El referéndum culminó con un virtual empate en el cual -si bien se mantienen los 135 artículos impugnados- el gobierno no sale fortalecido de la votación. Desde la aprobación de la “Ley de Urgente Consideración” el gobierno de Lacalle Pou estuvo en un relativo impasse, que la coalición derechista atribuyó al “palo en la rueda” del referéndum. Una votación plebiscitaria a favor del NO hubiera implicado un espaldarazo y la posibilidad de ir a fondo con las “reformas” que reclama el Fondo Monetario Internacional (especialmente la reforma jubilatoria). Los votos obtenidos por gobierno alcanzaron un 48% (contra un 47% para el SI a la derogación), un porcentaje menor al obtenido dos años atrás en la segunda vuelta presidencial. Para el politólogo Botinelli “tras la votación el presidente y la coalición multicolor salen debilitados” y respalda esta conclusión en que el bloque oficialista ostenta el 56% del parlamento, y la votación lo deja 8 puntos abajo de ese porcentaje.
La votación por el SI fue elevada, muy por encima de las predicciones de las encuestas, y refleja una polarización social que tiende a exacerbarse. Mientras el referéndum fue impulsado por los sindicatos y organizaciones populares, las cámaras empresariales se pronunciaron explícitamente por el NO, defendiendo las restricciones al derecho de huelga incluidas en la LUC y sobre todo rechazando un empantanamiento gubernamental. La burguesía está mayoritariamente alineada con el gobierno, lo cual refleja que hasta ahora este ha logrado defender sus intereses en un marco de crisis capitalista internacional. La campaña de la derecha levantó la tesis de que el Frente Amplio había sido copado y arrastrado por la central sindical, lo cual graficaron en la elección de Fernando Pereira (ex presidente del PIT-CNT) como presidente de la coalición de centro-izquierda. Los partidarios del gobierno derechista colocaban al SI como un retorno al “excesivo peso” de los sindicatos en el gobierno de conciliación de clases del FA. El Ministro de Educación afirmó que la derogación de la LUC implicaría volver a un régimen “soviético” en la educación pública (haciendo referencia al gobierno de la enseñanza a través de “consejos” en los cuales tienen participación representantes de los docentes).
La acusación del gobierno es falsa, ya que el Frente Amplio está dominado por fracciones burguesas e incluso fondomonetaristas que manejaron la política económica durante los 15 años de gobierno frenteamplista. Sin embargo, es cierto que el referéndum no nació por iniciativa de la cúpula del Frente Amplio, y hasta fracciones de la burocracia sindical (como el mismísimo Fernando Pereira) estaban en contra de recurrir a ese recurso constitucional contra la LUC. El PIT-CNT, las cooperativas de vivienda, los gremios estudiantiles, y distintas comisiones barriales e “intersociales”, debatieron durante cinco meses el lanzamiento de esta campaña, donde la mayoría de esas organizaciones incluso pretendían impugnar la totalidad de la ley. Hay que recordar que incluso antes de la asunción de Lacalle Pou hubo protestas (caceroleos) convocados desde sectores sindicales y populares, contra la anunciada Ley de Urgente Consideración. El Frente Amplio, mientras tanto, convocaba a un gran acuerdo nacional con el pretexto de la pandemia, e incluso a la “unidad nacional”. Mientras el FA negociaba en el parlamento (y votaba más del 50% del articulado de la ley reaccionaria), se desarrollaban movilizaciones en plena pandemia escapando al control de la burocracia sindical. Finalmente, la dirección sindical debió lanzar un referéndum para canalizar la protesta, aunque condicionado por toda la política del Frente Amplio (pese a ello debieron impugnar incluso cinco artículos votados por la totalidad del parlamento, incluido el FA). La recolección de firmas primero, y la campaña por el referéndum después, fue utilizada como una vía para canalizar la bronca hacia el camino constitucional y evitar la lucha de masas. La burocracia sindical pactó ajustes salariales por debajo de la inflación oficial, y aisló las tendencias a la lucha sindical. Pese a ellos se desarrollaron grandes conflictos e incluso huelgas (frigoríficos, pesca, construcción, portuarios, bancarios, etc.), y algunas de ellas incluso resultaron triunfantes.
La propia campaña del referéndum estuvo limitada a algunas acciones de propaganda y recaudación financiera, evitando actos de masas. Los propios actos públicos eran en lugares cerrados y con venta de entrada. Toda la campaña estuvo condicionada a tender un puente hacia las cámaras empresariales y darles garantías, no a la movilización de la clase obrera. En la última semana, Fernando Pereira, Carolina Cosse (intendenta de Montevideo) y Yamandú Orsi (intendente de Canelones), las tres principales figuras del Frente Amplio y posibles candidatos en 2024, mantuvieron una reunión con los sectores empresariales para darles garantías e intentar ganar su apoyo. En la semana previa al referéndum, el parlamento votó en forma unánime una ley enviada por el gobierno que quitaba el IVA al asado de tira, medida ridícula y para la tribuna ante el aumento de la carestía. Los parlamentarios frenteamplistas le dieron su voto porque “cualquier monedita sirve”. Tras varios años de rebaja salarial y en un marco de creciente inflación, la burocracia sindical del FA mantiene una completa parálisis y aisla las luchas que rompen con esa política.
El empate no implica un golpe pero tampoco un espaldarazo al gobierno, aunque refleja un creciente malestar incluso en buena parte del interior (el SI tuvo votaciones altas no sólo en Montevideo y Canelones, sino también en Paysandú, y en parte en Salto, Soriano, San José, etc.). Lacalle Pou intentó minimizar la elevada performance del SI, y dijo que había que “dar vuelta la página” y pasar a gobernar. El referéndum mantuvo en gran medida abroquelada a la coalición derechista, conteniendo algunas disputas inter-capitalistas (expresadas sobre todo por el partido Cabildo Abierto del ex jefe del ejército Manini Ríos). Pasada la votación, Manini vuelve a insistir en la instalación de un diálogo multipartidario y un “Consejo de Economía Nacional” con integración de sindicatos y cámaras patronales. Más en general, Cabildo Abierto y también sectores del Partido Colorado han reclamado la instalación de una mesa política del gobierno. Lacalle Pou ha gobernado con un método presidencialista, negociando “mano a mano” con cada uno de sus socios, pero negándose a instalar una mesa de la coalición que lo llevaría a una especie de “gobierno colegiado”. El ex presidente colorado Julio María Sanguinetti ha dicho que esto era razonable en el primer año del gobierno, cuando un presidente “construye su autoridad”, pero que ahora es necesario un mecanismo que articule a los socios de la coalición derechista.
En la recta final del referéndum, Lacalle Pou descartó la realización de una cadena de televisión de la coalición de derecha, y optó por realizar una conferencia de prensa unipersonal. La opción no tenía un sentido electoral, ya que hubiera sido electoralmente más rendidora una conferencia donde estuviera el presidente con todos sus aliados. Lacalle buscaba reforzar en el referéndum su propia autoridad, no sólo frente a la oposición y al movimiento obrero, sino también de cara a sus socios. Tras la votación, el presidente volvió a dar un mensaje en forma personal, sin dejar el escenario a la “comisión del NO” que unía a los distintos partidos de derecha.
Mientras algunos dirigentes de la derecha plantean la necesidad de abrir una negociación con el Frente Amplio, Lacalle Pou descartó que se abriera un espacio especial de diálogo, planteando que llevaría los proyectos de ley primero a sus aliados y luego los enviaría al parlamento, que sería el escenario en todo caso de una negociación de cada ley. El presidente anunció el envío de una ley de reforma de la seguridad social, una exigencia del FMI y las calificadoras de deuda (Moody’s “espera que [el gobierno] continúe el proceso de consolidación fiscal y que se abran espacios para que las autoridades avancen en la reforma del sistema de pensiones” tras el referéndum). El Frente Amplio manifiesta su voluntad de negociar esa reforma jubilatoria, que claramente tiene como eje el aumento de la edad de retiro, la extensión de las Afap (jubilación privada) y la modificación a la baja del cálculo de la jubilación inicial, pero acordar con el gobierno implica una crisis con los sindicatos y su propia base electoral. En el propio Partido Nacional, el Senador Jorge Gandini manifestó sus reservas a aprobar esa ley sin el concurso del FA: “si no hay acuerdo y el gobierno debe asumir todo el costo político, puede no haber reforma de la seguridad social” (emisora Del Sol, 29/3), “el sueño del pibe del FA es que votemos una ley antipática y después disfrutarla” (tras ganar las elecciones en 2024).
Mientras tanto, la crisis capitalista ha pegado un salto con la guerra mundial que se desarrolla en Ucrania, y el crecimiento de los precios de los combustibles y los alimentos, lo cual plantea un escenario de agudización de la lucha de clases. Pasado el referéndum, las necesidades y urgencias de los explotados deberán resolverse en las calles y con las huelgas. La reforma de la seguridad social plantea la necesidad de un plan de lucha y la huelga general para derrotar al gobierno del FMI. La burocracia sindical frenteamplista pretende inculcar en el movimiento obrero que sólo a través de mecanismos electorales o parlamentarios (y finalmente con un triunfo del FA en 2024) puede haber una solución a las necesidades populares. En ese sentido, utilizó el referéndum como un mecanismo para estrangular las tendencias a la lucha. En contraposición a ese planteo frenador, en un acto obrero independiente por el SI realizado en la ciudad de Canelones, el dirigente del Frigorífico Canelones Raúl Torres planteó que cualquiera fuera el resultado lo que estaba planteado era el 28 salir a las calles, con un plan de lucha por el salario, contra la carestía y contra la reforma jubilatoria. Ese planteo elemental traduce las tendencias a la lucha de las bases obreras, en contraposición con la burocracia sindical del Frente Amplio. En el mismo sentido se han pronunciado los trabajadores de la seguridad social, que realizan una campaña contra la reforma jubilatoria del FMI. Está planteada la necesidad de un congreso obrero que apruebe un programa de los trabajadores frente a la crisis capitalista y un plan de lucha para romper con la parálisis del aparato sindical frenteamplista y para derrotar al gobierno derechista.
