Al termino de esta nota se conoce que el ministro del Interior Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel y el asesor presidencial Roberto Lafluf han presentado renuncia a sus cargos.
La difusión de los audios que la ex vice canciller Carolina Ache tenía en su poder, donde queda en evidencia el papel del canciller Bustillo (quien acaba de renunciar a su cargo) en el intento de eliminar conversaciones que demostraban que el ministerio del interior y cancillería sabían, al menos desde 2021, que Sebastian Marset era un importante capo narco. La conspiración envuelve a la cúpula del ministerio del Interior y al propio presidente. Marset estaba preso en 2022 en Dubai por ingresar con un pasaporte paraguayo falso. Los trámites exprés de cancillería uruguaya permitieron que se le entregara un pasaporte uruguayo en tiempo récord, lo que lo habilitó para dejar la cárcel del emirato y mantenerse prófugo hasta el día de hoy.
Carolina Ache a todo esto había sido obligada a renunciar y su partido, el colorado, ni siquiera atinó a defenderla. La ex funcionaria defenestrada, quien había mantenido conversaciones con el segundo del Ministerio del Interior, Maciel, donde este le advertía que Marset era un importante narco, tuvo la cautela de protocolizar por escribano esas conversaciones de WhatsApp y enviarlas como parte del material a entregar por parte de cancillería a la justicia. En el ínterin, sabemos ahora por la propia Ache, esa carpeta desaparece, y desde presidencia se le solicita que entregue una nueva bajo los mismos términos pero sin esas conversaciones. Ache no sólo se niega, sino que presenta como pruebas audios telefónicos que mantuvo con el mismo Bustillo en los que este le sugiere que “pierda” su celular. En todo este complot aparece una figura poco conocida pero clave, Roberto Lafluf, asesor de imagen del presidente y un colaborador muy estrecho. Lafluf es quien convoca a Ache a una reunión en Torre Ejecutiva invocando al propio Lacalle Pou, y recomienda “ingresar por el garaje”, es decir a resguardo de miradas indeseadas. Esta conducta, digamos de paso, es la misma que vimos en ocasión de otra crisis del gobierno, el llamado caso Astesiano, el custodio que hacía y deshacía en las narices del presidente y que indicaba esas mismas prácticas a quienes citaba para sus negocios oscuros. Estamos ante un modus operandi. En esa reunión es que Lafluf le pide a Ache que no entregue a la justicia los chats con Maciel, el viceministro de Interior, donde este admite saber quien es Marset antes de que se le entregara el pasaporte. Según algunos trascendidos, Lacalle Pou habría pasado a saludar a quienes estaban reunidos y luego se retiró. Sea como sea, llegados a este punto es impensado que el presidente desconociera la situación y lo que se estaba cocinando. Hablamos de dos subsecretarios y su colaborador más cercano coordinando acciones para trampear a la fiscalía a metros del despacho presidencial.
El fondo del asunto es que este hecho acumulado en el tiempo con otros, expone el verdadero rostro de la democracia como un sistema de encubrimientos recíprocos en las altas esferas, de negocios turbios y potencialmente del entrelazamiento con el narco. Los ministros le mintieron al parlamento, y burlaron los sistemas de “contralor” con los que aburren los campeones de la institucionalidad. El régimen parlamentario no puede sustraerse de la economía de mercado, ni de sus negocios ilegales, de la cual es su complemento precisamente institucional. Como cita el periodista Carlos Peláez en Caras Y Caretas en una conversación con una fuente de la Secretaría Antidrogas (SENAD) de Paraguay: “Como usted sabrá, en mi país hay un altísimo índice de corrupción en el sistema judicial, lo que nos impide lograr condenas para grandes contrabandistas y narcotraficantes. Es más probable que uno de nosotros termine con un tiro que algunos de ellos preso”. Esta descripción importa porque la trama Marset esta conectada directamente con ese país, donde las advertencias a las autoridades uruguayas llegaron reiteradas veces sin que aquí se hicieran eco.
Por esto mismo, la declaración del Frente Amplio es un procedimiento para sacar las papas del fuego al gobierno. Esto es reconocido por propios y extraños: “Nuestros parlamentarios estarán prontos para actuar, pero también nuestra fuerza política para poner el hombro para la reconstrucción de la institucionalidad en Uruguay”, o sea, normalizar el estado de cosas. Esto incluso cuando todavía ni se conocen los alcances de estas conspiraciones.
Lo ceremonioso de la declaración delata la farsa, porque nadie cree que el FA actúe por fuera de esa institucionalidad. La necesidad de remarcarlo habla montones de la calidad y condición de esa fuerza política, pretendidamente de izquierda.
Lacalle durante toda esta sucesión rapidísima de hechos estuvo inconmovible en Estados Unidos nada menos que en medio de una injerencia cada vez mayor de esa potencia en la escalada que se desarrolla en Medio Oriente. El gobierno está atado con alambres, con escándalos a repetición que no le han dado respiro, y con su propia tropa reclamando cabezas. Manini Rios fue más lejos y habló de juicio político al presidente. El oficialismo está en desbande, no importa lo que marquen las encuestas sobre la figura presidencial.
El clima político no podría ser más prometedor para incentivar entre los trabajadores, esto es, una campaña para ganar la atención de las masas por una salida obrera y socialista a todas estas porquerías.
