La violación en manada de una joven en el barrio Cordón ha generado derivaciones de todo tipo. En apretada síntesis, cuatro individuos sometieron a una mujer y uno de ellos grabó parte de la vejación. Fragmentos de audios de esa grabación se filtraron a la prensa que fueron reproducidos por el programa La Pecera conducido por Ignacio Álvarez. El periodista ventiló esos audios con el propósito declarado de poner en tela de juicio la veracidad de la denuncia. Todo presentado bajo el rótulo de que la denunciante sería la “presunta víctima”. Álvarez no desconoce, seguramente, que a efectos legales no existe la “presunta víctima”. La persona ultrajada o agraviada lo es porque así lo considera el Código. Lo que si existe, en cambio, es el presunto inocente que lo es hasta que exista sentencia firme de condena, es decir, hasta que se demuestre lo contrario. Bajo un lenguaje falaz tenemos entonces una operación política en la que todo el arco político de izquierda a derecha y de arriba abajo tiene participación. Esto alcanza para sostener que el asunto ha alterado el escenario político.
Legisladores del Frente Amplio, encabezados por Micaela Melgar, presentaron una denuncia por la violación de la ley 19.580, conocida como ley de género, contra Álvarez y su programa por la difusión de los audios. Esta ley establece la “imposibilidad de divulgar” contenido íntimo de orden sexual sin el consentimiento de las personas involucradas. La fiscalía, dando curso a la denuncia, ordenó a velocidad de relampago el allanamiento de la emisora Azul FM y del domicilio de Álvarez para confiscar dispositivos. Esto hizo estallar mas controversias en un caso con altísima exposición pública. La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) emitió un comunicado donde manifiesta “preocupación”, ya que “podría” (así, en condicional) que estemos ante un caso donde se viole un “principio sagrado” como el de la reserva de las fuentes. El comunicado es cauteloso, y tiene razones para ello. Los audios emitidos en horario radial pico no provienen de una fuente. Álvarez los recibió del abogado de los acusados, es decir de una parte interesada en desacreditar la denuncia. Esto basta para calificar a Álvarez como un mandadero. Llegados a este punto, la denuncia de la bancada del FA queda corta. El trabajo de relativizar esta denuncia forma parte de una operación más vasta que busca esmerilar la pertinencia de la lucha del movimiento de mujeres, que es un movimiento de masas internacional, y que ha colocado en lo más alto de la agenda política la lucha contra la violencia y el derecho al aborto como dos grandes motores de movilización. En otras palabras, lo de Álvarez constituye, antes que nada, un delito y un atentado político que no puede ser mitigado tras la abstracción del derecho a la “libertad de expresión”. Este aspecto no es mencionado para nada en la denuncia de los legisladores del FA, por la sencilla razón de que han decidido encapsular todo en el marco penal y parlamentario, un camino incierto y ultra condicionado. Este comportamiento está en línea con todos los demás aspectos. Una fuerza política limitada al palabrerío y los golpes de efecto mediático, en detrimento de la movilización y la acción callejera.
Existe una campaña despiadada por parte de un conglomerado de sectores reaccionarios, la iglesia, y ciertos medios por obtener un caso “testigo” que ponga en la picota al “feminismo”, pues uno de los blancos predilectos de esta jauría mediática ha sido vilipendiar la movilización convocada en repudio a estas atrocidades.
Álvarez, que intoxica hace años a la población con sus programas en los que finge interrogar e interrogarse, buscó con su audacia transformar este caso en un trofeo a exhibir. En otras palabras, estamos ante la tentativa de neutralizar el movimiento de mujeres amparándose en argumentos pretendidamente democráticos: la “libertad de prensa” y de “expresión”. Naturalmente esto es pura chapucería. La libertad de prensa bajo el capitalismo es siempre el monopolio de un puñado de propietarios. Y la libertad de expresión bajo estos términos no es más que la defensa del monólogo que esos propietarios desparraman sobre los trabajadores.
Todos los mandaderos dicen lo mismo: que ellos como comunicadores se limitan a hacer periodismo, que no les interesa las derivaciones políticas ni judiciales. Verso. Detrás de su periodismo “desinteresado” se alineó desde Manini Ríos hasta Ojeda, el abogado de las patronales y del sindicato policial. Este último ha presentado un recurso contra el allanamiento a la radio que emite el programa en cuestión, luego de toda una serie de cruces entre el gobierno y fiscalía. Es que en paralelo a todo esto hay una guerra de poderes, que desata frecuentemente el fuego cruzado entre el oficialismo y un poder judicial que no termina de controlar.
El caso ya genera colisiones a la interna del oficialismo. Mientras Lacalle ha declarado que espera una pena “ejemplarizante” contra los acusados, Graciela Bianchi (la senadora más votada del mismo sector que el presidente), sostiene que “es muy grave que haya tres personas detenidas”. La mediática hace gala de una gran miseria personal.
El oficialismo no tiene dirección, es una hoja al viento.
El caso de Cordón ha cobrado un carácter netamente político.
