Macartismo al servicio del vaciamiento presupuestal y el desempleo docente
El gobierno no ha detenido sus ataques a los trabajadores y trabajadoras docentes. Tal como planteamos en otras oportunidades, la guerra declarada contra los sindicatos de la educación (expresada por ejemplo, en los sumarios a dirigentes de ATES y FENAPES, a compañeros de San José y de Montevideo, etc.), traducen la búsqueda de quebrar cualquier resistencia a la privatización, mercantilización y precarización de la educación pública. Es decir, hacer de este derecho que debe ser garantizado por el Estado un bien de consumo privado, cuya existencia debe seguir las reglas del mercado (productividad, eficiencia, reducción de costo, etc) y para esto, se reduce drásticamente el presupuesto destinado al mismo, con el fin de generar condiciones cada vez menos “atractivas” para las familias que deben decidir adonde enviar a sus hijos e hijas a estudiar.
En este sentido, en un informe elaborado por la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria y Cooperativa COMUNA, se calcula un recorte acumulado de 80 millones de dólares comparado con 2020. Este recorte se desarrolló en cantidad de horas de clase y de coordinación (miles de horas menos para organizar actividades, encuentro con familias, etc), supresión escandalosa de grupos y un «ajuste» salarial que no alcanza a compensar la mitad de la inflación.
Solo en Secundaria, se perdieron más de 300 puestos de trabajo a partir del recorte en el rubro salarios de más de 700 millones de pesos.
El impacto de estas medidas sólo puede profundizarse con el tiempo, a menos que encuentre una férrea resistencia. Se traduce en grupos superpoblados (adicionando las dificultades académicas y sociales que se acarrean después de dos años de pandemia), equipos multidisciplinarios desarticulados, imposibilidad de abordar particularmente las problemáticas de los y las estudiantes, ni hablar de las condiciones edilicias y la escasez de materiales didácticos e insumos.
Como no era suficientemente impactante, se reincorporaron prácticas clientelistas de acceso al trabajo: se sustituyen las apoyaturas por asignatura (que eran insuficientes) por “proyectos” de las más diversas áreas con una consigna en común: que no tengan ningún elemento asignaturista ni conexión con la vida académica de la institución y que sean aprobados por direcciones liceales e inspecciones.
¿Cuál es el objeto? Más allá de la retórica endulzada, se instalan lógicas que desvirtúan la carrera docente, la formación de los estudiantes y aplican el modelo gerencial/empresarial que la LUC vino a normalizar -que estaba presente en los planes educativos de las últimas décadas. Explotar las contradicciones del gobierno. A simple vista, pareciera que estamos frente a un gobierno fuerte, que avanza casi sin obstáculos. Sin embargo, la agudización de la crisis capitalista, con la guerra mundial en curso, coloca a Lacalle Pou en una encrucijada, dado que para satisfacer los requerimientos del capital debe llevar adelante medidas impopulares en un escenario muy volátil a nivel internacional: continuar con su política de licuación del salario y vaciamiento del Estado, sobre todo, la reforma de la seguridad social, en la que deberá mantener su estilo presidencialista, al tiempo que sostiene la unidad con sus socios de la coalición de derecha.
El FA, lejos de plantearse como oposición, busca una especie de «unidad nacional», garantizando la gobernabilidad de Lacalle, intentado formar parte de las decisiones políticas, sin éxito hasta el momento (a pesar de haber votado la mitad de la LUC).
Este escenario, lejos de retardar la acción del movimiento obrero, debe servir para dinamizarla, explotando las contradicciones que genera y colocándose en defensa de su propia plataforma, sin concesiones de ningún tipo, lo que implica abandonar la tácita «paz sindical» que está planteada por parte de la burocracia.
La acción sindical: diferencias estratégicas
Los sindicatos de la educación (y el conjunto del PIT-CNT) deben adoptar una posición -por lo menos- más enérgica: más allá de movilizaciones por reivindicaciones particulares como el caso de AFUTU y ATES (en menor medida FENAPES), se plantea como tarea en esta etapa, la discusión de un programa en conjunto, de una plataforma que unifique posiciones y una táctica en conjunto, pues un masivo conflicto está en el horizonte.
La dirección de FENAPES, que emergió del último Congreso en 2021, ha mantenido una táctica de subordinación al Frente Amplio, escalonando en diferentes etapas, una militancia electoralista con perspectiva hacia 2024. En este sentido, se han abandonado acciones de lucha por derechos tan básicos como la libertad de expresión y la defensa de la herramienta sindical, argumentando que podía traer la derrota en el Referéndum del 27 de marzo pasado. Luego vendrá el Congreso del Pueblo y así continuaremos en acciones sindicales que buscan encauzar la militancia a traccionar votos para el FA, no en la derrota -ni siquiera parcial- del gobierno.
Esta orientación sólo encamina hacia una derrota moral y material, cada vez tenemos menos acceso al trabajo, ganamos menos salario y la respuesta no está a la altura de las circunstancias.
Es momento de retomar la lucha en las calles, de que las asambleas discutan un plan de lucha que enfrente al gobierno y a las patronales: por salario de media canasta al comienzo por 20 horas docentes en grado 1, por creación de grupos y restitución de todas las horas de trabajo que fueron eliminadas, por el fin de las tercerizaciones, contra la reforma de la seguridad social, contra la represión, el autoritarismo, el clientelismo y la arbitrariedad que fomenta la LUC. Dilatar este proceso, sólo le genera mejores condiciones al enemigo.
Siguiendo el ejemplo de los sindicatos que han salido a luchar (incluso abandonados por su dirección nacional, como el caso de Casa de Galicia), no sólo es posible, sino que es necesario romper con esta política de alianzas electoralista, enmascaradas con falsas dicotomías entre la «acumulación de fuerzas» y los procesos de lucha.
Ejemplos sobran para demostrar la encerrona que implica esta tesis, por lo tanto, en vísperas de un nuevo 1° de Mayo, el movimiento obrero debe desempatar en la calle, generando las condiciones para derrotar al gobierno del hambre y de la guerra.
