En los últimos días, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, se produjeron muertes de trabajadores en el ejercicio de sus tareas. El elemento en común es la responsabilidad de los Estados gobernados al servicio del capital por Macri y Vázquez. No dotar del presupuesto necesario a los servicios sociales brindados por el Estado, así como tercerizar y precarizar el trabajo y las condiciones en que se realiza, responde al sometimiento de ambos gobiernos a las condiciones impuestas por el gran capital financiero. Ni en Argentina son diferentes las condiciones de trabajo de los obreros tercerizados y precarizados, ni en Uruguay las de los trabajadores de la enseñanza pública.
Las víctimas del vaciamiento presupuestal
El pasado 1° de Agosto, día en que se conmemora en nuestro país el Día del Trabajador de la Educación Detenido Desaparecido, nos enteramos que, en la vecina orilla, la política de vaciamiento de la Educación emprendida por el gobierno de Macri, se cobró dos vidas: una docente y un auxiliar de servicio murieron víctimas de una explosión ocurrida en la Escuela N° 49 de Moreno, Provincia de Buenos Aires. La misma fue provocada por una fuga de gas denunciada por la Dirección del centro ocho veces, si, ocho expedientes que durmieron en algún escritorio, ocho oportunidades de resolver el problema, ocho veces que el Estado se negó a resolver un problema muy concreto: una fuga de gas. Frente al cinismo de las autoridades, docentes, padres y vecinos protagonizaron una importante movilización.
Este dramático episodio, tiene su origen en el brutal ajuste que los gobiernos están desarrollando a lo largo y ancho de América Latina, siguiendo a pies juntillas las “recetas” del FMI, tendientes a reducir el déficit fiscal, recortando en salud, educación y vivienda, al tiempo que privatizan estas áreas y el Estado en general. Esto sirve a dos objetivos: por un lado, se reduce el déficit fiscal, ampliando el margen de dinero para pagar la deuda externa (sin tocar ni un peso de las exoneraciones millonarias al capital privado). Por otro lado, abre nuevos nichos de lucro al capital, que no cesa en su búsqueda de ganancias.
¿Y por casa como andamos?
Este fenómeno que explicamos sucintamente a nivel internacional, tiene su correlato (con variaciones locales) en Uruguay. Una de las características más destacadas del ajuste en nuestro país, es que está siendo desarrollado por una fuerza política que se autodefine “de izquierda”, que cuenta con una burocracia sindical que oficina de contención para la unificación de las luchas (elemento clave para el triunfo de los conflictos parciales)
Hace días, el capital también se cobró la vida de un trabajador, en este caso del sector privado, que desempeñaba funciones para una de las cadenas de supermercados más importante del país: Disco. La empresa tercerizada, SIPRA, obligaba a sus trabajadores a desempeñar funciones que no correspondían con su salario, sin las medidas de seguridad necesarias. El supermercado siguió funcionando, tras limpiar la mancha de sangre del compañero con pan rallado, antes de que se realizaran las pericias correspondientes y sin comunicar el hecho a la Comisión de Salud Laboral. La respuesta de los trabajadores fue un paro de varios sindicatos, con una concentración en el local donde ocurrió el hecho: sin embargo, la FUECYS se negó a votar un paro nacional, limitándose a denunciar públicamente la situación. El SUNCA, por su parte, desarrolló días después, otro paro parcial.
La descripción anterior busca ilustrar un accionar generalizado: una burocracia que desampara a los trabajos que luchan, un conflicto que no logra unificarse, una muerte que sigue impune.
El movimiento obrero debe desarrollar su propio programa y su propio partido
Frente a este cuadro, los trabajadores no podemos mantenernos al margen de los acontecimientos. El capital está desplegando su plan de ataque, que avanza a medida que encuentra una oposición aislada y limitada a conflictos sectoriales.
Por los compañeros asesinados por el Estado y el capital, exigimos justicia y cárcel para los responsables políticos y materiales.
A su vez, es necesario que los trabajadores organicemos comisiones en cada lugar de trabajo para analizar las condiciones para desempeñar las funciones, parando para exigirlas en el caso que no estén dadas.
El Estado debe obligar a las patronales a cumplir con la responsabilidad de garantizar la preservación de la vida y la integridad física y mental de los trabajadores. La reducción de la jornada de trabajo sin pérdida salarial, salarios y jubilaciones de media canasta en lo inmediato, no aumento de la edad jubilatoria, presupuesto acorde para educación, salud y vivienda, se tornan urgentes.
El Partido de los Trabajadores coloca la construcción de una alternativa política a esta crisis que se está descargando sobre la clase obrera. Un programa de salida, sobre la base de la unidad socialista de América Latina y el gobierno de los trabajadores.
Andrés Mancioni – Natalia Leiva
