La campaña impulsada por el Senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, “Vivir sin miedo”, se encuentra en un impasse. Luego del gran impulso y la utilización extraordinaria de recursos -camionetas, publicidad y recabadores de firmas pagos- durante la juntada de firmas, el ánimo de Larrañaga se vio atravesado por su precandidatura a la Presidencia de la República, quedando por detrás del novato Juan Sartori.
Por su parte, organizaciones estudiantiles, sociales, juventudes políticas y partidos de izquierda están en una fuerte campaña contra la reforma constitucional que quiere emplear a las Fuerzas Armadas para la seguridad interna y establecer la posibilidad de los allanamientos nocturnos, entre tantas otras medidas regresivas.
Hace más de 25 años que se endurecen las penas, reduciendo de esta forma la posibilidad de utilizar los beneficios previstos para quienes tienen buena conducta en las penitenciarías, estudian o trabajan.
Pese al aumento presupuestal tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Defensa, la criminalidad no ha dejado de crecer.
Los allanamientos nocturnos y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas sean garantes de la seguridad interna ya fue incluido en un proyecto de reforma constitucional que fue impulsado y plebiscitado por la dictadura en 1980 y rechazada por el 57% de la ciudadanía.
Las intervenciones militares suelen darse en las zonas y barrios más carenciados, lo que profundiza la vulnerabilidad de la población que allí vive. Desde el 2010 existe la Guardia Republicana, que ha incorporado efectivos militares con funciones de saturación y represión, equipamiento pesado y entrenamiento especializado de carácter militar. Esta fuerza represiva es la que se utiliza para persuadir en los estadios de fútbol pero también la que ingresó al CODICEN a desalojar a los estudiantes secundarios en 2015. La Guardia Republicana actualmente opera en el PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa). De los más de 2.000 agentes de la Republicana, 1.700 se encuentran hoy en este Programa, dedicado exclusivamente a “combatir el delito” en las zonas más calientes de Montevideo.
Los cálculos son muy sencillos, en una población que no supera el millón y medio de habitantes (de los cuales objetivamente no todos cometen delitos) hay una fuerza especializada con 1.700 efectivos. Además de esto se encuentra la Policía Metropolitana, el GRT y la Guardia Republicana. La política de Larrañaga (y de la que los demás candidatos no dicen mucho -el que calla, otorga) es una política que da garantías para reprimir la pobreza y preparar al Ejército para persuadir cualquier intento de movilización de la clase obrera, como se hiciera con la Guardia Republicana.
Cabe destacar que los gobiernos que han desfilado desde el retorno de la democracia son los que han sostenido la impunidad con la Ley de Caducidad. La pretensión de reformar la Constitución (y el silencio de los partidos patronales) es una línea de continuidad de esta política.
Por otro lado, la propuesta incluye permitir los allanamientos nocturnos: La inviolabilidad del hogar está en la Constitución desde 1830. Esta medida -según Larrañaga- se enfoca únicamente en el combate de las bocas de venta de drogas. En Uruguay lo que le garantiza a los grandes narcotraficantes darle continuidad e impunidad a su negociado es el Secreto Bancario. Esto permite una gran facilidad a la hora de desplegar recursos y moverlos dentro del sistema financiero legal. Esta propuesta no busca combatir las grandes redes de narcotráfico, que son, en definitiva, los pilares del negocio. Busca simplemente llenar el formulario del narcomenudeo con dos o tres casas de venta de pasta base o cocaína mientras aprueban una medida que puede ser utilizada contra cualquier trabajador u organización social, permitiendo incluso durante la noche mayor accesibilidad a hechos de violencia o violación de derechos fundamentales.
Por otra parte, el planteamiento de que debe darse “cumplimiento efectivo de las penas” elimina la posibilidad de que, a través de la buena conducta, el trabajo o el estudio se puedan obtener beneficios, como libertad anticipada, vigilada o reducción de penas. Esta medida tiene como único fin negar la reinserción de las personas privadas de libertad, uno de los pilares fundamentales para evitar la reincidencia y lograr la reducción del delito. Mantener a las personas privadas de libertad por más tiempo no garantiza que no vayan a reincidir.
Las cárceles uruguayas están en emergencia humanitaria, en condiciones deplorables e inhumanas, de superpoblación y hacinamiento. Esta medida pretende encerrar más personas, sin explicar cómo será financiada. ¿Se pretende aumentar el gasto o se pretende bajar más el presupuesto, ya de por sí miserable, per cápita en cárceles?
Esta medida concibe la cárcel como un castigo y objetivo en sí mismo, lo que contradice el art. 26 de la Constitución, que establece: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito.”
Ante esta propuesta reaccionaria y fascista, le oponemos:
- Trabajo genuino con salario mínimo igual a la canasta familiar.
- Control de las Comisarías y Zonas Operacionales por parte de organizaciones de Derechos Humanos y Sociales, para garantizar la no explotación de los detenidos para nuevos hechos delictivos por parte de las fuerzas represivas y las garantías para la sociedad que realiza denuncias.
- 6% del PBI para Anep- UdelaR. El acceso a una educación pública de calidad es LA FORMA
- Basta de detenciones arbitrarias y discriminatorias en las zonas más vulnerables de Montevideo.
En Octubre, ningún voto a las botas.
La Reforma no es la forma.
