En los últimos días, las autoridades de la educación a través de Codicen, hicieron públicos una serie de documentos que obligan a los docentes a: registrar las asistencias de los estudiantes, las tareas entregadas y dar cuenta de forma permanente del “vínculo pedagógico” con los estudiantes.
Para viabilizar esta fiscalización (que desconoce incluso la normativa prevista) han instruido a los cuerpos inspectivos para que acosen a profesores de aula, adscriptos y directores, trasladando planillas interminables (para las que debería destinarse varias jornadas laborales).
Asimismo, se intenta generar las condiciones para reestablecer la “presencialidad” para estudiantes y el conjunto de los trabajadores, una política criminal, teniendo en cuenta que los contagios, la saturación del sistema de salud y las muertes no descienden.
Acerca de cómo paliar los efectos adversos a corto y mediano plazo de la pandemia de COVID-19, el gobierno no se pronuncia, pues jerarquizar contenidos y adaptarlos, implementar diferentes mecanismos de evaluación, es de perogrullo y parte de la labor cotidiana de los docentes, con o sin pandemia.
Nada plantean los comunicados acerca de las acciones que se deberían estar desarrollando desde Anep y el Ministerio de Educación, para solucionar los problemas conocidos por todos: falta de conectividad gratuita a internet y plataformas que funcionen correctamente, de computadoras (los celulares no sirven para realizar tareas para 12 asignaturas y tener clases), carencia de espacios y horarios adecuados para estudiar (es común que los estudiantes envíen tareas de madrugada, pues es el horario en que pueden hacerlas), grupos que superan ampliamente los 30 estudiantes, recorte en las ya escasas becas del MEC, falta de mecanismos reales de abordaje de las situaciones emergentes respecto a salud mental, acoso, abuso, etc.
Estas carencias son netamente presupuestales, pues se solucionarían (por lo menos parcialmente) con la asignación de un presupuesto educativo del 6% del PBI de forma inmediata, con los aumentos necesarios en función a las necesidades.
Con lo anterior, se permitiría crear los grupos necesarios, designar docentes, restituir los equipos multidisciplinarios que fueron desmantelados y crear nuevos, asignar computadoras o tablets para todos los estudiantes (Bachillerato no ha recibido partidas, por ejemplo), llevar internet a todo el país, etc.
Recordamos que hay cientos de docentes sin acceso al trabajo y cobertura médica y miles de horas sin designar, por falta de voluntad política de las autoridades, que insisten en realizar híbridos virtuales, mientras que el ahorro en salarios suma más de 2 millones de pesos.
Luego, cientos de miles de trabajadores y sus familias tienen hambre (30% de “inseguridad alimentaria”), falta de vivienda digna, salarios sumergidos, despidos y envíos al seguro de paro, asignaciones y subsidios que son una afrenta (¡$1200 por mes! otorga el MIDES) ¿A estos alumnos pretende Codicen que le pongamos calificaciones y asistencia?
La política de los liceos abiertos, no constituye ni siquiera un paliativo a este problema, sino que profundiza la brecha entre los estudiantes -que a veces con enormes sacrificios- logran intervenir en esta “educación a distancia” y los que no pueden -que lejos de tener una oportunidad- suman a su problemática el riesgo de contagiarse de COVID-19 para ir a las instituciones a buscar materiales o conectarse. Es decir, o se arriesgan a enfermarse o se quedan sin estudiar.
Entonces, el manotazo de ahogado de un gobierno que hace agua por todos lados, es intentar marcar la agenda de los docentes, en particular de los sindicalizados, al tiempo que responden a sus propias contradicciones internas.
Amparados en la LUC, realizan sumarios y acusaciones públicas sin sustento a docentes sindicalizados, al tiempo que atacan la libertad de cátedra y el derecho a la educación.
El Ministro de Educación Pablo da Silveira, el Presidente de Codicen Robert Silva y los Directores de los desconcentrados, hacen alarde de un cinismo indignante, pues conocen a la perfección estos problemas que se señalan.
Deben responder políticamente a su incapacidad, renunciando a sus cargos.
Preparar una respuesta
Es menester de los sindicatos hacer pública una plataforma, que empieza por abandonar la táctica derrotista de esperar y denunciar la falta de negociación. Más que claro está, que no habrá negociación con las autoridades sin medidas de lucha. Denunciar a las autoridades de la educación, plantear una plataforma reivindicativa, buscar generalizar un conflicto que a esta altura, es inevitable. No habrá “2024” si las muertes por Coronavirus siguen en aumento, si no hay salarios de media canasta para todos los trabajadores, condiciones sanitarias para los trabajos esenciales, asignación de un subsidio para todos los estudiantes de la enseñanza pública, sin la asignación presupuestal acorde a las necesidades, si se establece la “presencialidad” de la enseñanza durante la emergencia sanitaria, si no se frena esta reforma que de hecho se está realizando, si se impone la reforma jubilatoria y la LUC sigue vigente…
Es fundamental desarrollar movilizaciones -con las precauciones sanitarias que corresponden-, que respondan a estos atropellos, así como un Encuentro de Trabajadores que discuta la situación política y un plan de lucha mancomunado.
Una vez más, nos toca defender a la educación pública.
En el año 2020 mi hijo ingresó a la Utu de Las Piedras, un desastre toda la institución, los docentes, la dirección y la inspección, cero compromiso con el estudiantado. En el 2020, sólo recibió 4 clases por zoom del profesor de matemáticas, los demás cero. En este año, tiene una o dos clases por conference, por día, y para variar muchos profesores faltan. El director pidió a los docentes a dar menos clases!!!! La profesora de matemáticas lo afirmó en un grupo whatsapp de alumnos. Todo muy lindo el artículo que escriben, pero están mintiendo, la realidad es otra, el profesorado se rasca a cuatro manos y hacen lo imposible para hundir la educación. Están como la derecha, viendo lo que les conviene