En el año 2009, a partir de una crisis financiera y las presiones del Poder Ejecutivo, se crea CASMU IAMPP, separándose del Sindicato Médico del Uruguay (hasta el momento, era su entidad adscripta). Se trató de una condición para que que el gobierno saliera como garante de esa refinanciación, fundamentalmente en manos de médicos que se incorporaran al régimen de “Institución de Asistencia Privada sin fines de lucro”. Esta orientación, contó con la intervención explícita del Estado, a través de una decisión política del gobierno de Tabaré Vázquez y ha generado durante décadas una deuda que inició en U$S100.000.000, que según su presidente (Raúl Rodríguez), han pagado sistemáticamente, reduciéndola en un 44%. Esa reducción se ha desarrollado sobre la base del apoyo estatal y la precariedad laboral: es decir, el “modelo empresarial” acude al Estado para su salvataje. En este sentido, el Estado uruguayo comprometió una garantía, que implicó hacerse cargo de las deudas que la misma no pudiera afrontar… Demostración material del verdadero objetivo de la reforma de la salud: privatizar el acceso a la sanidad y la atención médica, en detrimento del sistema público estatal.
El mecanismo utilizado para este gigantesco salvataje, fue trasladar parte de los fondos de los trabajadores a las mutualistas, a través del impuesto obligatorio (descuento salarial para financiar el FONASA), convertir a ASSE en un cliente de las empresas (fenómeno potenciado por el vaciamiento presupuestal público); una verdadera construcción en favor de las corporaciones de médicos-empresarios y sus acreedores -bancos y diversos fondos, como las AFAPS). Por otro lado, los tickets para medicamentos y especialistas, generan un sistema aún más restrictivo, basado en la expoliación de los bolsillos obreros.
Frente a esta dependencia frente a las multinacionales farmacéuticas, los laboratorios estatales están subutilizados, y sin recursos para producir medicamentos.
El gobierno generó todas las condiciones para que las empresas privadas intentaran monopolizar la atención médica, incluyendo vaciar de presupuesto a la salud pública. Todo el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), se desarrolla sobre la sobreexplotacion de los trabajadores y trabajadoras de la salud, su pérdida salarial, las tercerizaciones…
Sin embargo, esta fabulosa estructura ha fallado, estando nuevamente, al borde del colapso.
El gobierno, brazo ejecutor de los acreedores, en una pugna intercapitalista
En particular, la crisis de CASMU ha revelado el fracaso de este modelo de gestión. El Ministerio de Salud Pública, ha intimado a sus autoridades para que presenten balances que demuestren su liquidez o la intervendrá.
El 2 de julio, el MSP envió una intimación, en la que daba 10 días para establecer un balance que demostrara un proceso de saneamiento financiero, a partir de una nueva solicitud de endeudamiento por parte de las autoridades de CASMU, según consignaba Búsqueda el 4 de julio “a través de participantes de la reunión, lo que el Casmu pidió esta vez fue un fideicomiso de US$ 57 millones. La cesión de estos fondos no puede “transformarse en una estrategia de salvataje continua”, añadió la ordenanza del MSP (Búsqueda 4/7). El directorio del CASMU lleva años desarrollando un importante recorte salarial y de puestos de trabajo (unos 7000 actualmente). Asimismo justifica el recorte de puestos de trabajo, planteando que es en acuerdo con AFCASMU y la FUS -lo cual Irigoytía, presidente del sindicato del CASMU, desmintió- reconoció que el “CASMU reacomoda su plantilla a la realidad”, porque había demasiados funcionarios para menos usuarios, siendo necesario adaptarse a una estructura empresarial, “no estatal”. La “intervención” del Estado, es uno de los escenarios que la Ministra de Salud Rando manejó en diferentes reuniones. Si bien es un fenómeno complejo, una de sus principales causas inmediatas, es una pugna entre los acreedores de la mutualista, unidos a otras empresas que quieren expandir sus servicios; expresión de la tendencia al monopolio, característica de esta fase de acumulación capitalista. La pandemia ha demostrado que el área de la salud no es una excepción a la regla: las empresas privadas buscan mantener sus márgenes de ganancia a costa del empleo, despidiendo a miles de funcionarios, en el momento donde eran más necesarios, generando pésimas condiciones de atención para los usuarios y de trabajo.
La respuesta de los trabajadores
Por su parte, la burocracia sindical (en particular, a través de Jorge Bermúdez) se limita a cuestionar la mala administración de los fondos, planteando que no están las condiciones para que haya una nueva Casa de Galicia, sin desarrollar argumentos sólidos en este sentido. Por su parte, el sindicato de trabajadores de CASMU (AFCASMU), ha venido denunciando sistemáticamente el vaciamiento de la mutualista. Según ha manifestado su presidente Ariel Irigoytía, no han descartado tomar medidas para que se mantenga abierta y mejore las condidiones de trabajo y atención a los usuarios. Esto, sin posicionarse respecto al fondo del problema: mantener el lucro privado o plantear su estatización, un elemento clave en el contexto de crisis. La profundidad de la misma es tal, que hasta el entregador serial Jorge “Fogata” Bermúdez, ha tenido que reconocer en la televisión abierta que el sector está en un momento “complejo”, descartando la posibilidad de un nuevo remate, al estilo Casa de Galicia. Es necesario advertir que la desfinanciación de esta y otras entidades médicas es sólo la punta del iceberg, las condiciones profundas que han generado estas sucesivas crisis, se encuentran intactas. La clase obrera debe tomar nota de estas expresiones y abordar un planteo que las aborde en su conjunto. En lo inmediato, es necesario señalar que la consigna es que usuarios y trabajadores señalen la necesidad de un sistema de salud estatal, público y gratuito, bajo control de los trabajadores y trabajadoras, y financiado por impuestos progresivos al capital, lo cual se opone a la política actual -que funciona completamente al revés. La lucha por la superación del sistema capitalista y sus contradicciones, es parte esencial de un programa socialista, que priorice la defensa de la vida y la salud, por sobre cualquier especulación comercial.
