El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con la guerra y la crisis capitalista como telón de fondo.
En este sentido, la masacre perpetrada por el sionismo y la OTAN en Palestina (EE.UU vetó por tercera vez consecutiva el “alto al fuego”), ponen en manifiesto la barbarie de un régimen en descomposición.
En Gaza y Cisjordania la masacre se ha cobrado 28.000 muertos, de los cuales la inmensa mayoría son mujeres y niños (cerca del 70%). A las bombas e incursiones terrestres, se suman el hambre, el hacinamiento y la falta de asistencia médica, las violaciones y torturas, una política de “limpieza étnica” que se lleva a cabo con total impunidad por parte del sionismo y sus cómplices. Mientras las mujeres palestinas sufren en sus cuerpos la opresión, las sionistas danzan sobre las tumbas de los refugiados.
Urge la continuidad y masificación de las movilizaciones para defender el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, que implica un alto al fuego irrestricto, así como el fin del colonialismo sionista.
En Uruguay, el gobierno de la coalición de derecha, que tras abstenerse en la ONU, celebró alegremente la apertura de un nuevo mercado para la exportación de carnes. En sintonía con estas definiciones, dirigentes del FA se reunieron con la embajadora de Israel, negándose a posicionarse en favor de la causa palestina.
Durante el transcurso de su mandato, el gobierno de Lacalle Pou ha aprobado un plan de guerra contra la clase obrera: la estafa jubilatoria, la contrarreforma educativa, el fraude en Casa de Galicia, impactan sobre la vida de miles de mujeres trabajadoras.
En este sentido, la lucha por la eliminación del lucro en las jubilaciones, implementado bajo el régimen de las AFAPs -que calculan la esperanza de vida de las mujeres en 105 años-, por la rebaja de la edad de retiro, por el aumento de las jubilaciones mínimas, es clave en esta etapa. Entendemos que el triunfo del plebiscito requiere una acción enérgica, movilizaciones, barriadas, actos, etc. un método que deberá imponerse a la burocracia sindical, confrontando con el régimen político en su conjunto (desde la derecha en el gobierno, hasta el FA).
La flexibilización laboral y los salarios sumergidos (22% de las mujeres trabajadoras cobran menos de $25.000, menos de un quinto de la canasta familiar), implican un mazaso a las condiciones de vida de la clase obrera. Frente a este panorama, se baten récords de exportaciones de granos y carne, aumentando las ganancias en los bolsillos de los que empresarios y banqueros.
El Estado (en tanto expresión política del régimen social) es responsable del hambre y la miseria, al igual que es responsable de la violencia contra las mujeres, niños y niñas. No hay políticas integrales que aborden las denuncias y brinden condiciones para que las mujeres accedan a la autonomía necesaria para alejarse de sus abusadores, la justicia a menudo resulta cómplice de las redes de trata y explotación sexual.
Frente a la pobreza infantil alcanza al 20% de los niños y niñas de Uruguay, al flagelo de los suicidios en adolescentes (la principal causa de muerte en esa etapa de la vida), el gobierno ha recortado sistemáticamente el presupuesto destinado a la atención a la primera infancia, a la salud y a la educación.
Las Bianchi y compañía, apuestan con todo a atacar a los sindicatos y organizaciones obreras, utilizando el aparato del Estado para defender los intereses de las multinacionales que reciben millones de dólares de exoneraciones fiscales, a los bancos, de los organismos internacionales de crédito… en fin, de quienes se benefician de la privatización del Estado, en especial de la educación y la salud.
Por su parte el FA, comparte la contrarreforma educativa, implementó el FONASA (privatización de la salud para beneficiar a las empresas médicas), bajó los aportes patronales y mantuvo la exoneración a los colegios privados.
Hacia un plan de lucha inmediato
Las problemáticas señaladas, deben ser incluidas dentro del conjunto de reivindicaciones de la clase obrera, pues no existe emancipación de las mujeres sin un programa revolucionario, que ponga su eje en la superación del régimen de explotación, en todas sus manifestaciones.
Este es un planteo estratégico, que implica una separación respecto a las corrientes feministas que incorporadas al Estado y que imponen una política de colaboración de clases, de unidad con la burguesía y pequeña burguesía democratizante.
Dentro de las organizaciones clasistas y obreras, es necesario rediscutir la implementación del paro “solo de mujeres”, dado que, lejos de golpear al capital, divide a la fuerza de trabajo: la mitad continuará en sus funciones, produciendo.
De forma urgente, el objetivo es retomar un programa vinculado a la socialización de la familia: la creación de jardines y comedores estatales (bajo control obrero), la eliminación del secreto bancario y la revocabilidad de los jueces, el sistema educativo laico, público y estatal, etc.
Este programa, sólo se podrá construir a partir de un proceso de deliberación en los lugares de trabajo, en organizaciones de masas, organizaciones de mujeres, etc, y sólo podrá conquistarse a través de la movilización y la lucha consecuente e independiente del Estado y sus partidos.
Es por esto que, en términos inmediatos, se plantea una plataforma con un conjunto de medidas transicionales:
Defender los limitados derechos sexuales y reproductivos: la defensa del derecho al aborto y la lucha contra la violencia sexual, frente a las presiones religiosas y conservadoras.
A la familia en la sociedad burguesa, oponemos la socialización de los cuidados, con guarderías estatales, financiadas con impuestos progresivos al capital. Aumento de las licencias por cuidados, hasta los 2 años de vida, que puedan ser alternados entre madres o padres.
A la justicia que cajonea denuncias, oponemos una basada en la elección de jueces y fiscales, así como la revocabilidad de las funciones.
Que consejos elegidos por las propias mujeres, centralicen y controlen los recursos destinados a combatir la violencia basada en género en particular.
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Frente a la violencia machista, oponemos la el incremento de las líneas de atención, refugios estatales para las víctimas, así como un ingreso que permita la autonomía económica necesaria para alejarse de los abusadores, bajo control de las organizaciones de mujeres.
Estatización, bajo control obrero de cualquier empresa que cierre o despida. No a las tercerizaciones ni a los contratos chatarra.
Salario mínimo igual a media canasta familiar.
Ante la estafa jubilatoria, anteponemos la lucha popular por el triunfo del plebiscito
Por el triunfo de la lucha palestina y de todos los pueblos oprimidos
