Se prefigura un ataque de proporciones históricas
La educación pública -en especial la secundaria- ha estado en la palestra durante las últimas décadas. Los partidos patronales han sostenido la existencia de una “crisis educativa” profunda, de la que la repetición y los “malos resultados” son evidencias cuantificables que hacen necesaria la implementación de “reformas” que de educativas tienen más bien nada y están orientada en función a las necesidades de los capitalistas y al “mercado de trabajo”.
Bajo esta premisa se han sucedido, desde por lo menos la década de los ‘80, toda clase de planes, programas, currículas, diagnósticos, políticas focalizadas financiadas con créditos de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y destinadas al fracaso, como en el resto del mundo (por ejemplo se aplicaron en España, Francia, México, etc).
Niegan los personeros de la burguesía en el gobierno, que el problema es el inverso al que señalan: la crisis capitalista repercute en todos los ámbitos de la vida de los trabajadores -y sus hijos- descargando su golpe en la educación pública a través de la asfixia presupuestal, las carencias de todo tipo, la imposición de la pauperización académica.
El gobierno de Lacalle Pou y la coalición “multi-derechista”, llegaron al gobierno con promesas respecto a educación: bajar la repetición, actualizar los programas y “acompasarse” con las necesidades del mercado de trabajo, modificar el estatuto que rige la actividad docente, híper-centralizar la toma de decisiones en los cargos designados por el Poder Ejecutivo, enmarcados en un ajuste que “racionalice el gasto”. La última promesa es especialmente importante, dado que podemos afirmar que se trata de una “reforma educativa” que tiene como objetivo trasladar un brutal recorte del presupuesto destinado a educación y que está en ciernes: dejar sin trabajo a por lo menos 2000 docentes (eliminación de 50.000 horas y un número aún no especificado de cargos), grupos superpoblados (mínimo de 30 estudiantes en Ciclo Básico y 40 en Bachillerato), disminuir las exigencias para aprobar los cursos (modificación de los sistemas de calificación, para eliminar la repetición), retorno a las “áreas” (progresiva eliminación de las asignaturas, para las que estamos formados los docentes)… Es decir, más estudiantes por clase, con menos requisitos para aprobar el año, con menos docentes para pagar salarios, liceos A y B, con asignaturas y modalidades de estudio distintas en función a la clase social de los estudiantes: hacen caja con la educación de los hijos de los trabajadores, para pagar la reforma que exigen los patrones.
Todos los elementos antes mencionados, han tomado estado público a través de declaraciones del Presidente de CODICEN, Robert Silva y de varios documentos, especialmente el titulado “Lineamientos, objetivos y estrategias de las Políticas Educativas de la ANEP 2020-2024” y representan un gran porcentaje del presupuesto que el gobierno está elaborando en completo silencio.
Estos cambios se ven favorecidos por la aprobación de la LUC, en lo referente a libertad de cátedra, modificación del Estatuto Docente, mayor impulso a la administración empresarial de la educación (directores como gerentes, privatizaciones y tercerizaciones), ataque a las libertades sindicales, la implementación de la llamada “regla fiscal”,etc.
Los trabajadores y estudiantes no podemos dejar pasar el ataque que se procesa desde filas del gobierno, con la complicidad de la burocracia sindical y el beneplácito del FA (que pretendió imponer una reforma educativa a gran escala, el PROFIME/PROMEJORA).
Organicemos la respuesta ¡a la calle!
Las movilizaciones que se han desarrollado en los últimos meses (la más reciente el pasado 14 de agosto) demuestran una disposición a tomar las calles por parte de los trabajadores y la juventud, mientras que la burocracia sindical intenta contener las tendencias a la lucha, buscando aprobar acuerdos salariales a la baja, recortes presupuestales, eliminación de derechos laborales adquiridos.
Las asambleas de los sindicatos que se reunirán en los próximos días, tienen como eje la discusión presupuestal, que es indisociable de la discusión en torno a que la reforma es el canal primordial para el ajuste presupuestal y la privatización, en definitiva, para el desmantelamiento del sistema educativo público.
La movilización de FENAPES y AFUTU el próximo jueves 20/08 en el marco de un paro de 24 horas de la zona sur del país, tienen una importancia fundamental: debemos llenar la Explanada de la UdelaR con miles y miles de estudiantes, trabajadores, del activismo en general.
Más que nunca, para que la crisis no la paguen los trabajadores es necesario unificar las luchas, organizar asambleas, movilizaciones, adoptar las medidas de lucha históricas del movimiento obrero.
Porque si hay lucha, hay futuro, todos a la calle contra la reforma antieducativa, por salario igual a la canasta, por presupuesto acorde a las necesidades para salud, vivienda y educación.
