Camilo Márquez, militante del PT y de la Juventud Revolucionaria, y autor de la presente nota, fue detenido poco después de haber escrito esta nota para Prensa Obrera de Argentina. Camilo fue procesado por el delito de “Atentado agravado”, en medio de una caza de brujas que incluyó otras muchas detenciones contra militantes sindicales y estudiantiles. Las detenciones fueron realizadas sin orden judicial, violando las garantías constitucionales, por parte de Inteligencia policial.
El martes pasado el clima político uruguayo se vió sacudido por la represión desatada contra los estudiantes secundarios que ocupaban la sede del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la administración de educación pública.
El día trascurrió en un clima enrarecido por los diferentes movimientos que la polícia hacía en los alrededores del edifico tomado desde hacía cinco días por los gremios de estudiantes. La ocupación fue decidida por un grupo que, cansados de ser derivados de una oficina a otra, resolvieron plantar bandera en dicha sede central. A los tres días de iniciada la misma reciben una oferta de parte de legisladores del Frente Amplio de conformar una mesa de diálogo. Los jóvenes exigían una instancia donde se encontrara presente el Ministerio de Economía, y escuchara directamente sus reclamos, que coloca como eje central la exigencia del 6% del PBI para la educación, reclamo histórico de los estudiantes y sindicatos docentes nunca satisfecho.
La “mesa de diálogo” planteada por el gobierno se reveló como una maniobra demasiado grosera, ya que esta no definia nada, no garantizaba siquiera elevar los pedidos al ejecutivo ni tampoco que hubiera posibilidades de algún incremento en el presupuesto destinado a la educación pública de aquí a 2017. El presupuesto “new age” del FA no es para el quinquenio sino bianual, lo cual revela que por el contrario a lo que predican los voceros oficialistas de que se pueden asignar incrementos dentro de dos años, se vaya a un recorte aún más profundo si la crisis en la región y a nivel internacional se agrava.
La truchada de la mesa de diálogo fue rechazada por la asamblea estudiantil y se resolvió continuar con la medida. El gobierno, temeroso de provocar una respuesta masiva de sindicatos y gremios estudiantiles, intercalaba el diálogo con las amenazas. Es así que el día martes llega por la tarde una orden del Ministerio de Trabajo de que el edificio debía ser desalojado y de no ser en forma voluntaria se haría por medios coercitivos. Los estudiantes, que controlaban las principales entradas, lanzan un llamado denunciando el ultimátum y convocando a todos los sindicatos, padres y población en general a solidarizarse de forma activa. Sobre las 21 horas el abogado de los estudiantes anuncia que el Codicen apostaba al diálogo, y que al día siguiente los estudiantes estaban dispuestos a comenzar negociaciones para entablar una salida al conflicto. Muchos de los presentes comenzaban a retirarse a pesar del despligue generado por el Ministerio del Interior con la Guardia Republicana (Gendarmeria), es en ese momento que una veintena de estos últimos ingresa por el subsuelo del edificio, por una puerta que los estudiantes desconocían que existiera, mientras afuera se desataba una salvaje represión. Los manifestantes lograron conformar un cordón de seguridad para que los ocupantes (casi todos menores de edad) salieran por una tercera puerta y luego de logrado el objetivo el conjunto de los compañeros se replegaron a la Facultad de Ciencias Sociales, ya que los grupos de choque continuaban con acciones de detención de personas.
Responsabilidad política
Los medios, alcahuetes del gobierno, enseguida se alinearon para estigmatizar a los estudiantes. Responsabilizaban a grupos “radicales” (denominación que se le asigna a todo lo que está por fuera del FA y a su izquierda), “ultras” y “provocadores”. Que en realidad la desocupación se dió de “forma pacífica” en palabras de Bonomi, Ministro del Interior, y que los sucesos de violencia se dieron con gente ajena a los gremios estudiantiles. Este discurso, pero en clave “izquierdoza” fue repetida por la burocracia sindical adicta al FA. En una declaración de tres puntos, el ejecutivo del PIT-CNT (controlado por el oficialismo) afirma que toma distancia “de algunas metodologías de decidir desde pequeños grupos que, desde fuera de las organizaciones populares de masas, actúan bajo la premisa del cuanto peor mejor”. Es decir, que le da cobertura a la represión, no había una acción decidida por estudiantes, sino provocadores. Quién mandó a la Guardia Republicana, un cuerpo de elite de la policía, a reprimir menores, los tiene sin cuidado. Son los mismo dirigentes que tragaron el polvo de la derrota hace sólo unas semanas, cuando los docentes en huelga desconocieron su “sugerencia” de levantar la huelga a cambio de que el gobierno levantara el decreto de esencialidad. La corriente estudiantil afín al Partido Comunista está sufriendo una auténtica sangría de militantes, no sólo por su defensa del gobierno sino por la versión que difunden sobre el conflicto: que los estudiantes fueron utilizados como carne de cañón por grupos de desestabilizadores. Han acuñado la palabra “oportunista” para referirse a todo lo que no pertenezca al FA y acusan de “hacerle el caldo gordo a la derecha” a todos aquellos que no comparten sus extravagancias.
El saldo de la represión fue de 12 detenidos y una decena de lesionados. Desde el Partido de los Trabajadores y la Juventud Revolucionaria, hemos defendido el accionar de los estudiantes, nos solidarizamos con los detenidos y denunciamos al gobierno como responsable de la violencia desatada, negándose sistemáticamente a recibir a los gremios y escuchar sus reclamos. La oposición patronal aparece absolutamente desdibujada, huerfana de un programa político diferente al del gobierno se limita a declaraciones en la prensa y acciones parlamentarias intrascendentes.
La burocracia sindical por su parte ha decidido jugarse a fondo en la defensa del gobierno, a cuatro meses del último congreso del PIT-CNT, su dirección recibe golpe tras golpe y es cada vez más cuestionada. Es de esperar que exista algún tipo de reacomodo en el corto plazo.
El valor de las acciones estudiantiles está en colocar en debate (como antes con la huelga docente) quien se lleva la bolsa. Las reservas no se tocan. Los impuestos a las multinacionales (“renuncia fiscal”) son cosas de trasnochados. La crisis económica comienza a transformarse en política, el gobierno debió soportar que una enorme movilización llegara hasta el parlamento al otro día del desalojo del edifico tomado por los estudiantes. Se abre una nueva etapa en el escenario político de Uruguay.
