La falsa polarización inter-partidaria, esconde la verdadera polarización social
El sociólogo Gerardo Caetano resumió hace unos días: culmina el tercer gobierno del Frente Amplio y el séptimo gobierno post-dictadura, y no se produjeron cambios significativos en las Fuerzas Armadas. Caetano es un intelectual frenteamplista, y señala su decepción con los gobiernos que llama “democráticos”. No es difícil discrepar con esta adjetivación, si bajo esos gobiernos se mantuvo la impunidad para torturadores, violadores, secuestradores y asesinos seriales, en lugar de aplicarles el peso del código penal. Los gobiernos surgidos del pacto del Club Naval fueron cualquier cosa menos “democráticos”, en tanto se dieron como principal tarea mantener la continuidad de los mandos militares frente a los reclamos de justicia populares.
La decepción de Caetano es común a gran parte del electorado que se define de izquierda. La firma por parte de Tabaré Vázquez de los fallos de los “tribunales de honor” (?) y el nombramiento del General González en sustitución de Manini Ríos, pese a que el propio González había participado de esos tribunales en los cuales no encontraron que los crímenes de Gavazzo y Cía fueran contra el “honor militar”, fue la gota que rebasó el vaso. La indignación que se generó pretendió ser resuelta con la remoción del nuevo comandante del ejército, de seis generales más, y del ministro y viceministro de Defensa. La destitución del ministro y la contundencia de los relevos militares estaba al servicio de salvar la responsabilidad presidencial.
A finales de 2003 se desarrolló un Congreso del Frente Amplio donde casi todos los sectores de la coalición resolvieron mantener la ley de impunidad. En ese congreso pasó a la historia la frase de Fernández Huidobro al defender la vigencia de la ley de caducidad: “a todo podemos renunciar, menos a la victoria”. No hubo ninguna duda, por lo tanto, que el FA defendía la intocabilidad de los mandos militares, y a lo sumo iba a impulsar la recuperación de los restos de algunos desaparecidos (la nuera de Gelman, principalmente). Todas las denuncias que se presentaron a los juzgados fueron a iniciativa de las víctimas o los familiares, no del gobierno. Tampoco hubo una depuración siquiera cosmética de los mandos: se mantuvo la continuidad. Tabaré Vázquez intentó generar un “Punto Final” a los juicios y denuncias, impulsando un día del “Nunca más” que en realidad pretendía ser una reconciliación. Fracasó en su intento, por el rechazo de los Familiares de Desaparecidos.
También hay que recordar que el intento de reforma constitucional para eliminar la “caducidad” (papeleta rosada) fue boicoteado por los principales grupos del Frente Amplio, tanto en cuanto a la recolección de firmas como luego en la propia votación. Pese a ello, 1:200.000 personas votaron la anulación de la impunidad en 2009. Al mismo tiempo era elegido José Mujica como presidente, que redobló los intentos para terminar con los juicios y por liberar a los “pobres viejos” que estaban presos en una cárcel VIP (y luego en prisión domiciliaria). Mujica y Fernández Huidobro hicieron declaraciones y visitaron a represores encarcelados clamando por su inocencia. Huidobro fue encumbrado en el Ministerio de Defensa luego de que se negara a votar en el Senado la eliminación de la impunidad. Tabaré Vázquez lo ratificó en su cargo en su segundo gobierno.
Como se ve, no hubo errores: hubo una política consistente y sistemática que pretendió terminar con el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad. La actual crisis en torno al ejército dejó al desnudo que los mandos siguen en manos de elementos completamente reaccionarios y antidemocráticos, y que ha fracasado toda esa política que intentó acabar con las denuncias.
Continuidad económica
La persistente defensa del aparato militar y su continuidad por parte de todos los partidos que gobernaron, se explica en que las FFAA son uno de los pilares últimos para mantener el “órden” social, es decir, defender los intereses de banqueros y grandes capitalistas.
Por ello hubo continuidad en el reconocimiento de la deuda externa de la dictadura y de sus sucesivos incrementos como consecuencia del rescate de bancos por los gobiernos “democráticos”. También hubo continuidad en los Tratados de Protección de Inversiones (que establecen la jurisdicción internacional para diferendos con las multinacionales) y también en el impulso de las zonas francas. Botnia-UPM primero, Montes del Plata luego y ahora UPM2, son ejemplos de este gran acuerdo entre los distintos partidos que ahora compiten en las elecciones. Todos ellos defienden a los sojeros, a los terratenientes de la forestación, y a los fondos de inversión que especulan con la tierra y el agua, y también la contaminan a través de las semillas transgénicas y los agrotóxicos.
Si bien mientras duró el auge de las materias primas los salarios subieron por encima del piso al que llegaron en la crisis de 2002, en general se mantiene la pauperización de los asalariados, que de conjunto reciben un porcentaje del ingreso nacional inferior al período anterior a aquella crisis financiera. El creciente desempleo y los ajustes salariales por debajo del IPC para amplios sectores, está provocando una caída de las condiciones de vida populares.
Falsa polarización
La destitución de Manini y la remoción de generales del ejército es utilizada ahora por la llamada “izquierda” del Frente Amplio como una forma de salir al rescate del gobierno y del propio FA. Pretenden colocar una polarización con “la derecha”, como si se estuviera desarrollando un proceso “à la Bolsonaro”. Si así fuera, ya sabemos cuál es el peor instrumento para enfrentar a un fascista: el centroizquierdismo, como lo demuestra claramente el ejemplo de Lula y del PT de Brasil. Frente a la destitución de Dilma y la prisión de Lula, el PT y la CUT capitularon sin movilización, permitiendo el triunfo de un proceso golpista encabezado por el ejército. ¿El Frente Amplio de los Tabaré-Astori-Mujica, o de los Daniel Martínez-Carolina Cosse, acaso es mejor a su hermano brasileño?
El Frente Amplio defiende el aumento de la edad de retiro. Mujica llegó a declarar que hay que decir al trabajador uruguayo que deberá trabajar 5 años más. Se trata del mandato del Fondo Monetario Internacional, que se pretende imponer en todo el planeta, y que en Brasil intenta llevar adelante Bolsonaro y en Uruguay intentarán concretar Daniel Martínez o Luis Lacalle Pou. Son dos variantes del FMI, no alternativas. No son polos de una contradicción entre las clases: el centroizquierdismo y la derecha representan ambos al gran capital, los sojeros, los banqueros.
La verdadera polarización social, entre explotadores y explotados, no tiene expresión en las elecciones, está enmascarada. Para ponerla de relieve es necesario constituir una alternativa política de los trabajadores, que es el planteo del PT precisamente.
Guerra de clases
El apogeo del Frente Amplio y del “progresismo” latinoamericano fue el de la cooptación de los movimientos sociales, bajo la idea de que es posible atenuar las contradicciones entre las clases. Mientras había un auge de las exportaciones de materias primas, esa ficción se mantuvo a medias. Ahora la crisis capitalista internacional ha echado por tierra la época de la llamada “globalización”, y se ha abierto un período de mayor confrontación entre potencias y monopolios -guerras comerciales y guerras propiamente dichas. Los mercados de exportación se cierran, por más que los gobiernos latinoamericanos apuesten a devaluaciones -como se ve claramente en Argentina, donde Lacalle Pou ve naufragar a quien había presentado como su “modelo”.
Tanto desde la derecha tradicional como desde el terminado “progresismo”, se pretende imponer un programa de ataque al movimiento obrero. Daniel Martínez lo proclama abiertamente, aunque por ahora disimula un poco como si sólo se refiriera a ADEOM: proclama la necesidad de terminar con el derecho de huelga. Es el programa que reclama UPM2, y también lo piden las Cámaras empresariales: prohibir las ocupaciones y los piquetes, para poder quebrar las huelgas. Martínez plantea incluso privatizar la recolección de basura (aún más) para fragmentar a los trabajadores e impedir las medidas de lucha (los privados actuarán como rompehuelgas). El convenio que impuso el Frente Amplio para la “Mesa de Entes Autónomos” apuesta también a regimentar aún más a los sindicatos, y permite al gobierno declarar la caída del convenio en forma unilateral, ante cualquier medida de lucha de un sindicato. Esta cláusula tiene en lo inmediato nombre y apellido: se aplicará a los ferroviarios si toman medidas de lucha que afecten al tren de UPM. Pero marca toda la tendencia para el conjunto de los sindicatos, con la anuencia de la cúpula del PIT-CNT.
Frente a los planteos de derecha y centro-izquierda en cuanto a reformar la seguridad social, la dirección del PIT-CNT plantea que haya un “diálogo social” (con partidos, empresarios y sindicatos). En otras palabras: está dispuesta a negociar la entrega. El aumento de la edad de retiro y demás medidas contra las jubilaciones son una declaración de guerra contra el movimiento obrero, y los trabajadores debemos declarar la guerra a esa reforma previsional capitalista, preparando una huelga general para derrotarla. Esa es la batalla que se viene el próximo año!
Sumate a construir una alternativa
Intervenimos en las elecciones para preparar las futuras luchas contra el próximo gobierno. Lo proclamamos abiertamente: gane quien gane, vendrá por nuestras conquistas, y en primer lugar contra los derechos jubilatorios.
Te invitamos a construir junto al PT una alternativa política de los trabajadores. Sumate a nuestra campaña, firmá como convencional y acercate a nuestros compañeros para impulsar juntos las grandes luchas en defensa de las reivindicaciones y conquistas populares, en la perspectiva de un gobierno de trabajadores.
