En un inicio de cursos caracterizado por los contagios y cuarentenas, por los grupos que aún no tienen designados a la mitad de los profesores, y por las clases superpobladas al haberse eliminado miles de horas docentes, el Consejo de Secundaria y el CODICEN han lanzado un ataque a los derechos democráticos de los trabajadores de la enseñanza pública.
La suspensión y el sumario a quince docentes del Liceo 1 de San José, por haberse sacado fotos con carteles contra la reforma llamada “Vivir sin miedo” de Jorge Larrañaga, constituye un ataque a las libertades democráticas. Para llevar adelante esta ofensiva derechista se recurre a la acusación de que violaron la “laicidad”. Cualquiera con acceso al diccionario de la Real Academia Española puede constatar que la laicidad se define como el “Principio que establece la separación entre la sociedad civil y la sociedad religiosa”, es decir, exactamente lo contrario a lo que pretenden los oscurantistas y clericales que están en el gobierno. Los defensores de la enseñanza confesional y privada se apropian de la laicidad para atacar las libertades públicas.
No es la primera vez que los políticos colorados y blancos usan esta muletilla para atacar a los docentes. Pero antaño lo hacían para cuestionar y sancionar a profesores que enseñaban por ejemplo qué es el marxismo en sus clases, que promovían el pensamiento crítico y científico. En otras palabras: la laicidad usada como punta de lanza contra la libertad de cátedra.
Ahora la coalición multi-reaccionaria ha superado aquellos antecedentes, ya que los docentes se sacaron fotos en un liceo (algunos de ellos) pero sin la presencia de estudiantes. Difícilmente se pueda sostener el absurdo de que así estaban “lavando el cerebro a los estudiantes”, como suele decir esta derecha cavernícola. Si alguna foto se tomó en el liceo, en un día inhabil y sin estudiantes, es lo mismo que si la hubieran tomado en la plaza o en una casa particular. No hay ninguna violación de la laicidad.
La Directora del Consejo de Secundaria también ha emprendido una campaña anti-sindical contra el sindicato de trabajadores no-docentes. El compañero Pablo De León, presidente de ATES, ha sido también separado del cargo y está siendo sumariado, acusado de haber usado palabras inapropiadas en una reunión bipartita, o mejor dicho, luego de que terminara una reunión bipartita virtual -dirigiéndose a sus compañeros y no a las autoridades. La pretensión de sancionar al dirigente sindical que está actuando en el marco de sus fueros sindicales, y no como funcionario en el marco de sus funciones, constituye otro atropello a los derechos laborales y sindicales por parte de los gobernantes.
Toda esta ofensiva muestra cuál es el objetivo de la reforma anti-educativa que está incluida en la Ley de Urgente Consideración (LUC), que vino a dar una vuelta de tuerca en la subordinación de la enseñanza pública al gobierno de turno, eliminando los consejos colegiados (y con participación docente) y sustituyéndolos por una dirección unipersonal. La LUC establece una reforma que retrotrae a la época del pachecato, con la intervención de Secundaria por el gobierno, y luego con la creación del CONAE (Ley Sanguinetti, aprobada en el gobierno de Bordaberry). La reforma anti-educativa de la LUC pasó sin que hubiera una respuesta desde el movimiento obrero ni por supuesto desde el Frente Amplio -que por el contrario votó gran parte de la LUC. Ahora se comprueba que esta ley profundiza la pérdida de autonomía de la educación, y ni hablar de la participación docente -incluso minoritaria y testimonial que establecía la anterior ley de educación.
Convocamos a redoblar la movilización contra estas sanciones anti-democráticas, a luchar por la verdadera autonomía y cogobierno de la enseñanza pública, y a reclamar un nuevo paro general de la CSEU y el PIT-CNT por el reintegro de los compañeros sancionados.
