Las pautas salariales establecidas por el gobierno el pasado mes de julio, han colocado nuevamente, el carácter tributario de éste, respecto a los organismos internacionales de crédito y el capital.
A modo de ejemplo, el porcentaje de ajuste propuesto para julio del 2025, en el nivel 1 -el de “los salarios más sumergidos”- oscila entre los $800 y los $1300 nominales. En el caso de que todos los indicadores se mantengan estables, el “aumento” para quienes cobran un salario líquido que es inferior a un alquiler promedio, equivaldría a 13 viajes en ómnibus.
A pesar de estos planteos irrisorios, la promesa demagógica de “aumentos diferenciales” para los trabajadores con salarios más sumergidos, fue uno de los argumentos principales para dividir a la clase trabajadora en “franjas” en función de sus ingresos. Así, el grueso de trabajadores (que pertenece al nivel 2), cobrará aumentos en torno a $1750, por ejemplo, para un salario de $70.000 nominales en el primer semestre de 2025.
Por otra parte, a fines de julio, el gobierno presentó a los trabajadores estatales, propuestas que en lo esencial, implica el ajuste por IPC proyectado y correctivos que se aplicarán luego de que la inflación supere el 1% de los cálculos previstos. Esto significa, lisa y llanamente, el congelamiento del salario por los próximos 5 años y por tanto, la pérdida del poder adquisitivo, que se acumula con la que ya se arrastra desde el gobierno de Lacalle Pou, continuando así, con los lineamientos de Arbeleche.
El gobierno defiende la tasa de ganancia de los capitalistas
Llegados a este punto, conviene analizar cómo le ha ido a los capitalistas y cuáles son las perspectivas que están planteadas.
En cuanto al sector exportador, las cámaras informan un incremento del 13% en las exportaciones, comparadas con 2023; totalizando casi U$S13.000 millones destacándose la pasta de celulosa, carne y soja. Es decir: los agronegocios que desgastan nuestros suelos, explotan a los trabajadores rurales y frigoríficos (por mencionar dos rubros), aumentan su tasa de ganancia año a año.
Por su parte, los bancos tuvieron en 2024 ganancias récord, con un aumento del 32% respecto a 2023, totalizando unos U$S1672 millones (El Observador, 25/03/2025). A pesar de estas ingentes ganancias y del aumento de la productividad, las entidades bancarias no disminuyeron los costos asociados a las operaciones bancarias, ni se trasladaron a aumentos salariales a los trabajadores bancarios.
Ninguno de estos capitalistas está obligado a pagar un impuesto creciente a la ganancia, cuentan con exoneraciones, subsidios y otras erogaciones que el Estado les concede luego de esquilmar a la clase obrera, que los termina sosteniendo a través de impuestos como el IVA.
En este sentido, los anuncios del gobierno (tanto a través del ministro de Economía Oddone, como del director de la OPP, Rodrigo Arim), explicitan una política económica de ajuste, donde el salario es una de sus variables de recorte (incluyendo además la infraestructura). La “lógica no incremental” del presupuesto debe ser enfrentada en todas sus facetas: a nivel de condiciones de trabajo, salario, jubilaciones, cubrimiento de vacantes, etc.
Hacia un plan de lucha
Aunque el rechazo fue unánime dentro de la delegación sindical, no están planteadas acciones de lucha que profundicen una perspectiva de lucha, más allá del paro general votado para el próximo 12 de agosto (extendido a 24 horas en la mayor parte de los sindicatos públicos).
El acuerdo tácito entre las cúpulas sindicales y el gobierno, que se basa en dividir y diluir en dos instancias distintas, la lucha presupuestal y la salarial (y a ésta, en ramas de actividad), genera una falsa dicotomía, ya que los créditos salariales forman parte del presupuesto y son aspectos indisolubles en términos reales.
El acuerdo con ir a una negociación por rama, demuestra que su necesidad de preservar al gobierno -el mismo que se niega a gravar un ínfimo 1% a los millonarios, a bajar el IVA y que aumenta $400 a las jubilaciones sumergidas- se impone sobre la defensa de los intereses de los trabajadores y sus reivindicaciones. La recuperación de los sindicatos como herramienta de lucha de la clase obrera y por tanto, la derrota de las variantes burocráticas, es una tarea impostergable.
Para enfrentar la política de ataque sistemático a las condiciones de vida de los trabajadores, es fundamental desarrollar un plan de lucha por salario mínimo igual a media canasta familiar de inmediato (un monto no menor a $60.000), así como la reducción de la jornada de trabajo sin pérdida salarial, estatización bajo control obrero de las empresas que cierren; como puntos básicos para una plataforma que estructure las reivindicaciones inmediatas de la clase trabajadora, que incluya un presupuesto que incremente el gasto en saludo, vivienda y educación, en función de las necesidades.
¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!
