley de Impunidad, con el miserable argumento de que “a todo podemos renunciar, menos a la victoria” (Fernández Huidobro).
Los gobiernos “progresistas” son responsables también de poner a estos ejércitos reaccionarios a intervenir en supuestas “misiones de paz”, como la que se concretó en Haití o la recientemente votada en el parlamento por todos los partidos en Siria. En Haití se utilizó a los ejércitos para la represión de la población civil, y para defender a un gobierno instalado con un golpe de Estado ejecutado por los Marines de los EE.UU. Una operación internacional que estuvo liderada por el Brasil de Lula, e integrada por la Argentina kirchnerista, el Chile de Bachelet, la Bolivia de Evo Morales, y el Uruguay del Frente Amplio. En las barriadas pobres de Haití, el ejército de Brasil se entrenó para la represión del pueblo que hoy aplica en las favelas de Río de Janeiro.
En Uruguay, el gobierno frenteamplista puso al Ejército a realizar tareas de seguridad interior, como cuidar el perímetro de las cárceles, proteger a Botnia-UPM, y más recientemente cuidar el territorio fronterizo (hasta 20 km de la frontera). El Frente Amplio ha intentado lavar la cara de las FF.AA., poniéndolas a realizar tareas civiles, e incluso se ha utilizado al Ejército como rompehuelga ante la lucha de los trabajadores municipales. Pese a toda esta política, el aparato represivo en Uruguay está mucho más desprestigiado que en Brasil, como lo demuestra la vigencia de las movilizaciones contra la impunidad, que año a año son multitudinarias.
El Frente Amplio agita el fantasma de la derecha para llevar al movimiento obrero a la parálisis y la impotencia, no para movilizarlo. Para enfrentar cualquier proceso derechista o fascistizante, los trabajadores deben confiar únicamente en su acción independiente, a través de las huelgas, las ocupaciones y la huelga general. Ya en 1973, la clase obrera uruguaya pudo comprobar que todos los “demócratas” se escondían frente al golpismo, y que sólo los trabajadores y explotados salieron a la calle en una heroica huelga general, que fue llevada al fracaso por la política de su dirección de negociar con los supuestos “militares progresistas”.
¡A la derecha la enfrentamos con la lucha popular y la huelga genera del movimiento obrero, no con alianzas con impotentes sectores burgueses, supuestamente “democráticos”, que han mantenido intacto el aparato represivo!
Congreso de bases del movimiento obrero y popular. ¡Fuera la burocracia sindical!
En el último congreso del PIT-CNT se expresó una lucha de tendencias, donde la tesis mayoritaria establecía que el gobierno forma parte de un mismo “bloque social y político de los cambios” junto al movimiento sindical. Este planteamiento explícito de subordinación al gobierno y al Frente Amplio, levantó la oposición de distintos grupos de sindicatos. Por otra parte, en distintas elecciones sindicales vienen avanzando sectores de oposición al oficialismo, que plantean la necesidad de un movimiento obrero independiente del Frente Amplio.
También en el movimiento estudiantil hay agrupaciones que levantan la necesidad de una FEUU independiente, y que se movilizaron contra el nuevo Rector oficialista.
Por otra parte, hay movimientos populares ambientalistas que enfrentan la política oficial que favorece la contaminación ambiental, y convocan movilizaciones masivas.
Es notorio que existen movilizaciones que escapan al control de los aparatos oficialistas, que están muy menguados en su capacidad de regimentación de la lucha. Por ello, desde el gobierno y las patronales el planteo de la reglamentación sindical y la limitación del derecho de huelga se vuelve más apremiante, sobre todo de cara a un período de ataque a las conquistas obreras.
Las distintas oposiciones en el seno del PIT-CNT y la FEUU, o a nivel de otros movimientos sociales, aún son confusas y heterogéneas. Una muestra de esta confusión es que hay sectores que se han unido al dirigente de la Bebida Richard Read, quien ahora toma distancia del Frente Amplio pero para impulsar una “nueva Concertación” multipartidaria, es decir, vamos de Guatemala a Guatepeor. Hay que dar la espalda definitivamente a las políticas de conciliación de clases, sea en nombre de la unidad con el gobierno capitalista del FA, sea bajo la forma de acuerdos multipartidarios como el de Eduy21 para la educación. La clase obrera debe levantar su propio programa independiente, no ir a rastra de falsas alternativas capitalistas.
Por otra parte, la declinación del Frente Amplio ha dado lugar al surgimiento de movimientos de oposición en particular en sectores agrarios medios o pequeños, que levantan un programa de subsidios a los “sectores productivos” y de ataque a los trabajadores, como el llamado movimiento de “autoconvocados”. La izquierda anti-capitalista debe rechazar toda estrategia que ponga a los trabajadores a la cola de sectores propietarios de tierras o grupos empresariales, condenando esta nueva variante de conciliación de clases. Los reclamos de los pequeños productores están siendo explotados en beneficio de grandes empresarios y terratenientes, como ya lo fueron en el pasado con la llamada “Concertación para el Crecimiento” (2002). El resultado de esa alianza de clases fue la mayor concentración de tierras de toda la historia nacional, en beneficio de grandes estancieros y multinacionales.
Las agrupaciones y los sindicatos cuyas direcciones se reivindican clasistas e independientes del gobierno, son expresión de una tendencia a la ruptura con el Frente Amplio, aún embrionaria, y muestran que la perspectiva es de grandes luchas populares contra el futuro gobierno -sea quien sea el que lo comande. Es necesario impulsar Encuentros y Congresos de Trabajadores, para organizar la respuesta de la clase obrera ante el ataque de los capitalistas. Este reagrupamiento debe expresarse en un programa político independiente, que impulse la reorganización de la economía nacional sobre nuevas bases sociales, a través de un gobierno de trabajadores y la unidad socialista de América Latina.
¡Construyamos agrupaciones clasistas en todos los sindicatos, y convoquemos a un gran Congreso de Trabajadores independiente del gobierno, para aprobar un programa de lucha! ¡Fuera la burocracia sindical! ¡Construyamos una nueva dirección -clasista y revolucionaria- para los sindicatos y el PIT-CNT!
Electoralismo y parlamentarismo
Para el PT no sólo es necesario sino imprescindible intervenir en estas elecciones, para levantar y agitar un programa obrero independiente, y preparar las luchas futuras contra el próximo gobierno fondomonetarista.
Nuestro intervención en las elecciones y la utilización de la tribuna parlamentaria, están subordinados a la acción independiente de los trabajadores, extra-parlamentaria. Rechazamos la estrategia que subordina la acción popular a los caminos constitucionales y parlamentarios. Esa política conduce a la desmoralización y la desmovilización de los trabajadores.
La obtención de diputados debe estar al servicio de impulsar la acción directa del movimiento obrero. Para enfrentar la desregulación laboral o la reforma reaccionaria de la seguridad social, el camino pasa por la huelga general y la acción en las calles. La tribuna parlamentaria debe servir para convocar al pueblo a la movilización, nunca para desviar a los explotados a un impotente recorrido de pasillos parlamentarios. La utilización revolucionaria del parlamento es una escuela fundamental para el movimiento obrero, que lo debe preparar para disputar el poder a la clase capitalista.
Utilizaremos la tribuna electoral para fortalecer la lucha, al servicio de las huelgas y la movilización extraparlamentaria en las calles de los trabajadores y la juventud, y como un medio más para el objetivo estratégico de derrotar a los capitalistas y su Estado mediante la revolución social.
Que la crisis la paguen los capitalistas
Las distintas variantes en disputa en las elecciones sólo pueden traer más privaciones y retroceso en las condiciones de vida del pueblo trabajador. El capitalismo para sobrevivir necesita trasladar a los explotados el peso de la crisis que él mismo ha provocado.
Los trabajadores podemos aceptar los sacrificios que se nos plantean, bajo la amenaza de la descomposición aún más profunda de la sociedad. Esos sacrificios no tienen fin, ya que el capital es incapaz de conducir a una salida progresiva, es un sacrificio inútil y que provoca la desintegración de la sociedad, con el consiguiente aumento de la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas, entre otros negocios criminales que florecen en esta etapa de descomposición del régimen capitalista.
Para que el capitalismo pague su propia crisis, planteamos:
Nuestro programa de medidas urgentes
1) La deuda eterna y los subsidios al gran capital
Los virajes de la crisis mundial abren un cuadro de viraje económico en Uruguay, que muestra el carácter precario de la recuperación económica luego de la crisis de 2002 y un reforzamiento fenomenal de la penetración del capital financiero en el control de los resortes fundamentales de la economía nacional.
El pago de la deuda externa ha significado una profunda entrega de la riqueza generada en el país a la banca internacional. Esta sangría constante fue priorizada por los tres gobiernos del Frente Amplio. A pesar de haber pagado desde 2005, la deuda no ha hecho más que crecer. Miles de millones de dólares han sido confiscados del bolsillo de los trabajadores. Desde 1970 a 2005 la deuda bruta aumentó de 400 a 13.000 millones de dólares, y desde entonces ha trepado a 40.000 millones de dólares. Estamos frente a una deuda claramente usuraria, que aumenta como consecuencia de una constante capitalización de intereses que no se logran pagar.
Para proceder a este saqueo, el gobierno ha sumido a la educación y la salud en el derrumbe total. El déficit fiscal, para pagar la deuda externa y otorgar toda clase de subsidios a la patronales es la causa principal de la inflación que empobrece a los trabajadores. El encarecimiento de las tasas de crédito internacionales y la reversión de los flujos de capitales que recorre toda América Latina, plantean a término una crisis de deuda.
Frente a esta perspectiva, el Partido de los Trabajadores plantea:
No pago de la deuda externa usuraria; la determinación de los responsables de este negociado, con la compensación correspondiente al pueblo saqueado. Romper con la política del FMI.
2) Salario y desempleo
Asistimos a una epidemia de cierres de empresas y a un pronunciado aumento de la desocupación y la subocupación.
A los cierres de grandes empresas como FRIPUR y FANAPEL, se le suman decenas de empresas que despiden, envían al seguro de paro, y preparan el vaciamiento como PETROBRÁS, presentándose un promedio de diez empresas por mes a concursos de acreedores. El resultado es la destrucción de más de 50.000 puestos de trabajo en tres años, contándose más de 10.000 en los últimos tres meses, con la industria y la construcción liderando esta sangría. ¡Estamos frente a las cifras de desocupación más altas de la última una década! A este saldo debemos sumar las consecuencias del fracaso del FONDES, que conjuga las quiebras de empresas con las denuncias de corrupción.
El gobierno y la oposición patronal son cómplices y garantes de esta orientación: defienden las exoneraciones y subsidios al gran capital, los despidos y cierres de empresas.
Necesitamos un programa de defensa integral del salario y el trabajo: por un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar.
En lo inmediato:
Aumento general de salarios con un mínimo de $ 35.000 (media canasta). Que sean los sindicatos quienes calculen la canasta de productos que cubran las necesidades de las familias trabajadoras, como mecanismo para fijar la demanda del Salario Mínimo Vital y Móvil. Ajuste automático (como mínimo en forma bimensual, o toda vez que la inflación supere el 5% desde el último ajuste) de acuerdo al alza del costo de vida, que deben fiscalizar los sindicatos, para evitar que medidas administrativas del gobierno desnaturalicen los índices de precios al consumo. Eliminación de todos los impuestos al salario y las pasividades, sustituyéndolos por impuestos progresivos al gran capital.
Ante el cierre de empresas y el aumento de desempleo:
Prohibición de los despidos; reducción de la jornada laboral y reparto de las horas de trabajo entre trabajadores ocupados y desocupados, sin rebaja salarial; ocupación de toda empresa que cierre o despida, estatización y puesta en funcionamiento bajo control obrero. Apertura de los libros contables de las empresas y eliminación del secreto bancario (en todos los casos).
3) Previsión Social
El ataque a las jubilaciones y sistemas previsionales forma parte de la agenda internacional del FMI y el capital financiero que reclaman la liquidación de derechos conquistados por décadas de lucha de los trabajadores a nivel mundial. Las reformas previsionales en Argentina, Francia, Brasil y Nicaragua son una muestra de esto.
En Uruguay todos los candidatos patronales plantean el saqueo a los fondos jubilatorios y el aumento de la edad de retiro como garantía de pago de los acreedores internacionales y repartir subsidios a la burguesía. Las protestas de los llamados “cincuentones” pusieron en cuestión la privatización de los fondos de pensión mediante la AFAP.
El Partido de los Trabajadores lucha por la prohibición del aumento de la edad de retiro. Defendemos los beneficios jubilatorios por insalubridad. Debemos profundizar la lucha por la reestatización de todo el sistema previsional, bajo control de los trabajadores. Eliminación de las AFAP. Restablecimiento de los derechos jubilatorios arrebatados por la reforma de 1995 (cálculo de la jubilación inicial) en forma inmediata, estableciendo como objetivo llevar la jubilación inicial al 82% del último sueldo en actividad.
Jubilación mínima equivalente al 50% del costo de la canasta familiar (hoy, $ 35.000). Eliminación de las exoneraciones de aportes patronales; aumento del aporte patronal para garantizar el financiamiento del BPS. Las jubilaciones y pensiones son un salario diferido, propiedad de los trabajadores, y debe será administrado exclusivamente por trabajadores y jubilados.
4) Industrialización y medio ambiente ¡Fuera UPM2 y su tren!
En estos últimos nueve años han proliferado los denominados mega emprendimientos, bajo el aval de todos los partidos con representación parlamentaria: las grandes plantas de celulosa como Botnia-UPM, Montes del Plata y ahora UPM2. Todos ellos comparten un denominador común: están al servicio de la extracción de los recursos naturales de nuestro país para incrementar la ganancia de las grandes empresas multinacionales.
Las plantas de celulosa, además de ser altamente contaminantes, están exoneradas de todo tipo de impuestos, inclusive a la exportación. Estos mega emprendimientos no suscitan ningún proceso de valor agregado a esas materias primas, es decir no implican ningún tipo de desarrollo de la industria nacional. Además, este saqueo de nuestros recursos implica un alto costo en materia de medio ambiente, cuyas primeras consecuencias se han comenzado a manifestar en la contaminación de los ríos. Todo esto manifiesta que, en la presente etapa del capitalismo, la burguesía es incapaz de desenvolver ningún proceso industrializador. Ésta pasa a ser una tarea de clase obrera.
Estos años han sido también, el del despegue y posterior estancamiento de la acumulación capitalista en el campo, basado en la producción y exportación de soja, carne y madera en manos de unos pocos grandes capitales internacionales, con el desplazamiento de miles de pequeños productores y basado en la superexplotación del proletariado rural.
El resultado de todo este proceso ha sido la profundización del carácter semi-colonial de la economía nacional.
Frente a esta realidad desenvolvemos una orientación socialista, que presupone el desenvolvimiento potencial de todas las fuerzas productivas sociales. En este sentido planteamos la defensa de nuestros recursos naturales, la estatización bajo dirección de los trabajadores y las organizaciones populares de todos los emprendimientos ya instalados en nuestro país, bajo procedimientos que reduzcan y eliminen la contaminación con un plan acorde para la industrialización de esas materias primas. ¡No a UPM2!. Por un plan de industrialización al servicio del pueblo laborioso.
Un plan de esta naturaleza no puede constituir un planteo aislado. Impulsamos la nacionalización de los monopolios capitalistas, bajo la dirección de los trabajadores, en especial los bancos, el comercio exterior y la gran propiedad agraria. La enorme concentración y extranjerización de la tierra deja planteada la expropiación y socialización de la propiedad en el agro, como vía para desenvolver todas las fuerzas productivas del medio rural.
Los monopolios capitalistas son una expresión del agotamiento relativo del desarrollo capitalista (‘libre competencia’), y un método de expropiación económica, por parte del capital monopolizado, contra otros sectores capitalistas o semi-capitalistas más débiles y contra los trabajadores. Una política de nacionalizaciones así entendida, debe ser preparada metódicamente por medio de la apertura de los libros de las grandes empresas y el establecimiento del control de los trabajadores. Lo que importa en las nacionalizaciones es que sean una transición hacia la gestión de la economía por parte de los trabajadores y, por esta vía, a una planificación del desarrollo nacional.
6) El movimiento de la mujer
La lucha de las mujeres crece año a año en todo el mundo. Las mujeres han tomado las calles por sus reivindicaciones y sobre todo en defensa de la vida de miles que son violentadas, mutiladas y asesinadas producto de la violencia de género como de los abortos clandestinos. El 8 de Marzo el mundo fue sacudido por un paro internacional de mujeres, dotando a la jornada por las reivindicaciones y los derechos femeninos un carácter de lucha con el método de la huelga general.
Es el Estado y el régimen social el responsable de la violencia y opresión de las mujeres, y por lo tanto nuestra lucha debe ser orientada a superarlos.
La
crisis en curso plantea una agudización de la pauperización y la violencia de
la cuales son víctimas las trabajadoras que constituyen el eslabón más débil de
la cadena de explotación, y ya se expresa la tendencia a la desocupación, la
marginación y la pobreza de miles de mujeres. El problema de la prostitución y
la trata golpea con más fuerza en los barrios pobres todo el país, y amenaza
con un aumento de la barbarie social que se descarga brutalmente sobre el
cuerpo de las mujeres. El combate a la explotación, la denigración y la
discriminación que sufren las mujeres debe ir acompañado a con la denuncia
a los responsables políticos, es decir los partidos del régimen.
En este sentido el movimiento de mujeres, debe superar las perspectivas de colaboración de clases que intentan enfrentar al hombre y a la mujer en su condición biológica, encubriendo la lucha de clases y la verdadera causa de la opresión y la violencia que sufren las explotadas. Entre la empresaria, las representantes políticas del ajuste y las trabajadoras no hay ninguna “sororidad” posible.
Frente a los problemas de la mujer planteamos:
Para
combatir el femicidio: casas refugio y organismos judiciales autónomos
controlados por organizaciones independientes de las mujeres, trabajo genuino
con salario igual a la canasta familiar, mayor presupuesto en salud, educación
y vivienda; para garantizar un sistema de salud que cubra las necesidades de la
clase trabajadora, educación sexual científica y jardines maternales en los
lugares de trabajo y de estudio. Aborto sin, plazos arbitrarios ni objeción
de conciencia.
7) Juventud, trabajo y educación
Los jóvenes representan uno de los eslabones más golpeados por el sistema capitalista y los gobiernos que han conducido históricamente nuestro país, sin excepciones. Todos los aspectos que hacen a la vida y el desarrollo humano de la juventud son violentados, por ejemplo, la educación, la vivienda y el derecho al trabajo (y al trabajo digno) como elementos básicos esenciales.
Planteamos: Eliminación de los contratos basura, contra la flexibilización laboral y la polivalencia, respeto a la antigüedad laboral. Eliminación de las tercerizaciones en todo el Estado, pasando los trabajadores a calidad de trabajadores permanentes y bajo las condiciones de los convenios colectivos de la rama correspondiente. Contra los contratos precarios para los jóvenes (Becarios y Pasantes): a igual tarea, igual salario y condiciones de trabajo. Defensa de los convenios colectivos y el principio de ultraactividad (las conquistas se mantienen aunque venza el convenio). Defensa del derecho de huelga, incluyendo el derecho a la ocupación (de empresas privadas o públicas)
De otro lado, el gobierno ha venido desarrollando un ajuste sobre el ya menguado presupuesto educativo. Las perspectivas mercantilizadoras y privatizadoras sobre la educación pública son las que predominan en todos los niveles educativos, producto del ahogo presupuestal a la que se encuentra sometida.
El Partido de los Trabajadores se compromete en la defensa de la educación pública, en su democratización para que todos los jóvenes puedan acceder y permanecer en las aulas, pero además defiende una perspectiva educativa al servicio de los trabajadores y el pueblo explotado. Basta de subsidiar a la educación privada, por una educación pública de calidad.
8) Seguridad y Represión
Frente al aumento de la pauperización social, las perspectivas de ajuste y de guerra de las patronales y el Estado contra las condiciones de vida de la clase trabajadora se prepara por parte de todos los partidos un aumento de la represión y el recorte de las libertades democráticas.
La política de impunidad a los militares de la dictadura, el reforzamiento del aparato represivo, la militarización y nacionalización de la guardia republicana, los convenios internacionales con el Departamento de Estado de EE.UU, el mayor equipamiento de las fuerzas represivas, con programas de espionaje y un aumento fenomenal del presupuesto en ‘seguridad’ son parte del programa que el FA puso en práctica durante todos estos años de gobierno y que lejos de garantizar la seguridad de los trabajadores la ha agudizado otorgándole libre accionar a la policía a partir de razzias, gatillo fácil y megaoperativos. Los Martínes y Lacalle Pou buscan profundizar esta política.
La guerra de clases contra los trabajadores, plantea el recorte de sus derechos de organización.
La avanzada contra las libertades democrácticas se manifiesta también en la ley de prohibición de ocupaciones de los edificios públicos –el decreto de esencialidad – utilizado contra toda huelga que no estuviera controlada por la burocracia sindical a fin al gobierno, el decreto anti piquete y la reciente aprobación de la Ley antiterrorista, mecanismos para coartar y reprimir el derecho de huelga de los trabajadores.
El planteo de sacar nuevamente los militares a patrullar las calles, es un planteo reaccionario que encabeza un sector del Partido Nacional, pero que su objetivo fundamental es instalar en la población la aceptación de que las fuerzas represivas y el Ejército son protectoras de la seguridad ciudadana, se trata sin embargo de la construcción ideológica de un discurso que prepara las condiciones que la clase capitalista tendrá que enfrentar frente a la crisis en curso y la perspectiva de un estallido social.
Desde el Partido de los Trabajadores impulsamos la organización contra los atropellos policiales; para darle un golpe al narcotráfico y las redes de trata hay que terminar con el secreto bancario, donde lavan el dinero de este ‘negocio’ en las narices del gobierno. De fondo, la salida exige acabar con el aparato represivo y su reemplazo por organizaciones populares que tomen el control de la seguridad de los trabajadores y la juventud.
9) Derechos Humanos e Impunidad
La crisis entre el Ejército y el gobierno puso de relieve que el entramado de la impunidad sigue en pie. Se reveló el fallo de un tribunal de Honor Militar que no condenó los delitos de lesa humanidad, en el cual José “Nino” Gavazzo admitió haber arrojado al río el cuerpo del militante de la Federación de Estudiantes del Uruguay (FEUU) Roberto Gomensoro. Se reveló también el encubrimiento del propio gobierno que conocía al detalle las declaraciones y los fallos, y que sólo actúo cesando a los comandantes y hasta el Ministro de Defensa cuando el mismo fue publicado por la prensa.
El Ejército ha quedado intacto desde el Pacto del club Naval –suscripto en 1984 entre los jerarcas de la dictadura y los de los partidos Colorado, Unión Cívica y Frente Amplio–, manteniendo en ejercicio a los militares responsables de los crímenes de la dictadura. Esto no es modificado con la reciente aprobación de la Ley Orgánica Militar. Cuando la dictadura militar se vio forzada a retirarse, el conjunto del régimen político que lo sucedió se puso de acuerdo en garantizar la impunidad de aquellos crímenes. Los partidos Colorado y Nacional mantuvieron intacto ese pacto. Con la ascenso del FA, el pacto se renovó a partir de limitar el enjuciamiento por los crímenes de la dictadura a algunos militares (luego recluidos en cárceles VIP), pues, de otro modo, se hubiera involucrado al conjunto del aparato militar y policial responsable. Por otra parte, el FA mantuvo el compromiso de mantener la ley de impunidad. Todo el proceso actual revela que el régimen de impunidad sigue en pie.
Planteamos: Verdad Juicio y Castigo. Apertura pública de todos los archivos de la dictadura. Cárcel efectiva y común a los genocidas. Destitución inmediata del comandante en Jefe Claudio Feola. Abajo el pacto del Club Naval y el pacto de silencio.
Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores
