Desde 2017, cuando se concretó el contrato secreto con UPM, diferentes movimientos se plegaron al rechazo a esta segunda planta de la empresa finlandesa, tercera planta de celulosa en el país.
Entre algunos elementos que se han podido conocer (la dinámica de la “negociación” es que el gobierno, semanalmente cede ante una nueva exigencia), se trata de un proyecto de destrucción ambiental, desregulación del trabajo y las relaciones laborales, ingreso de capitales golondrina, entrega de soberanía en enormes zonas francas y de recursos vitales… un verdadero pacto colonial.
El marco jurídico habilitaría (a través de la nefasta Ley de Inversiones aprobada durante el gobierno de Sanguinetti, en 1998) a la exoneración de todos los impuestos y tributos menos BPS. Si bien es imposible realizar un cálculo exacto, las pérdidas ascenderían a unos U$S 8000 millones en el plazo de 30 años que dura el contrato, a los que se suman cifras similares de pérdida, por la primera planta de UPM y en Montes del Plata.
Sin embargo, la Ley 16.906, no habilita al gobierno a las enormes prebendas que quiere otorgar en lo referente a educación, soberanía sobre los cursos de agua (como el Río Negro) y el Acuífero Guaraní, construcción de un ferrocarril y toda la caminería necesaria para la empresa, violación del derecho a huelga de los trabajadores de la planta, creación de una Zona Franca, transformar en leyes los acuerdos con la empresa (!), crear y ampliar ciudades y otorgar terrenos para la construcción de las viviendas de los trabajadores de UPM, etc.
Los análisis del impacto ambiental, que incluyen un exponencial aumento de los efluentes, cargados de fósforo y otras sustancias nocivas (protagonistas de las estrellas del verano, las cianobacterias), muestran que la cantidad de agua diaria requerida para que la planta funcione, equivale a la que se necesitaría en una ciudad de un millón de habitantes, inundando además zonas cultivables e incluso el histórico balneario San Gregorio de Polanco. El proyecto de UPM2 ¿es compatible con el desarrollo de la vida?
El gobierno, la oposición patronal y la burocracia sindical
Este no es un problema jurídico, sino político. Se trata de una definición que el gobierno del FA y la que podemos llamar “oposición patronal”, junto a la burocracia sindical.
Los acuerdos a los que se llegue con la empresa, son un terrible antecedente, una vía no hacia el desarrollo económico e industrial -el pregonado “Uruguay productivo y con justicia social”-, sino al camino contrario: profundizan la pérdida de soberanía, dando pasos agigantados hacia una economía de enclave, como en la época del salitre y del guano en Perú. Claro está que, por acciones como estas, Vázquez es felicitado por el Presidente del Banco Mundial.
Todo esto a cambio de la promesa de 1.400 puestos de trabajo, de los cuales sólo unos 300 serán permanentes, dejando a su paso un tendal de pueblos fantasmas, comercios que cierran luego de un par de años, aumento de la prostitución y centros educativos estatales que nunca cumplieron un rol progresivo desde el punto de vista académico, curricular y formativo,que además serán obsoletos desde la perspectiva comercial.
El movimiento obrero debe intervenir
A través de pronunciamientos de sindicatos, gremios, organizaciones barriales, que coloquen públicamente las maniobras que el gobierno y los partidos patronales, en complicidad con la burocracia sindical, intentan desarrollar.
El rechazo debe ser contundente, apelando a los métodos históricos de la clase obrera: el paro, la ocupación, el piquete, movilizaciones masivas, para detener este plan.
En términos más generales, el PIT-CNT debe pronunciarse con claridad contra cualquier acuerdo que prohíba, limite, someta a cronogramas el ejercicio del derecho a huelga en toda su extensión. Esta declaración, a su vez debe estar acompañada de un paro de 24 horas, con movilización y una Mesa Representativa que discuta un plan de lucha para barrer con este pacto colonial en la calle.
