El acuerdo alcanzado entre los presidentes de las cámaras patronales y Fernando Pereira (en nombre de la dirección del PIT-CNT), constituye un ataque directo al derecho de huelga y a los métodos de lucha de la clase obrera. El “protocolo” consensuado limita el derecho de los trabajadores a ocupar sus lugares de trabajo en el marco de un conflicto, estableciendo la obligatoria instalación de mesas de negociación y diálogo previas a la adopción de esta medida.
Se trata de un acuerdo triangulado por el gobierno, que pretende avanzar en la regimentación y estatización de las luchas de los trabajadores, para desarmarnos frente a las consecuencias de la crisis. Este acuerdo se produce en medio de los despidos en Fanapel y la suspensión de 250 trabajadores en el Molino de Dolores, que se suman (junto a Fripur, Ecolat, Cherry, etc) a la larga lista de cierres de fábricas de los últimos años. Al mismo tiempo, el acuerdo se procesa mientras los trabajadores de Tiempost y de Polo ocupan sus lugares de trabajo.
El objetivo de las patronales y el gobierno es controlar las luchas obreras para avanzar en el ajuste y la entrega nacional. No es casual que se llegue a este acuerdo en medio de la gira en busca de inversiones: a cambio del arribo de los capitales extranjeros a nuestro país, el gobierno les garantiza la paz social y un ataque en regla a las conquistas sociales y sindicales de los trabajadores.
Pereira y la dirección frenteamplista del PIT-CNT son una pieza clave en esta avanzada del capital. Al igual que Castillo desde el Ministerio de Trabajo, parten de la defensa de la propiedad privada en detrimento del trabajo y el salario de la clase obrera. Mientras negocian con las patronales, no han convocado ninguna movilización contra los despidos y los cierres de fábricas. La subordinación política de estas direcciones al gobierno y al capital lleva a los trabajadores por el camino del ajuste, los despidos y la caída del salario real.
Necesitamos nuevas direcciones para los sindicatos y para la central, basadas en la democracia obrera y que defiendan los intereses de los trabajadores, con independencia política del gobierno y de todos los partidos del capital.
El gobierno le lleva la delantera a las patronales en el ataque al derecho de huelga: Mujica aprobó un decreto que prohíbe la ocupación de instituciones públicas, que ha sido utilizado por los dos últimos gobiernos para desalojar a los trabajadores en lucha. Esta medida ha sido acompañada del sucesivo recurso a la declaración de esencialidad para quebrar los conflictos en el ámbito público.
El movimiento obrero debe desarrollar una gran campaña en defensa del derecho de ocupación como extensión del derecho de huelga, contra los intentos de regimentar a través del Estado, los métodos de lucha de los trabajadores. Hacemos un llamado a los sindicatos, y a las organizaciones populares a rechazar este protocolo regimentador. En primer lugar, la Mesa Representativa del PIT-CNT debe desconocer este pacto contra la clase obrera organizada.
Solo la acción directa de los trabajadores puede derrotar el ajuste y los despidos. Frente al derecho de propiedad, que defienden las patronales, el gobierno y la burocracia sindical, levantamos la defensa del derecho al trabajo para todos: ocupación y control obrero de las empresas que cierran, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas entre los trabajadores sin afectar el salario.
