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Que el proyecto de Aratirí era una entrega de los recursos minerales de nuestra tierra a una multinacional que pretendía sacarlos del suelo del modo más destructivo, contaminador y rentable posible no es algo nuevo. Tampoco es nuevo que el gobierno, no contento con asegurarle todo tipo de exoneraciones impositivas a dicha empresa, pretendió complacerla regalándole dos súper proyectos alejados de las necesidades de los trabajadores pero que resultaban deseables para el proyecto minero. Así la empresa no solo se beneficiaba con las condiciones legales e impositivas sino que el gobierno le iba a hacer las obras complementarias necesarias para aumentar la rentabilidad del negocio, sin que tuvieran que poner un solo peso.
El gobierno intentó convencernos de que el Puerto de Aguas Profundas (PAP) y la Regasificadora no eran proyectos a la medida de Aratirí sino que respondían a las necesidades del país. Pues bien, hace pocos días se dio a conocer un estudio contratado por el propio gobierno, que en diciembre ya le advertía que en un escenario sin el proyecto de Aratirí, el PAP es absolutamente inviable ya que no existen clientes potenciales, ni una idea de cuáles son los servicios que podría prestar el puerto o a qué tipo de cargas debería ajustar su diseño y su operativa; y que la excusa de las posibles cargas regionales tampoco logran darle viabilidad al proyecto. Es decir, que como lo denunciábamos, este proyecto de U$S 1.457 millones (dinero que sin embargo, nunca está ni para la educación ni para la salud públicas) era un regalo en toda regla para la multinacional. Los cuentos de la integración regional y de la modernización simplemente buscaban encubrir que el gobierno pone su dinero a disposición de los intereses de los capitalistas.
Por otro lado, el proyecto de la Regasificadora se encuentra en una crisis brutal. Las obras fueron adjudicadas a la firma GNLS que subcontrató como empresa constructora a la firma OAS, que resultó estar envuelta en escándalos de corrupción con Petrobras en Brasil, acusada de pagar coimas a cambio de recibir las adjudicaciones para realizar las obras (lo cual ya de por si exige que se haga una investigación completa sobre las adjudicaciones en nuestro país), lo que llevó a dicha constructora al default y la paralización de todas sus actividades.
Nos encontramos entonces con un panorama sombrío: las obras que ya de por sí estaban atrasadas se encuentran paralizadas, la empresa OAS decidió enviar a 150 trabajadores al seguro de paro y las obras fueron ocupadas por el SUNCA. Conseguir una nueva empresa constructora supone una dificultad extra ya que en el contrato se explicita que la constructora es OAS, por lo tanto, habría que cambiar todos los contratos para incorporar una firma nueva.
Y a este panorama, ya de por si lamentable, sumamos que la regasificadora es absolutamente innecesaria para las necesidades de nuestro país. La energía que se va a producir está muy por encima de la que se necesita, lo que no justifica ni la inversión ni los costos de mantenimiento. No fue más que otro regalo para Aratirí, buscando generarle energía de sobra y por lo tanto, barata, a su proyecto.
Caído el proyecto de Aratirí por la caída del precio del hierro (ver artículos en ediciones anteriores), el gobierno jugó la carta de la exportación de energía (que antes se manejaba como un extra). Sin embargo, la situación económica que atraviesan Argentina y Brasil, sumado a la inauguración de nuevas plantas de energía en los respectivos países hace que tampoco se vislumbre a futuro un negocio al respecto. Por el contrario, la tendencia es a suspender la compra de energía a otros países.
El fracaso de Aratirí y de los regalos multimillonarios del gobierno muestran claramente el proceso de entrega de los recursos naturales y económicos a las grandes multinacionales. Mientras en Primaria y Secundaria se niegan a construir locales porque es muy caro o a proveer las vacantes necesarias (adscriptos, ayudantes de laboratorio, porteros, etc.) por falta de presupuesto; mientras que la salud pública se cae a pedazos por la falta de inversión; el gobierno tiene disponibles miles de millones de dólares en exoneraciones impositivas y obras-regalo para las multinacionales; así como para el pago de la deuda externa ilegítima, usuraria e impagable. La farsa queda al desnudo una vez más.
