Lo evidente: no podrán iniciarse los cursos el 4 de marzo
En enseñanza secundaria desde fines de octubre debe iniciarse el proceso de elección y designación de horas de clase y cargos para los docentes que trabajarán, el cual se desarrolla todos los años, con similares características.
Si bien los actos de elección-designación están regulados por extensa normativa y se rigen por pautas establecidas hace varios años, las autoridades de la educación se las arreglaron para generar las peores condiciones para su normal desarrollo: llamados y concursos fuera de plazo que atrasaron las convocatorias posteriores, recorte de grupos y de cargos, listados con errores que debieron ser corregidos y republicados, disolución del carácter bipartito del proceso, etc.
Asistimos, por tanto, a una de las peores elecciones de horas de la última década: finalizando diciembre, ni siquiera los profeses efectivos han podido acceder a sus horas de clase para el 2024, esto quiere decir que los 22.000 docentes de enseñanza secundaria no tienen, aún, trabajo para el próximo año. Hay 0% de horas de clase designadas a fines de diciembre.
Así, es previsible que en el mes de febrero se desarrollarán elecciones de horas caóticas, con jornadas eternas, que intentarán subsanar lo que es inevitable: el próximo 4 de marzo, las clases no podrán comenzar, porque no habrá la suficiente cantidad de docentes designados con horarios y grupos asignados.
Es decir, los más de 220.000 jóvenes que asisten a secundaria, hoy no tienen profesores asignados para el próximo año y en marzo, en Montevideo y Canelones, tendrán menos de la mitad.
El panorama empeora en el caso de los docentes interinos (quiénes aún no pudieron acceder a la efectividad) que en masa no podrán acceder a su trabajo hasta iniciado el año lectivo: no tendrán cobertura médica, no cobrarán el salario en marzo y deberán elegir con horarios elaborados de antemano por los liceos -generando renuncias a horas por contraposiciones. Este colapso no es fruto de la casualidad, hay una definición política de imponer, entre otros aspectos, la elección de horas por tres años (aunque haya fracasado en los departamentos donde funciona).
En el marco de un ataque histórico a los trabajadores de la educación, estas acciones no pueden ser vistas como mera “inoperancia”: Cáceres (antes Silva) y Cherro han desarrollado una política educativa pauperizante y cuya alternativa es la privatización -a través de contratos a término, tercerizaciones, “acuerdos” con privados para formación, etc.
La imposición de la “transformación educativa” debe reunir previamente dos condiciones: la derrota a la resistencia de los docentes y la aceptación de la misma por parte de estudiantes y familias. Las encuestas y estudios de la propia administración, demuestran que el CODICEN no consiguió ninguna de las dos.
¿Hacia donde “avanza” la contrarreforma antieducativa del gobierno?
Los últimos dos años estuvieron signados por el diseño e imposición de un plan sistemático de “transformación educativa”, a través del cual, el gobierno busca un doble objetivo: el recorte presupuestal y por otro, el licuamiento de contenidos académicos en la enseñanza estatal en todos sus niveles.
Si con la EBI (Educación Básica Integral) y la EMS (Educación Media Superior) ya teníamos un panorama complejo -supresión de tiempo pedagógico y de disciplinas académicas, programas de clase incomprensibles, asignaturas convertidas en talleres, evangelización en torno a las competencias, patronales que le piden al gobierno que no se forme mucho a los estudiantes, etc.- con formación docente, la perspectiva es desoladora.
Como ejemplo, la aplicación de la prueba de acreditación del “título universitario” para los docentes, cobra mayor relevancia en este cuadro: a partir de una serie de pruebas en áreas generales, los docentes podrían obtener el “carácter universitario” en su formación. Sin embargo, esta acreditación no genera siquiera un título, es un trámite de reconocimiento ante el MEC, sin ninguna consecuencia (exceptuando las que el propio gobierno genere)
Herencia de la dictadura cívico-militar, la ANEP posee un Consejo Directivo Central que, con diferentes fórmulas ha designado sus autoridades, a través de cuotas político partidarias entre los integrantes del gobierno de turno (con algún nivel de “representatividad” de los docentes), es una polea de transmisión de las definiciones del gobierno nacional y trampolín para el carrerismo electoral.
La carencia de autonomía de los desconcentrados, posibilita una ingerencia político partidaria de este tipo en la formación docente, así como en el resto de los desconcentrados (dirigidos todos por representantes de los partidos en el gobierno), impidiendo la construcción de políticas educativas donde docentes y estudiantes tengan un rol prioritario, con una perspectiva histórica e independiente de las recetas de los organismos multilaterales de crédito.
En los últimos 20 años, han coexistido cerca de 40 planes y políticas focalizadas, sin que primen criterios educativos y pedagógicos, con escasas evaluaciones de los mismos y claro está, con la tendencia al vaciamiento de contenidos y de recorte presupuestal.
La mal llamada “transformación educativa”, es la profundización de este proceso: luego de que fuera utilizada como vitrina para una carrera político partidaria de Robert Silva, no ha demostrado solucionar ninguno de los problemas que dice abordar: los estudiantes no le encuentran sentido a estudiar, manifiestan necesitar apoyos específicos, los docentes la rechazan de forma casi unánime (a los sindicatos, se suma el 98% de los docentes participantes de las ATD liceales, órganos institucionales).
La autonomía y el cogobierno deben ser priorizados en la plataforma de lucha
Sin obviar la importancia fundamental de continuar reivindicando el salario de ingreso igual a la media canasta por la unidad docente, la construcción de liceos, el presupuesto inmediato igual al 6+1% del PBI, etc, la autonomía y el cogobierno deben formar parte estructural de las deliberaciones entre los trabajadores de la educación.
Autonomía técnica, financiera y política como forma de no depender cada cinco años de los planes que los partidos políticos acuerdan entre sí y con los organismos multilaterales de crédito, sobre la base de trasladar la política de ajustes y privatización del Estado, al terreno educativo.
Un sistema educativo integral único, autónomo y cogobernado, es la propuesta para anteponer a la tendencia a la disgregación y focalización (autodenominada “autonomía de los centros”) y la dependencia frente a los partidos de gobierno de turno.
