La pandemia del Covid-19 ha provocado un salto en la crisis capitalista que ya venía agravándose desde antes de la propagación del virus.
Los gobiernos vuelcan billones de dólares al salvataje de los bancos y las grandes empresas, y descargan la crisis sobre los trabajadores, con mayor desempleo, carestía, rebaja de salarios.
Los subsidios a las empresas no conducen a una reactivación económica, ya que no se destinan a la producción sino a la especulación financiera. Los Estados están cada vez más endeudados y quebrados, pero el pueblo trabajador está cada vez más en la miseria.
En Uruguay también se han volcado millones de dólares en beneficio del gran capital, mientras que se aplican tarifazos, nuevos impuestos y reducción de puestos de trabajo -a través de masivos envíos al seguro de paro y despidos. Los precios de los alimentos se han disparado, así como los de la luz y demás servicios públicos.
Las exortaciones a que la población se quedara en su casa -algo inviable para gran parte de la población, que no puede sobrevivir si no sale a la calle- ahora se ha transformado en una exortación a volver a trabajar con algunas medidas de higiene y distanciamiento. El próximo reinicio de las clases presenciales en la enseñanza, justamente al inicio del invierno, amenaza con echar por tierra todos los esfuerzos sanitarios para contener los contagios. En las fronteras secas con Brasil, aumentan los contagios favorecidos por la criminal política de Bolsonaro -el “aliado” de la derecha uruguaya en el gobierno.
En el parlamento y a las apuradas, se pretende aprobar la “ley de urgente consideración” que ataca el derecho de huelga, habilita el “gatillo fácil” policial, e introduce una brutal reforma anti-educativa y anti-democrática. Hasta desde la OIT se ha declarado oposición ante la legislación anti-huelgas que incluye la LUC.
Mientras tanto el Frente Amplio se niega a convocar a la movilización contra la LUC y la carestía, y se limitará a votar contra algunos artículos en el parlamento -aunque anuncia que votará muchos, incluso referidos a la “seguridad”, pese a considerar que la ley es anti-constitucional.
Los dirigentes del PIT-CNT convocan a una paralización parcial recién para el 4 de junio, lo que es un saludo a la bandera. No pretenden derrotar la LUC ni combatir la miseria creciente. Cuando especulan con un futuro referéndum ya están dejando en claro que no lucharán para echar por tierra la ley reaccionaria y anti-obrera.
Mientras crece la carestía y el desempleo, los consejos de salarios son postergados con el acuerdo de los dirigentes sindicales frenteamplistas. En algunos sindicatos se ha planteado terminar con esta parálisis y convocar a un inmediato paro general de 24 horas, contra la LUC y por el salario y el empleo.
El 14 de mayo una concentración de miles de estudiantes, docentes y trabajadores fue convocada frente al parlamento, pese al temor a los contagios, por una coordinación de gremios y organizaciones sociales. Ya el Primero de Mayo, las caravanas en todo el país habían mostrado que en las bases del movimento popular existe voluntad de salir a la calle, pero los dirigentes no luchan.
La coalición derechista está aprovechando el aislamiento social y el temor de salir a la calle, para llevar adelante un ataque contra los trabajadores. También aprovecha el clima de “unidad nacional” que generan los dirigentes del Frente Amplio. Sin embargo, esta coalición derechista está lejos de constituir un gobierno fuerte, son un rejunte político contradictorio e improvisado, al que se puede derrotar con una enérgica intervención de la clase obrera.
