El debate parlamentario del “Plan de vivienda popular” de la UP concitó un interés concentrado. La expectativa no es menor, ya que el problema afecta a porciones enteras de la población trabajadora y la juventud.
En la exposición de motivos de la ley presentada por Rubio y apoyada por el resto de la oposición parlamentaria se dice: “El pago de la vivienda será por medio de cuotas mensuales equivalentes al 10% del ingreso del núcleo familiar hasta cubrir su costo o durante 25 años.” La ecuación ya delata una deuda a perpetuidad.
El conjunto de la ley cuenta con treinta artículos, de los cuales cinco no fueron aprobados, entre ellos el 13, referido nada más y nada menos que a la expropiación de tierras. La derecha no dio sus votos y la bancada oficialista salió rauda a “denunciar” la inconsecuencia de la precaria coalición formada que dejó en minoría al Frente Amplio en la cámara de diputados.
Tampoco se aprobó el articulo 5, que refería a la financiación (1% del PBI), ni el 9: “El Estado suministrará los materiales básicos al menor costo posible y se encargará de realizar las importaciones de los materiales necesarios fijando el precio en el mercado nacional. Exonérese de tributos toda adquisición, transporte y depósito de materiales de construcción con destino a ser empleados en el Plan Nacional de Vivienda Popular.” Quedaron de manifiesto las limitaciones brutales de una mayoría patronal y las ilusiones de la izquierda parlamentaria en alianza con ésta.
La subordinación política es reivindicada como “táctica” por los padres de la criatura, con los correspondientes elogios entre Lacalle Pou y Rubio.
Frente Amplio
La entente entre los frenteamplistas “de la planta” y la derecha no dejó de transformarse en una piedra en el zapato para el oficialismo. El coordinador de bancada Alejandro “pacha” Sánchez argumentó el voto en contra al proyecto porque no contemplaría fuentes de financiación. Lo mismo afirmó Gerardo Nuñez, del PCU. El pretexto pueril desnuda una bancarrota a repetición del ‘ala izquierda’ del partido de gobierno, que le abrió un campo de demagogia sin parangón a la derecha alrededor de una reivindicación popular que el FA no ha logrado ni empezar a solucionar, y que sólo ha contado para ello con medidas cosméticas como el “Plan Juntos” y otras cortinas de humo. Esto sin contar el desaire del diputado “rebelde” Dario Pérez, que ya se encuentra en una ruptura política sin camino de retorno.
El Frente Amplio no tiene ningún plan alternativo al engendro de Rubio. El proyecto para topear el precio de los alquileres presentado por el PCU es un disparo al aire para engañar crédulos. Fue cajoneado por el propio oficialismo y ahora promete volver en una versión más lavada. El punto de contacto entre ambas propuestas, el respeto sagrado a la propiedad privada, demuestra el tronco común del que provienen las fuerzas políticas que las impulsan.
Parlamentarismo
Para que la presencia de diputados obreros pueda ser aprovechada por la izquierda revolucionaria, es necesario un método donde la lucha de clases, esto es, la movilización de los trabajadores y la organización, no esté subordinada a la labor en los despachos y la batalla palaciega. El parlamentarismo es, por un lado, la oportunidad de llevar la propaganda socialista a las grandes masas, pero al mismo tiempo un mecanismo de legitimación del Estado y una presión para sustituir la lucha de clases por el arbitraje del sufragio y la representación popular. En el campo de la burguesía, las fracciones democratizanes o simplemente demagógicas, utilizan la labor legislativa para bloquear la acción directa de los trabajadores, casi siempre instigada por la burocracia de los sindicatos o con su colaboración. El 26 de marzo tiene una trayectoria suficiente como para saber que la tarea de los parlamentarios que se reclaman socialistas no es abrir una expectativa positiva en los partidos patronales, sino al revés, advertir a los trabajadores acerca de las maniobras conspirativas de estos partidos contra el pueblo.
Nuestro planteo es:
-Que el Estado disponga una masa de recursos monetarios para la puesta en marcha de un plan de viviendas que solucione de manera integral e inmediata el actual déficit habitacional.
-Que esos recursos provengan de la aplicación de impuestos a la renta de las grandes fortunas privadas y corporativas.
-Que esos recursos se centralicen en una banca única estatal, bajo control de los trabajadores, y se presten a tasa cero (sin intereses).
-Restablecimiento de un Fondo Nacional de Vivienda, controlado por los trabajadores, financiado con impuestos al gran capital y especialmente a los especuladores inmobiliarios.
QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS
