Publicado en el semanario Voces el 2 de diciembre
La cuestión de la seguridad ha cobrado una inusitada importancia en la vida cotidiana de la población, en especial en las ciudades. En todas partes del mundo, sin embargo, los aparatos encargados de velar por la protección ciudadana no han hecho otra cosa que ensancharse y perfeccionarse tecnológicamente. La policía de Uruguay no escapa a esta tendencia mundial, con cuerpos cada vez mas especializados y mejor pertrechados. La fuerza de partidos combinada que gobierna actualmente, cuando aún aspiraba a tener el mando del Estado y siendo unos de sus puntos fuertes de campaña, se auto asignaba como el mejor preparado para resolver los problemas vinculados a la inseguridad. El fracaso en este terreno ha sido total, y no podía ser de otra manera. Los primeros movimientos, según se sabe ahora, del difunto ministro Larrañaga fue “depurar” la policía de lo que entendían eran funcionarios “pro-Bonomi” (la definición es de Gabriel Pereira). En la volteada cayó Layera, director de la policía durante el gobierno anterior, pero no sólo. Lo que se señala en resumidas cuentas es la existencia de una purga policial, lo que obligó a echar mano a antiguos jerarcas, relegados a una segunda línea durante las administraciones del FA.
La crisis policial envuelve también a las intendencias, la mayoría en manos del Partido Nacional, ya que varios Intendentes habrían presionado para que, en las jefaturas correspondientes, hoy en el ojo de la tormenta, se encumbrara a agentes de su palo. El caso de Cerro Largo es el más escandaloso. Con un jefe de policía que, hacia la vista gorda al contrabando, que ya había sido cesado en 2018, y que el Intendente, Yurramendi, en un acto de complicidad desvergonzado salió a respaldar luego de ser por segunda vez destituido. Posteriormente se destapó había hecho campaña pública para que Yurramendi llegara a la intendencia arachana. En todos lados se cuecen habas, pero en Cerro Largo al parecer SOLO se cuecen habas.
El hecho viene a dar por tierra con la pavada hecha máxima de que “la policía se depura sola”, primero porque los saneados bajo un gobierno retoman sus antiguos puestos cuando llega otro y segundo porque los que caen en desgracia lo hacen por denuncias periodísticas. Asuntos Internos no cumple ningún rol o a lo sumo uno negativo, pues, de acuerdo a la información, reiteradamente deriva la investigación de las denuncias que le llegan en agentes vinculados a las Jefaturas que deben ser investigadas, lo que termina en entorpecimientos o directamente en represalias hacia el interior de la policía por el buchonaje reciproco que reina en un cuerpo cada vez más corrompido
Los casos de complicidad con el delito son numerosos. Cada día que pasa se suman nuevos. Se ha removido, según la Diaria, al 42% de los jerarcas asignados hace veinte meses, cuando asumió el gobierno. Enumerarlos no aporta sustancialmente, y es información al alcance de cualquiera; la crisis policial es un hecho conocido. Lo importante es señalar que ninguno de los dos actores principales en el tablero político tiene una salida al problema de la seguridad. Heber (Larrañaga antes) y Bonomi representan dos lobbys policiales, hasta cierto punto rivales. Las distintas medidas llevadas acabo tanto por el FA como la actual coalición multiderechista, de “empoderamiento” de la policía no ha movido la aguja contra los crímenes y delitos. Sucede que la lucha contra la inseguridad cotidiana es una lucha contra el Estado y su aparato de conspiración y brutalidad contra el pueblo. Sólo encarada desde este angulo puede ser consecuente. El FA esta incapacitado incluso en su rol de oposición para desenvolver una lucha de esta naturaleza; su campaña durante el balotaje fue “DOS MIL POLICIAS MAS PARA EL PADO”. Es decir, un crecimiento descomunal del aparato represivo. Su “agenda”, para utilizar un termino en boga, se hacía ostensiblemente más derechista al punto de no diferenciarse de su contrincante electoral.
Frecuentemente escuchamos que la seguridad es un asunto de la derecha, del que la izquierda se sustrae. Incluso es aceptado ampliamente que fue la causa que hizo perder la elección al Frente Amplio. La derecha hace eje con la inseguridad para enmascarar que ésta es producto del Estado en descomposición que defiende. La centroizquierda integrada al régimen burgués ahora relevada del gobierno esquiva el asunto por que no propicia el desmantelamiento, esto es, el derribo del Estado capitalista, sino su embellecimiento. En este último caso tampoco es correcto hablar de reformas. En estos días han salido a la luz datos que revelan la extensión de los abusos cometidos por los cascos azules en Haití, presentes en el país entre 2004 y 2017. Los uniformados, una fuerza combinada bajo el alero de la ONU, según la encuesta, dejaron 265 niños no reconocidos en el país. Con un 28% los militares uruguayos encabezan esa estadística. Quienes propiciaron este atropello contra un pueblo hambreado y diezmado están incapacitados para dar respuesta a la corrupción de los aparatos de represión. Defienden el orden realmente existente. Son un producto vencido.
La amplitud de la corrupción se explica por la considerable autonomía alcanzada por la fuerza policial, que en realidad termina rindiendo cuentas a una burocracia de cuño propio. Por otro lado, es un cuerpo que se ha perfeccionado cada vez más en la represión política y social. El trabajo de inteligencia, paraestatal y de persecución es una necesidad del propio Estado como reacción ante una mayor polarización y derrumbe social. Elevados por encima de la sociedad se emancipan y crean sus propias redes, negocios y cajas. El narcotráfico, por nombrar al más extendido, no puede prosperar sin complicidad policial, esto lo sabe cualquier vecino. Pero no solo la venta en las bocas de los barrios que destruyen a la juventud sino también el gran narcotráfico que se va en contenedores por la aduana, de la que forman parte las grandes empresas exportadoras, y luego los bancos, el juego y la especulación inmobiliaria por donde se realiza el lavado.
La crisis en el sector encargado de la contención y control de la población no puede ser explicada como la defección de un mal funcionario que agarra una coima. La corrupción policial, antes que nada, es un indicador de primer orden de la tendencia disolvente del estado en sus arterias vitales, las agencias de represión.
La clase trabajadora debe tomar en sus manos la lucha contra la inseguridad, esto es en primer lugar disolver los aparatos de represión y el remplazo de los gobiernos capitalistas que se apoyan en estos por gobiernos de trabajadores apoyados en comités de obreros y el pueblo que trabaja.
