Publicado en el semanario Voces, jueves 25/3
Una resolución del 11 de febrero del ministerio de economía donde se consigna la exoneración de impuestos al equipamiento para un nuevo estudio jurídico de nada mas ni nada menos que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, y que tomó estado público recientemente, ha reavivado el debate sobre los gastos y la utilización de los dineros públicos. Aunque todos esgrimen que estos procedimientos se encuentran dentro de la ley, sobrevuela el fantasma de la corrupción, que en el periodo reciente ha ocupado un lugar especial en la crisis de los distintos regímenes políticos de la región. Pero además porque cualquier ciudadano descifra estos tejemanejes como una forma de corrupción legalizada.
Ante la polvareda que se levantó Alfie renunció al beneficio en acuerdo con el presidente, lo que provocó que desde el FA se los fustigara, ahora, por desistir de la exoneración solo porque el documento había tomado estado público. En el trascurso de una cosa y la otra desde filas del Partido Colorado, anuncia el semanario Búsqueda, “manejan documentación que muestra que el FA recibió en 2019 un beneficio tributario de varios miles de dólares por la importación de gorros, camperas y banners para la campaña electoral de ese año”. Hablando en plata ¿cuáles son los montos que el estado dejó de morder? En el caso de Alfie $ 400 mil pesos, en el de los banners del FA, 19 mil dólares, a la cotización de hoy algo así como $850 mil pesos. En resumen, chirolas.
De un modo más amplio hay que señalar que estos favoritismos y clientelismo se da siempre en un marco de complicidades reciprocas entre los partidos que se turnan en el poder y delatan el entrelazamiento de las administraciones con las firmas y estudios de abogados, frecuentemente interconectadas a su vez con grandes monopolios. Sin ir más lejos, la empresa minera Aratiri uso un informe de Alfie que la favorecía en el juicio que inicio contra el estado uruguayo.
La indignación desmedida grafica lo vulgar del debate (es la expresión correcta) y más importante aún, su función distraccionista. La bancada del FA, se apresta a interpelar a la ministra de economía Arbeleche no por la falta de medidas dirigidas a la población para que pueda hacer frente a la pandemia o al menos practicar una cuarentena apropiada, sino por la eliminación de un gravamen a un jerarca para lo cual calcula puede sacar un redito electoral futuro, una demostración de arribismo sin límite. Por otro lado, ridículo en comparación a las exoneraciones que se entregan a los capitalistas de todo pelo, todo el tiempo.
La clase obrera ha visto carcomida rápidamente sus condiciones de vida. La crisis de vivienda, transporte y la precariedad laboral no han tenido ninguna respuesta ni de la seudo oposición política ni de su correlato sindical representada en la dirección del PIT-CNT. La burocracia va a utilizar el repunte de contagios como pretexto para un repliegue aún más pronunciado.
El gobierno hace equilibrio apoyado en un armado pegado con cola. Después de dilapidar el esfuerzo de la población, está jugado enteramente a una vacunación que se estira mas y mas en el tiempo. Las opciones se acaban. Uruguay ha ingresado con fuerza en la crisis desatada por el manejo capitalista de la pandemia, que en nuestro país amenaza no sólo con un colapso sanitario que ya nadie niega, sino con una crisis política en regla.
El presidente lanzó una advertencia contra las aglomeraciones: “Vamos a aplicar la ley vigente”, dijo en un tono de inconfundible naturaleza represiva con la mira puesta en las protestas.
Es necesaria una gran clarificación política que concentre la tensión en una lucha de clases contra el gobierno y todos el sistema político que lo apoya de forma directa o indirecta.
