La movilización ruralista generó un debate en la izquierda. En el Frente Amplio repentinamente recordaron que existen los latifundistas. El diputado Gerardo Nuñez (PCU) twitteó: “Si se quiere discutir en serio sobre el ‘campo’ discutamos sobre la concentración y extranjerización de la tierra. Es el principal problema” (19/1). La UJC sacó un afiche que dice “Lo que no se aguanta más es tanta tierra en pocas manos”. “Presidente de ARU Paysandú dice que se cansaron de mantener vagos. Estoy de acuerdo. Discutamos los 2 mil millones usd que se exoneran a los grandes capitales”, twitteó el diputado del PCU el 24/1.
El FA gobierna hace 13 años. La concentración y extranjerización de la tierra creció sistemáticamente en estos gobiernos, que contaron con la presencia de dirigentes del Partido Comunista en los ministerios. Votaron sistemáticamente todas las leyes de presupuesto que establecen el pago de la deuda externa, las exoneraciones al gran capital y a los terratenientes, y hasta los subsidios directos a la burguesía. ¿Y ahora se acuerdan del latifundio?
Alianzas policlasistas
Esta repentina recuperación de la memoria es oportuna para recordar que los documentos del PCU impulsaban un “Frente Democrático de Liberación Nacional” como supuesta vía para desarrollar una “revolución agraria y antimperialista”. La declaración programática de 1958 afirmaba que el régimen económico-social uruguayo se caracteriza “por la dominación de clase de los grandes terratenientes y grandes capitalistas y por la dependencia del imperialismo, particularmente norteamericano”. El planteamiento arismendista era una revolución que “deja en pie y garantiza legalmente, en esta etapa, la propiedad de la burguesía nacional, de los agricultores y ganaderos no latifundistas y de los pequeños productores, artesanos, comerciantes, talleristas, etc.” (informe al XVII° Congreso). El “Frente Democrático” representa una alianza de la clase obrera, el campesinado, la pequeña burguesía y… la burguesía “nacional”.
¿Cuál fue el resultado de esta estrategia? Seis décadas han pasado desde aquella declaración, y trece años desde que asumió un gobierno integrado por el PCU, y la dominación de clase de parte del gran capital y el imperialismo es ahora garantizada por el Frente Amplio. La política de “frente democrático” o “popular” no condujo a ninguna “revolución agraria y antimperialista”, sino a estrangular las tendencias a la lucha popular y a integrar al movimiento obrero al régimen dominado por los grandes capitalistas.
Durante el gobierno frenteamplista, aumentó el sometimiento al imperialismo (creció la deuda externa y la proporción del presupuesto nacional destinada al pago de intereses), la dependencia respecto a las materias primas (soja, carne, forestación), la humillación nacional frente a las multinacionales como UPM y Montes del Plata, instaladas en zonas francas, que exportan todas sus ganancias a su casa matriz. Las sociedades anónimas en el campo, que supuestamente iban a quedar prohibidas, fueron autorizadas y hoy apenas 90 empresas poseen 6 millones de hectáreas. Los “pequeños productores” siguen siendo expulsados de sus tierras: 12.000 establecimientos cerraron. Apenas 8.000 empresas controlan el 80% de la superficie cultivable. La salida es claramente la nacionalización de la tierra, expropiando a los acaparadores, pero eso es imposible realizarlo de la mano de la “burguesía nacional”, es una tarea que corresponde enteramente a la clase obrera a la cabeza del conjunto de los explotados.
Unidad Popular
La UP comparte la estrategia de alianza con la burguesía “nacional”, lo cual expresan en su defensa de un “programa artiguista” (no obrero y socialista). La UP se niega a levantar el objetivo estratégico de un “gobierno de trabajadores”; impulsan en cambio un “gobierno popular y antimperialista”. Esta alianza policlasista estaría al servicio de la emancipación nacional y de una revolución agraria, pero tanto el 26M como el PCR salieron a apoyar la movilización rural en nombre de una alianza con los “pequeños y medianos productores”.
La declaración de la UP (publicada en La Juventud, el 23/1) afirma que “Pequeños y medianos productores del campo, (…) están gestando una gran movilización a nivel nacional, con asambleas muy importantes y caravanas de tractores y vehículos en las rutas del país” y que “la oligarquía rural y sus expresiones gremiales y políticas intentan sacar ganancias sobre los hombros de la movilización de los pequeños y medianos productores asociados”.
Aunque todo esto fuera cierto, la UP ya sabía el 23 de enero que el acto en Durazno contaba con el apoyo de la Asociación Rural, la Federación Rural, la Cámara de Industrias, las inmobiliarias de Punta del Este, la ANDEBU (propietarios de los medios de comunicación masiva). En tan agradable compañía, el diputado Rubio y el dirigente Gonzalo Abella se hicieron presentes en Durazno.
La declaración considera “justas” las reivindicaciones: “apoyo en serio para mantenerse produciendo” a pequeños “y medianos” productores, “rebaja de tarifas de electricidad y gasoil, para ellos” (aclara), “ante la caída de los precios internacionales excepcionales de años anteriores, hoy son necesarios también precios sostén para los productos del sector que van al mercado interno y terminar con el atraso cambiario”. Los dirigentes de la UP son perfectamente conscientes que este planteo conduce a aumentar el costo de la canasta de alimentos (y el costo de vida en general). Una devaluación significa la licuación del salario, por eso la reclaman las patronales industriales y agroexportadoras. Para intentar suavizar su planteo pro-patronal, UP aclara que “Eso no significa que apoyemos devaluaciones bruscas y de magnitud”, y toma distancias de “expresiones fuertes que se han dado en relación a culpabilizar a los trabajadores públicos del impacto impositivo”. La devaluación de la UP sería a lo Luis Fonzi, “des-pa-cito”. Tras levantar un planteo claramente patronal, no es casual que la declaración tenga que aclarar que “No olvidamos tampoco la situación de los trabajadores rurales”.
Por una alternativa socialista
La movilización ruralista permitió unir a un gran frente patronal que reclama un recambio político. Se inscribe por lo tanto, con independencia de la conciencia que tengan de ello sus promotores iniciales, en el contexto de los “cambios de régimen” en la región (Macri, Temer). Apuntan a atacar al movimiento obrero, no a los latifundistas, grandes capitalistas y banqueros. No es casual la prédica contra los sindicatos, los trabajadores públicos, y el reclamo contra la “mochila pesada” de los “altos salarios” rurales, que se difundió desde el ruralismo (y a la que se pliegan sus aliados urbanos).
La clase obrera no tiene salida si sigue a rastras del gobierno frenteamplista. No puede por supuesto plegarse a los planteos de la derecha, que busca profudizar el ajuste. El fin de los altos precios de exportación, así como del “libre comercio”, marca una nueva etapa. “Se acabó la bonanza”: declaró el presidente de la ARU. En un cuadro de agudización de la lucha de clases, el movimiento obrero debe recuperar su independencia política. Ni con el gobierno, ni con las patronales derechistas. Preparemos la lucha por un programa obrero y socialista, en la perspectiva de un gobierno de trabajadores.
