El Ministerio del Interior acaba de publicar en su portal web un comunicado que es un manual de tergiversación y macartismo.
La cartera encabezada por Bonomi responde a la convocatoria a marchar a dos años del desalojo del Codicen realizada por un conjunto de gremios estudiantiles de secundaria en un hecho inédito en lo que a comunicación institucional se refiere. La convocatoria de los compañeros, adolescentes todos, y por tanto sin recursos económicos para difundir su iniciativa fue el objetivo de nada más y nada menos que un ministerio, con todo lo que implica ya se advierte la desproporción del adversario con quien se elige hacer un contrapunto. La sola respuesta indica el acierto de la convocatoria, punto para los estudiantes.
La misiva ministerial es una batería de falsificaciones groseras, que persigue darle protección política, al grupo de choque que envío a apalear estudiantes y preservarse así mismo: [“…fue suficientemente probada la inexistencia de los hechos que denunciaran los promotores de la ocupación con la prueba fílmica de aquel recordado ingreso de la Policía que no encontró a los supuestos estudiantes que ocuparon aquellas instalaciones.”] La presencia de estudiantes en el lugar es algo que solamente puede negar un mitómano contumaz. El desmadre generado por la acción unilateral de la policía al violentar las entradas y avanzar sobre los manifestantes que se solidarizaban fuera de las instalaciones produjeron el caos en que los manifestantes pagaron el costo más alto, lejos.
Las apelaciones del comunicado de que: [“en aquella oportunidad el procedimiento policial contó con la presencia de un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos – Dr. Juan Faroppa- quien manifestó públicamente que “en el desalojo del Codicen no hubo un procedimiento policial dirigido al uso ilegal de la fuerza”]. El desbarranque llegado a este punto es total: dice el Instituto de Derechos Humanos, desautorizando al propio Faroppa:
[“…se constata que varios efectivos se salieron de su formación y usaron sí la fuerza de manera desproporcionada, abusiva y arbitraria”], es más solicita al gobierno, [“la derogación del decreto que habilita a la policía, a proceder al desalojo de oficinas públicas”.]
El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) va aún más allá afirmando que:
[“la Guardia Republicana actuó como en “el secuestro de un banco” y que existió un “retroceso del Estado de Derecho observado a lo largo del conflicto en la educación”] (Montevideo Portal)
El abogado Martín Fernández cuestionó en aquel momento “la participación de una fuerza de choque como la Guardia Republicana y de un operativo que implicó ingresar por una puerta lateral “como si se tratara del secuestro de un banco”.
“Según Fernández, la situación que se había planteado con la ocupación del Codicen no afectaba ningún derecho privado que tuviera que ser resuelto de forma urgente, por lo que podría haberse evitado la acción en la noche”. (Idem)
“El abogado recordó que la Constitución impide el ingreso de la Policía a las casas por la noche “por una cuestión de seguridad” y estimó que la estrategia policial debió tener en cuenta ese aspecto, a pesar de no tratarse de una vivienda.”
A través de un comunicado, la organización cuestionó además el uso de la fuerza y afirmó que “no se puede equiparar el proceder de los agentes encargados de hacer cumplir la ley con el de la población en general, salvo que se pretenda justificar formas de proceder que se apartan claramente de la ley y constituyen manifestaciones de violencia institucional”. (Idem)
Y se pregunta
“¿Es legal seguir golpeando a una persona ya reducida? El comunicado del Ministerio del Interior posterior a la represión bordea esa delicada línea y termina aportando a la justificación de los excesos, situando al Poder Ejecutivo como vocero de un discurso policial que promueve la confrontación y reprime la protesta, con afirmaciones como la siguiente: ‘los efectivos no se van a dejar pegar’, según palabras del ministro del Interior”. Lapidario.
El punto 5 del falaz comunicado de Interior asegura:
[“que se construyó un relato falso sobre aquellos hechos que fue contundentemente demostrado por las pruebas aportadas oportunamente. La Policía nunca se enfrentó a los estudiantes que ocuparon el edificio, por tanto, nunca existió la represión que argumentaron quienes defendieron afuera aquella falsedad, emprendiéndola violentamente contra las fuerzas policiales”] busca reinstalar la versión policial influenciando en los fallos de un proceso judicial abierto, es decir sin una sentencia que avale los dichos de este comunicado, que tiene en el redil a una decena de compañeros.
El operativo para culpabilizar a los militantes desnuda la “radicalización” de parte del Estado contra quienes luchaban por un mayor presupuesto y exigían sean recibidas sus demandas, objetivo último de la ocupación y las diferentes medidas emprendidas por los gremios de profesores y estudiantes.
La energía de nuestra respuesta política al macartismo oficial debe neutralizar el potencial de violencia reaccionaria que anida en todo el “relato” del gobierno y los aparatos de represión que aloja en sus entrañas.
* Camilo Márquez, uno de los once procesados producto de la represión del CODICEN
