La negativa del partido derechista Cabildo Abierto a realizar un “homenaje” al Partido Comunista del Uruguay por su centenario, ha redundado en una mayor difusión para esta efeméride. La fundamentación del rechazo al homenaje parlamentario es que el PCU ha apoyado dictaduras, lo cual suena por lo menos risueño de boca de un partido que defiende la impunidad para los genocidas de la dictadura militar, y que incluye en sus filas al Teniente Coronel Eduardo Radaelli, uno de los responsables del secuestro del químico Eugenio Berríos (luego asesinado).
El PCU reivindica como su nacimiento el momento en que el VIII° congreso del Partido Socialista uruguayo por aplastante mayoría (1927 votos) adhirió a la Internacional Comunista -en tanto 175 votaron adherir “con condiciones” y 257 se abstuvieron. El partido siguió llamándose “Socialista” hasta que el año siguiente un congreso extraordinario aceptó las “21 condiciones” de la I.C., en tanto que la minoría encabezada por Emilio Frugoni (que había declarado que aceptaría la decisión de congreso) terminó rompiendo y re-fundando el Partido “Socialista”.
¿Por qué si la mayoría absoluta del Congreso del PS se declaró comunista, la fecha de nacimiento se establece en 1920 y no en 1910 -año en que se fundó el Partido Socialista? Porque los comunistas querían establecer una distinción tajante entre la estrategia revolucionaria que orientaba al “nuevo” partido, opuesta al reformismo del liderazgo que fundó el PS (Frugoni había sido la figura principal entre 1910 y 1920). Continuar llamándose PS implicaba ocultar esta profunda transformación, y generar confusión. Por ello la condición 17 para pertenecer a la Internacional Comunista afirmaba que “Este problema de nominación no es una simple formalidad sino que también tiene una importancia política considerable. La Internacional Comunista declaró una guerra sin cuartel al viejo mundo burgués y a todos los antiguos partidos socialdemócratas amarillos. Es fundamental que la diferencia entre los partidos comunistas y los viejos partidos ‘socialdemócratas’ o ‘socialistas’ oficiales que vendieron la bandera de la clase obrera sea más clara a los ojos de todo trabajador.” Por esta razón, el PCU no reivindica cumplir 110 años sino “apenas” un siglo.
Sin embargo, los cambios que ha sufrido este partido en este siglo no son de menor importancia al que sufrió en 1920 el PS uruguayo. Basta recordar que hasta 1929 se publicaba en su periódico un anuncio ofreciendo a la venta libros de los revolucionarios bolcheviques, en particular el “Anti-Kautsky” (“Comunismo y terrorismo”) de León Trotsky. La estalinización de la I.C. llegó un poco tardíamente al partido uruguayo, aunque finalmente se sometió obsecuentemente al aparato internacional de la burocracia rusa. Rodney Arismendi llegó a declarar poco antes de morir que los dirigentes del PCU hicieron “servilismo ideológico” al Kremlin. La frase con ser reveladora, se quedaba corta.
Entre 1920 y 1955, el secretario general del PCU fue Eugenio Gómez y siguió paso a paso todos los zigzags y volteretas del estalinismo: la oposición al frente único obrero para enfrentar al nazismo, luego el frente popular con la burguesía “democrática” con el pretexto de enfrentar al fascismo, más adelante defendió el pacto Hitler-Stalin (1939) poniendo como eje la lucha contra el imperialismo “democrático” para luego de la invasión a la URSS girar como un panqueque y defender la unidad con ese mismo imperialismo “aliado” para derrotar a Hitler. La unidad con la burguesía “democrática” llevó a denunciar como “nazis” a los líderes del sindicato frigorífico en 1943, porque negaban carne a los aliados con su huelga. El PCU quedó completamente desprestigiado y le costó mucho tiempo volver a hacer pie en la Federación de la Carne. Esta política de “unidad nacional” (e internacional) con la burguesía se vino abajo pero no por decisión de Stalin o el PCU, sino por el inicio de la “guerra fría”. En Europa los gobiernos de “Unidad nacional” entre los partidos estalinistas y la burguesía habían logrado contener las tendencias huelguísticas y revolucionarias (Francia, Italia, etc.), y tras rearmar los Estados capitalistas los “comunistas” fueron desechados como un limón exprimido.
En 1953 murió Stalin y se abrió una lucha intestina en la burocracia rusa por su sucesión, que culminó con la ejecución de Beria y el triunfo de Kruschov. En Uruguay se produce en 1955 un “golpe” interno donde Eugenio Gómez termina excluido y Rodney Arismendi ocupa la secretaría general. Aunque se suele presentar este giro como una “desestalinización”, la realidad es que en el Congreso que siguió a la purga de Gómez el escenario estaba presidido por una foto de Stalin. Hay que recordar que un joven Rodney Arismendi fue el redactor de un folleto en 1938 titulado “La justicia soviética defiende al mundo”, donde reivindica los famosos “procesos de Moscú” (y también la represión contra la izquierda revolucionaria en Barcelona -anarquistas, poumistas y socialistas).
El XVII Congreso de 1957 aprobó la Declaración Programática donde el PCU reitera su estrategia de alianza con la burguesía “nacional” o “burguesía media”. En nombre de la estrategia estalinista (previamente, menchevique) de “revolución por etapas”, el PCU proclama no la lucha por la dictadura del proletariado (que en realidad había abandonado hace años) sino por un “gobierno democrático de liberación nacional” que defendería la propiedad privada capitalista: “la propiedad de los industriales y comerciantes nacionales y de los campesinos y arrendatarios no latifundistas que no conspiren contra el poder popular, será respetada y defendida por la ley”, es decir, a palos y tiros. Este documento programático establece también la “vía uruguaya” de la revolución: tras afirmar que una “revolución social” no puede hacerse “de manera gradual, evolucionista, reformista”, se aclara que “ello no significa, sin embargo, que sea obligatoria la vía de la guerra civil”, sino que “es posible conquistar el poder político por vías pacíficas y convertir al parlamento en un auténtico órgano ejecutor de la voluntad popular”. Esta orientación será mantenida y profundizada en el siguiente período. Será el fundamento de la negativa a impulsar la huelga general en 1969 contra la congelación salarial y la represión de las poderosas huelgas que recorrieron al movimiento obrero aquel año: constituir una “salida política” a través de un frente “amplio”. El estrangulamiento de las tendencias a la huelga general, que se pretenderá justificar en que no convenía una confrontación de conjunto con el gobierno pachequista, conducirá a un reflujo y fortalecerá a la derecha (que gana la elección y lanza una ofensiva contra la izquierda y los trabajadores). Luego, en 1973, la clase obrera se lanzará a la huelga general para enfrentar el golpe de Estado -sin esperar la orden de la dirección burocratizada de la CNT, que buscaba una negociación con los golpistas- en condiciones mucho menos favorables que las de 1969.
El apoyo a los comunicados 4 y 7 de las FF.AA. en febrero de 1973, en nombre del carácter “nacionalista” y “patriótico” de los militares que se encaminaban al golpe de Estado, conducirá a desarmar a los trabajadores. La dirección de la CNT con mayoría del PCU impulsará la estrategia de “unidad de todos los orientales honestos, civiles y militares”, que intentará consumar incluso con un “Primero de Mayo festivo” -lo que generó un enorme rechazo en las bases de los sindicatos. La clase obrera fue a una heroica huelga de 15 días contra la dictadura, pese a esta orientación de freno y conciliación con los mandos golpistas. Durante la propia huelga general, la línea del PCU buscaba la confraternización con los militares. Así describirá la situación el secretario general Rodney Arismendi, cuando los obreros eran desalojados a palazos y volvían a ocupar las fábricas una y otra vez: “Los trabajadores -orientados por la CNT- transformaron cada fábrica ocupada en una tribuna con vistas a la fraternización entre obreros y militares contra la rosca en el poder. Ni los palos, ni las torturas aplicadas en ciertos casos, los apartaron de esta actitud lúcida y auténticamente revolucionaria (sic). En este sentido, los tantas veces citados comunicados 4 y 7 se tornaban exigencia popular en la misma hora en que eran pisoteados por la dictadura y la rosca, por Bordaberry y sus acompañantes. Así se traduce una justa política ante las FF.AA. capaz de distinguir entre el gorila y el militar patriota, aún confuso o equivocado”. Esta política condujo a la huelga a un impasse y a la derrota.
La expectativa en los militares “patriotas” no cesaron con el golpe de Estado. En 1974 los militantes comunistas pintaban la consigna “gobierno popular, como en Portugal” -que sugería una convergencia con sectores militares al estilo de la “revolución de los claveles” de aquel año. Marina Arismendi llegó a afirmar: “Nosotros sufrimos un revolcón, con respecto a ciertos preconceptos que teníamos, ya en diciembre de 1975 cuando los comunistas empezaron a caer en masa, en manos de la dictadura y nos encontramos con que aquella idea de que no nos iba a pasar nada era errónea, y había compañeros que hablaban en la tortura, y había una nueva realidad que nos encontraba mal parados y que dejó profundas cicatrices”. La salvaje represión dictatorial y el heroismo de los militantes del PCU no exime a la dirección estalinista de su responsabilidad ante la derrota histórica sufrida por la clase obrera.
La disolución de la Unión Soviética y el proceso de restauración capitalista abierto provocó una crisis en 1991, cuando el secretario general Jaime Pérez y la casi totalidad del Comité Central del PCU planteó reciclarse en un “partido socialista democrático”. Un planteo no sólo reaccionario sino además tardío, en el sentido de que ya no podían evitar las consecuencias del fracaso de Gorbachov (a quien habían aplaudido) y de toda la experiencia estalinista. En menos de un año el PCU prácticamente se desintegró. Una a una las fracciones pretendidamente ‘renovadoras’ fueron abandonando el partido, ante la dificultad para imponer su política. El PCU, del que habían emigrado la mayoría de los dirigentes ‘históricos’, había quedado reducido a una mínima expresión. El primer diputado de la 1001, el ex-‘progresista’ Rodríguez Camusso, rompió con el FA bajo una fundamentación abiertamente anti-comunista, y volvió al Partido Nacional —integrándose al sector del ex-presidente Lacalle Herrera. Una minoría del partido resistió este planteamiento y logró convocar a un congreso extraordinario -al cual ni siquiera se presentaron los dirigentes históricos del PCU. Este es el verdadero “nacimiento” del actual PCU, cuando los militantes llamados “ortodoxos” y un puñado de dirigentes resisten la disolución. Notablemente, no realizaron una crítica despiadada a su pasado y a la orientación de quienes habían sido sus dirigentes hasta el día anterior, sino que reivindicaron esa misma estrategia y la siguieron defendiendo al pie de la letra. Por ello no sólo se mantuvieron dentro del Frente Amplio, sino que incluso en 1994 en un congreso de la coalición centro-izquierdista defendieron la ampliación hacia la derecha (“Encuentro Progresista”) y abandonar planteos programáticos como la estatización de la banca. Es recordada la intervención del ex dirigente Eduardo Viera fundamentando extensamente en un congreso del Frente Amplio en este sentido, un hecho tanto o más revelador que cuando Jaime Pérez atacó la dictadura del proletariado en la televisión.
El repudio de Jaime Pérez a “toda dictadura, incluso la del proletariado” se produjo poco tiempo después del XXI Congreso del PCU (realizado en 1988) cuya adquisición fundamental fue el descubrimiento del “valor universal de la democracia”, por lo que las declaraciones de Pérez no deberían haber generado mayor revuelo. De hecho, el PCU hace décadas no defendía la dictadura proletaria. El arismendismo fue profundizando más y más esa orientación “democrática”, aunque nunca se realizó una autocrítica seria sobre el apoyo a los militares “patriotas”. El XXI Congreso reiteró como “vía uruguaya al socialismo”, el “avance en democracia” y el Frente Amplio. “El gobierno del FA y sus posibles aliados permitirá construir una democracia avanzada mediante la profundización democrática y transformaciones radicales. La concebimos como nuestra vía de aproximación a la revolución agraria y antiimperialista, en tránsito al socialismo”. Se llegaba así al cretinismo parlamentario más depurado, y la negación más abierta de la revolución proletaria y el gobierno obrero (dictadura proletaria). Hoy los dirigentes del PCU, que vienen de haber enfrentado a Jaime Pérez y la supuesta “renovación”, reiteran al pie de la letra la principal adquisición de aquel XXI Congreso de 1988: “Los comunistas uruguayos consideramos la democracia como una conquista estratégica, de profundo valor histórico, que debemos defender y profundizar, en la perspectiva de su realización más plena y profunda en el socialismo”.
En nombre de la claridad, los dirigentes del PCU deberían haber modificado su denominación una vez más, ya que siguiendo a Lenin aquel que repudia la dictadura del proletariado no es siquiera marxista: “Quien reconoce solamente la lucha de clases no es aún marxista, puede mantenerse todavía dentro del marco del pensamiento burgués y de la política burguesa. Circunscribir el marxismo a la doctrina de la lucha de clases es limitar el marxismo, bastardearlo, reducirlo a algo que la burguesía puede aceptar. Marxista sólo es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado. En esto es en lo que estriba la más profunda diferencia entre un marxista y un pequeño (o un gran) burgués adocenado.”
Durante 15 años el Frente Amplio fue gobierno y no hubo ningún avance al socialismo, sino que incluso con mayorías parlamentarias y con gobiernos “aliados” en la región llevaron adelante una política que aumentó la deuda externa (pese a haber pagado cifras millonarias), hizo crecer la concentración y extranjerización de la tierra, promovió más zonas francas y subsidios a las inversiones extranjeras, y fortaleció leyes represivas contra el movimiento obrero como la represión de piquetes, la prohibición de ocupación de empresas y oficinas públicas, la utilización de los decretos de “servicios esenciales” contra las huelgas, entre otros. El propio PCU fue impulsor de la prohibición de las huelgas desde la Intendencia montevideana cuando la encabezaba la “comunista” Ana Olivera, y también aplilcó ese decretazo contra los trabajadores de la salud pública cuando un ministro “comunista” lo encabezaba.
Ahora que gobierna la derecha, seguramente los dirigentes del PCU le echan la culpa al pueblo trabajador por su escasa conciencia, pero son ellos los que fueron borrando las diferencias con los partidos que coaligados terminaron triunfando en las elecciones del año pasado. El propio Manini Ríos nace como resultado de la política del Frente Amplio para las FF.AA., que el Partido Comunista de Uruguay no ha denunciado ni enfrentado en forma mínimamente consecuente. Los pactos con los mandos militares, el mantenimiento de la impunidad, el ascenso de oficiales que reivindican el rol del ejército en la represión de la izquierda y de los explotados, ha sido mantenida durante quince años. Los juicios y condenas surgen no por iniciativa del “progresismo” sino de los militantes de izquierda que se han negado a resignarse a estos pactos antidemocraticos y reaccionarios.
Las transformaciones que ha sufrido el PCU en 100 años no son menores al giro estratégico que se protagonizó en 1920 al adherir al programa de la revolución proletaria y la dictadura del proletariado. Por el contrario, los cambios posteriores han sido aún más profundos y decisivos. Hoy el PCU podría reivindicar una continuidad más con Frugoni que con el leninismo. Esto no es una chicana, el planteo de transformaciones desde el Estado capitalista a través de “más democracia”, de parlamentarismo, e incluso de saludar las inversiones extranjeras, tienen mayor parentezco con el programa de Frugoni que con un planteamiento comunista.
La reivindicación del comunismo, que implica la denuncia a la contrarrevolución estalinista y la lucha contra los que restauraron el capitalismo en la ex URSS, implica una crítica y un balance histórico que los dirigentes del actual PCU se han negado a realizar. Implica abandonar la estrategia de alianza con la burguesía y reconocer que ya en 1973 la clase obrera uruguaya mostró en la huelga general que estaba por encima de sus dirigentes que la pretendían someter a tratativas y acuerdos con los “progresistas” civiles o militares, y que aquella huelga heroica fue una incipiente revolución proletaria que se produjo en condiciones históricas desfavorables de reflujo y retroceso, pero que por ello mismo muestran que la perspectiva estratégica debe ser la lucha por un gobierno obrero y popular, no un gobierno de colaboración de clases ni de conciliación con el imperialismo.
