Publicado en el semanario Voces el 6/6
La intoxicación del director del Centro de Máxima Contención del Inisa al beber un jugo que contenía Diazepan destinado a los muchachos ha destapado por enésima vez el abuso cotidiano al que son sometidos los menores privados de libertad en nuestro país.
El episodio revela un caos profundo porque al hecho ya de por si gravísimo de dopar en forma secreta a los internos por medio de un brebaje se suma que la máxima autoridad de la cárcel desconocía u olvidó esta repugnante práctica.
Con todo, el caso despertó el esperable repudio de toda la galaxia a la vez que se retiraba la pata del lazo. “Afines del año pasado la Institución Nacional de Derechos Humanos había aconsejado el cierre del centro de Máxima Contención luego de que se suicidara un adolescente que estaba recluido en ese lugar. Ese fue el tercer suicidio del año. Sin embargo, el Inisa aseguró que en el corto o mediano plazo le es imposible cerrarlo” (El observador 27/5)
Lo que se desmorona es una política. Ahora todos salen a pedir cabezas, los más hipócritas son los partidos entronizados en el gobierno y el parlamento. Las tropelías como la del jugo con droga sólo puede explicarse en un contexto más general, en un clima de criminalización permanente. Los medios de comunicación han fogoneado una campaña de demonización y los partidos que han gobernado en las últimas décadas (blancos, colorados y frenteamplistas) han endurecido las penas contra los adolescentes en forma sistemática. No tienen autoridad para acusar a nadie, son los autores intelectuales de estos desmanes contra los muchachos.
Los representantes del oficialismo en el parlamento votaron con sus diez dedos el endurecimiento del código penal contra los menores. Las campañas de los Larrañaga se apoyan en estas tendencias reaccionarias que han ganado terreno ininterrumpidamente en el frente amplio (con sus sectores “díscolos” incluidos)
El Frente Amplio gobierna hace quince años ya no puede hablar de “herencia maldita”: lo que sucede en esas cárceles juveniles es su responsabilidad, como es también su responsabilidad el hacinamiento y las condiciones infernales que se viven en las cárceles para mayores.
En el gobierno de Mujica se consolido (con Villaverde y Salsamendi) una política de mayor represión, con el argumento de “evitar las fugas”. Para llevar adelante esta política debieron tomar más trabajadores (contemplando en parte la demanda del sindicato), y pese a que se prometía hacer énfasis en la rehabilitación la realidad es que se construyeron cárceles para mantener encerrados a los muchachos.
Hay que recordar que Villaverde fue designado pese a que años antes (2010) había declarado que los jóvenes que habían cometido faltas graves eran “irrecuperables”, llegando a justificar hasta la pena de muerte: “La ruptura de este joven con la sociedad es de tal grado que no puede formar parte de la misma. Lisa y llanamente, hay que erradicarlo de la sociedad, y hay dos fórmulas: una es la [cadena] perpetua, y la otra habría que ir a Irán, China [países donde rige la pena de muerte, incluso a menores de edad] o algún estado de Estados Unidos para ver cuál es la solución.”
Ahora que todos agrandan los ojos ante las extravagancias de Zubia, Villaverde hace diez años decía: “Hay que dejarse de embromar. Sería bueno que una nueva discusión fuera sin jugar a las barbies, como venimos haciendo de un tiempo a esta parte.” Lo notable es que estos elementos fueron ascendidos durante el gobierno de Mujica que según la teoría del “ala crítica” del FA iba a producir un “giro a la izquierda”. Aquellos polvos trajeron estos lodos, aún hoy esperamos un balance de tal pronóstico.
Luego vino Fulco (que tiene una guerra contra el sindicato desde el día uno) que pretende, junto al gobierno, volcar la responsabilidad por las condiciones en que son hacinados los jóvenes y en que trabajan los funcionarios en el sindicato y sacar de la línea de tiro al Estado. Un cinismo de proporciones.
Otros actores que intervienen apuntan a utilizar las denuncias a su favor, hay quienes hacen negocio con el cuidado de los menores, y que quieren avanzar en la privatización del sistema penitenciario (de menores y adultos).
Salida
El disgusto generado debe ser canalizada hacia la denuncia del Estado, que es el responsable, y a reclamar que se modifique la política de criminalización de la juventud, terminando con el endurecimiento de las penas y con las cárceles para jóvenes. Para que haya algún tipo de “rehabilitación” hay que terminar con las condiciones brutales de encierro y de trato a los muchachos y entre otras cosas mejor las condiciones de trabajo de los funcionarios. Hacinando pibes, manteniéndolos enjaulados durante todo el día, con escasos funcionarios para atenderlos y que viven en constante tensión, es el mejor camino para que progresen los peores vejámenes contra los internos. Descargar luego la responsabilidad sobre los propios funcionarios colocados en esa situación, es de un completo cinismo. Los responsables, son el gobierno, los jueces y los legisladores, es decir: el Estado.
Los candidatos del FMI no le pueden garantizar trabajo, acceso a la educación y la vivienda a la juventud por eso su única salida es la cárcel y la alienación a través de las drogas consumidas de forma voluntaria o a la fuerza combinado el encierro con la destrucción de la personalidad
El que no plantea cambiar el régimen de arriba abajo y de lado a lado y clama por “reformas”, “políticas” y “lógicas” distintas (Culales?) juega al curanderismo social. EL REPONSABLE ES EL ESTADO, el estado esta podrido, hay que desmantelarlo por medio del gobierno de los trabajadores.
Todo lo demás es distraccionismo.
