El 27 de agosto se encontraron en el ex Batallón 13 el esqueleto de lo que sería un varón adulto, según informa la revista Martes en base a los primeros indicios.
El batallón 13 siempre fue indicado como lugar de enterramiento de detenidos desaparecidos. Sucede que junto al cuartel funcionaba el Servicio de Material y Armamento donde se encontraba el sitió de detención clandestino “300 Carlos” o “Infierno Grande”. Una verdadera línea de producción de torturas como lo definió un familiar.
Alicia Lusiardo (coordinadora del equipo de antropólogos) resalta que el patrón se repite. Fueron enterrados envueltos, con gran cantidad de cal. “Eso apunta a que las desapariciones fueron hechas planificadamente y de una misma forma” dice Ignacio Errandonea, referente de la organización de Familiares, quienes también denunciaron las dificultades que tuvieron para ingresar al predio del batallón cuando ya se confirmaban los hallazgos. La espera fuera del predio se eternizó por la ausencia de la jueza que no permitía ingresar antes de su llegada a la que sumó las trabas de las autoridades del cuartel que solicitaron una lista de los familiares que iban a constatar el hallazgo. La indignación ganaba terreno entre familiares y hasta el equipo de prensa, finalmente llegó la jueza y se permitió el ingreso, pero cedula mediante. Algunos no la traían consigo, nuevos debates, idas y venidas, finalmente se autorizó el acceso sin el documento, con un detalle; el encargado de la lista fue un soldado que voceaba uno a uno los nombres. Toda una alegoría de los agravios y pesadumbres con la que se han tenido que enfrentar los familiares de los detenidos desaparecidos durante los gobiernos “compañeros” del Frente Amplio.
“El infierno grande” era un enorme galpón y fue el primer centro de detención clandestino propio del OCOA (Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas), antes tenían a los detenidos dispersos en varios lugares de dimensiones más reducidas. Allí fueron reunidos los secuestrados entre 1975 y 1977, “caracterizándose por la gran cantidad de personas recluidas al mismo tiempo y por el perfeccionamiento en los métodos de tortura” (Secretaría de DDHH para el pasado reciente). Se calcula que pasaron más de 600 compañeros durante esos años por el Infierno Grande, pero se especula que los restos pueden ser de los aún desaparecidos: Carlos Arévalo, Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieva, Julio Correa, Julio Escudero u Otermin Montesdeoca, todos miembros del PCU y desaparecidos en el marco de la “Operación Morgan”, primera ofensiva a gran escala contra la estructura del Partido Comunista y su juventud. También en se indica que el sitio es el posible lugar de enterramiento de Elena Quinteros, militante del PVP y del magisterio, emblema de la lucha contra la impunidad y el juicio a los genocidas.
El candidato del oficialismo Martínez, cinismo al por mayor, afirmó que “pese a que se ha intentado muchas veces tirar un manto de olvido sobre esto, hasta que no se sepa qué pasó con cada desaparecido, esta es una lucha que debe continuar”.
En el mismo sentido se pronunció el principal líder de la oposición “se trata de una buena noticia para la familia” expresó Lacalle Pou, y en una exhibición de versatilidad a prueba de balas reconoció que en la campaña de las pasadas elecciones cometió su peor error político al decir que había que dar “vuelta la página” en la búsqueda de los desaparecidos.
Lo cierto es que lejos de estas conveniencias electorales hipócritas el descubrimiento de los restos se abre paso A PESAR del gobierno, que obstaculiza y entorpece a cada paso la batalla por encontrar girones de verdad.
“Hay dos puntos de vista: uno es la investigación y otro es desde las excavaciones. Desde el punto de vista de las excavaciones, estamos realmente conformes. Se vienen haciendo sistemáticamente, no se deja un metro cuadrado de tierra sin dar vuelta, pero es un trabajo demasiado lento, por la falta de información. No se ha constituido un trabajo serio, con potestades, para buscar la información. Hasta ahora se trabaja con información que llega, de buena voluntad. O muchas veces con intenciones de distraer la búsqueda. Información falsa” dice Errandonea, en lo que constituye una poderosa denuncia al régimen tomado de conjunto, por complicidad u omisión.
Bajo los gobiernos del FA se entronizaron a los Huidobros que en 2012 negó el ingreso a la jueza Mariana Mota (que luego sería removida) a los galpones del Batallón 13 con el argumento de que había “armamento secreto”. En el periodo en que presidencia y ministerio de defensa estaban ocupadas por tupamaros la “justicia” misma se transformó en un aguantadero para los torturadores que son beneficiados permanentemente con la mitigación de sus ya holgadas condiciones de reclusión y pena.
Visto en perspectiva no puede sorprender que surja bajo el alero de los gobiernos de Vázquez-Mujica un candidato como Manini Ríos, vocero soliviantado de la pata camuflada del Pacto del Club Naval.
Tres generaciones luchando contra la impunidad, contra el exterminio en los centros de tortura no pueden ser clausurados con un puñado de represores procesados.
Por las vidas que se llevaron y las familias que desguazaron, por cada militante de cada organización: Abajo el pacto con los milicos, apertura de los archivos, cárcel común y efectiva para los genocidas.
