Si algo le faltaba a la campaña de Álvaro Delgado, tras las polémicas por la elección de Valeria Ripoll como candidata a vice, es el escándalo por el procesamiento de la “dinastía Caram” (como ahora la llama el diario El País, medio vinculado al PN). Delgado estuvo en Artigas hace poco apoyando al intendente Caram, llamándolo su amigo y “hermano”, y haciendo elogios a la ex diputada Valentina Dos Santos Caram (sobrina del intendente).
El caso Caram-Dos Santos refiere en principio al pago abusivo de horas extras, pero también hizo saltar el enorme poder de esta familia, al punto que Valentina Dos Santos tomaba decisiones sobre contrataciones, despidos o pago de horas extras (que no se cumplían) sin ocupar ningún cargo en la Intendencia, lo que según la justicia implica una usurpación de funciones. Las denuncias surgieron por la publicación en redes sociales de un recibo de sueldo de Stefani Severo -empleada de la sección Recursos Humanos y pareja del primo del intendente, Rodolfo Caram- que había percibido en diciembre de 2022 $ 93.979 (unos 2.300 dólares) en horas extras y $ 26.861 por trabajar en un feriado. Para poder cumplir con esas horas extras, Severo debería haber haber trabajado más de 15 horas diarias, cosa que obviamente no sucedía. La investigación ha mostrado que la Intendencia de Artigas ha pagado más de 8 millones de dólares en “horas extras” para amigos y correligionarios. Este nivel de clientelismo no es excepcional, sino que es un método de gobierno más que común especialmente en las Intendencias, pero también en ministerios y empresas estatales.
La ex ministra de vivienda Irene Moreira, esposa de Manini Ríos, salió a intentar sacar partido de este escándalo, pretendiendo hacer leña del árbol caído. Moreira, de Cabildo Abierto, fue destituida por Lacalle por asignar viviendas a dedo a sus correligionarias. Otra perla del collar de clientelismo de la derecha gobernante.
Ripoll había realizado declaraciones cuando estas denuncias salieron a luz, en su calidad de dirigente municipal (de la FNM), afirmando que este método de gestión semi-feudal es una constante en las intendencias blancas. Ahora acaba de declarar que “le alegra mucho” que Caram y Dos Santos no integren más el Partido Nacional (al cual renunciaron). Las declaraciones de la reciente incorporación al partido blanco ha generado nuevamente malestar con la arribista convertida en candidata de ocasión. La expectativa de Delgado de obtener votos “de centro” o “decepcionados con el FA” con la incorporación de Ripoll, ya ha demostrado estar errada con la salida de la ex fiscal Fossatti -que pasó al Partido Colorado en rechazo de esta designación. Ojeda intenta capitalizar el descontento para levantar su alicaído partido, y dijo que intentaba construir un puente para atraer votos blancos con el pasaje de Fossatti.
Los colorados también habían intentado marcar cierta distancia con el PN, impulsando desde el parlamento una reforma constitucional para obligar a las Intendencias a realizar concursos para los ingresos y ascensos de funcion4
arios. Finalmente, esa reforma no contó con el apoyo del FA, por lo que no se pudo llevar adelante porque el PC no cuenta con el suficiente número de legisladores para impulsarla.
Aunque colorados y cabildantes se orientan a una coalición departamental en Montevideo, Canelones y Salto (tres intendencias en manos del FA), la competencia con los blancos es creciente. Ambos partidos están amenazados de extinción por la polarización entre el PN y el FA, y lograr hacer base en las intendencias del interior es casi una necesidad fisiológica para estos partidos, lo cual plantea una necesidad de golpear a su aliado. La posibilidad de una derrota del PN en octubre/noviembre agudizaría esta competencia interna de la derecha en lo departamental.
El estallido de este escándalo en plena campaña electoral es un golpe tal vez fulminante a la candidatura de Delgado.
