“A la víctima la persiguieron y luego la detuvieron innecesariamente; le dispararon mientras la perseguían, y luego se metieron en su casa”, “Se pensó que eran rapiñeros, y que querían robarle el auto, el único valor que tenía” (el Observador).
Los hechos descriptos ocurrieron en noviembre del año pasado, y los protagonistas un grupo de policías que le dieron caza a un automóvil ocupado por un hombre en la ruta Interbalnearia que “circulaba en forma sospechosa”. El fallo se conoció esta semana, junto a otra serie de noticias que involucran a policías en casos de abusos de distinto orden. En este caso el hombre que salía de su trabajo la sacó barata. Los uniformados la emprendieron a tiros contra su auto sin dar voz de alto, una de las seis balas que le dispararon le quedó alojada en la pierna, a milímetros de arteria femoral. En las pericias de Policía Científica encontró otro proyectil incrustado en el respaldo del asiento del conductor “contra la columna vertebral del hombre” (ídem).
Los policías del programa de alta dedicación (PADO) se trasladaban en moto y declararon que usaron sus armas por que desde el auto se efectuaron disparos, lo que se comprobó luego falso. Los desmanes no terminan allí, en la escena los policías le plantaron un arma para apuntalar la versión del tiroteo.
El fallo del juez Seijas es un escándalo: prisión domiciliaria con tobillera para el policía que hizo los disparos y la obligación de firmar en la comisaria mas cercana de su domicilio para otro, esto cuando en total hay ocho funcionarios implicados, todos con distinto grado de participación en el operativo de manipulación y adulteración de los hechos. La sentencia es un acto de protección y encubrimiento por parte del poder judicial (hay que hablar de poderes y no de individuos) hacia la policía, así de sencillo.
Cabe señalar que la defensa de los policías involucrados a cargo del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (SIPFOM) renunció al caso. Según consigna el mismo medio Andrés Ojeda se apartó por razones éticas y porque “los efectivos comenzaron a acusarse entre sí”.
Otro caso que tiene todas las señales de estar fraguado por la policía, y aún más grave es el de la muerte de un joven de 24 años quien conducía su auto por las inmediaciones del Parque Batlle en la tarde del sábado. La versión policial indica que se acercaron para realizar un control, en ese momento la victima “mostro un arma y huyo del lugar.” También se agregaba que el joven se dio a la fuga tomando calles a contramano y haciendo disparos. El relato flojísimo de papeles si ya no cerraba por ningún lado con la inspección de las cámaras de videovigilancia de la zona se vino abajo, pues no se aprecia que desde el auto partieran disparos, por el contario quedó registrado en cámaras de la intendencia de Montevideo que en el marco de esta persecución cuatro patrulleros confunden el vehículo del joven con el de una familia que viajaba con su bebe. El video muestra una decena de policías apuntando al auto que nada tenía que ver. Otra perla mas en este collar de irregularidades e inconsistencias es que junto al cuerpo del muchacho asesinado no se encontró arma alguna. Queda claro que el problema de la seguridad no es ya un tema de ausencia de policía sino de su presencia.
Estos casos se dan en medio de toda una serie de medidas que desde el gobierno brindan un creciente espaldarazo a la acción policial. Con las LUC se ampliaron notablemente las facultades represivas para que los agentes actúen a discreción en el control callejero, extendido aun mas con el cometido que se le asigna en el “control de aglomeraciones”. Los abusos llevados a cabo por la policía y que muchos terminan en muertes no es producto de uno o dos policías que “se ponen locos”, es el resultado de esta política que viene de arriba.
Por eso, una vez más:
Abajo el gatillo fácil – Abajo toda la LUC
