Las negociaciones del presidente del PIT-CNT Fernando Pereira con los representantes de las cámaras patronales en Finlandia, en torno a las ocupaciones de los lugares de trabajo, acaban de revelar que la burocracia está empeñada a fondo en la liquidación del derecho de huelga. Mientras Pereira comparte avión con la burguesía criolla con el verso de la “gira pro-empleo”, se producen despidos en masa en Fanapel y Molino de Dolores, y una ofensiva anti-obrera más general que busca meter mano en la licencia de los trabajadores de la construcción.
La denuncia de las patronales ante la OIT tiene un objetivo de más largo aliento: persigue una reforma laboral, con una dirigencia sindical ‘dialoguista’ que le tiene terror a cualquier medida que se salga de los paros de cuatro horas y a cualquier acción consecuente para enfrentar el ajuste.
El gobierno ha salido desesperado a buscar inversores, revelando por un lado, el impacto de la crisis mundial en la economía hasta ayer “blindada” y, por otro, un elevado nivel de vasallaje. En Alemania y Finlandia, donde los sindicatos están integrados a los directorios de las empresas, la denuncia ante la OIT ha sido utilizada como un elemento de presión para torcerle el brazo a una burocracia en retirada que hoy acompaña la descarga de la crisis sobre el bolsillo popular y las condiciones de vida de los trabajadores.
Ni bien Pereira anunciaba desde el país nórdico que se había llegado a un acuerdo y que las patronales retirarían la denuncia, el titular de la Cámara de Industrias, Corallo, torpedeaba la versión: “cualquier conversación tenemos que llevarla a Montevideo”; “los puntos de la OIT hay que tratarlos tal cual los pide la OIT, y en cuanto a la ocupación entendemos que tiene que volverse al decreto antiguo, que prohíbe la ocupación”. Vienen por todo.
Los trabajadores no podemos esperar nada: El gobierno se ha empeñado a fondo en la entrega de la riqueza nacional a las multinacionales, exonerándolas de impuestos, implementando zonas francas y garantizándoles ‘la paz social’. El dato más revelador del carácter colonial del régimen actual es la apertura a los pulpos de la celulosa, mientras se despide a 300 trabajadores de la industria del papel.
La burocracia sindical suma su propia descomposición a la del gobierno, porque se referencia en las fuerzas políticas del oficialismo mientras los despidos masivos desfilan ante sus narices.
Por un programa para que la crisis la paguen los capitalistas:
-salario mínimo de $ 35.000
-Prohibición de los despidos, ocupación de toda fábrica que cierre, estatización bajo control de los trabajadores.
-Abajo todos los impuestos a los sueldos, por fuertes impuestos progresivos sobre las grandes fortunas.
-Por un gobierno de trabajadores, para reorganizar la economía sobre nuevas bases bajo control obrero.
