Mientras el fracaso del inicio de cursos se expresa en las miles de horas docentes sin adjudicar, los episodios de violencia escolar y la crisis edilicia, el gobierno apunta nuevamente contra los gremios estudiantiles y el sindicato docente.
Durante las últimas dos décadas, el salón gremial del Liceo IAVA ha estado ubicado en lo que era un pasillo de entrada por la calle Eduardo Acevedo. Tras recibir una orden de desalojar el espacio, el gremio estudiantil definió solicitar el diálogo con las autoridades y defender su permanencia como salón gremial a través de diversas medidas. La excusa de las autoridades para explicar esta nueva acción de persecución antigremial, es la pretención de construir una rampa de acceso para sillas de ruedas -a 10 mts de la existente- sin acceder a reparar el ascensor que garantiza la movilidad por todos los pisos de la institución (reivindicaciones presentes desde hace años en las plataformas del núcleo sindical y del gremio estudiantil).
El director del liceo (que está afiliado al sindicato), se negó a formar parte del avasallamiento del las libertades gremiales, definiendo adherir a la defensa de las resoluciones sindicales, negándose a expulsar a los estudiantes del espacio que durante años han ocupado y preservado.
El viernes 31 de marzo, en un inusitado despliegue, un conjunto de inspectores exige la devolución de las llaves del salón gremial, a lo cual los estudiantes se niegan, solicitando instancias de diálogo.
En respuesta al paro estudiantil, la Dirección General de Enseñanza Secundaria solicita al Ministerio del Interior del desalojo de un liceo que no estaba ocupado, en el que las actividades educativas se desarrollaron con normalidad (a pesar de las distorsiones ocasionadas por las propias jerarquías).
Recientemente, la DGES resolvió el desmantelamiento del salón gremial, al tiempo que decreta un sumario con separación del cargo y retención de haberes al director del IAVA por “insubordinación” y una investigación administrativa. La resolución se ampara en una norma promulgada en última dictadura cívico-militar, en 1979, lo cual sólo reafirma su carácter autoritario. Esta definición que no encuentra antecedentes en períodos democráticos, expresa el ataque en toda regla que el gobierno y las autoridades de la educación están descargando sobre los gremios y sindicatos, buscando quebrar la resistencia al desmantelamiento de la educación pública estatal. A nivel más general, es un nuevo intento de regimentación e intervención en las organizaciones obreras y estudiantiles, las campañas difamatorias, la aprobación de una “ley de personería jurídica” (cuyo contenido busca reglamentar el desarrollo de la actividad sindical).
La reacción no se ha hecho esperar, los estudiantes han definido ocupar la institución el día de hoy, al tiempo que el núcleo sindical se declaró en paro y asamblea permanente. A su vez, se resolvió un paro de 24 horas del sindicato docente de Montevideo (Ades Montevideo), que fue extendido a nivel nacional por parte de FENAPES. La plataforma específica incluye el cese de la persecución, la instalación de una instancia de “diálogo” con las autoridades, la revocación del sumario en curso y el reintegro del docente a su lugar de trabajo.
Es necesario que el movimiento obrero intervenga en conjunto en este proceso abierto, a través de la deliberación en asambleas, de un plan de lucha que unifique los reclamos y enfrente al conjunto de la política educativa del gobierno.
