El inicio de cursos en enseñanza secundaria ha planteado un cóctel explosivo: la aplicación de una contrarreforma educativa que se conjuga con el impacto que la amputación presupuestal, en un contexto de crisis internacional.
Esta política, afecta en la cotidianeidad de la labor educativa: una emergencia edilicia no declarada, carencias de equipos multidisciplinarios (psicólogos, psicopedagosos, trabajadores y educadores sociales, etc), faltante de cargos administrativos y de servicio (limpieza y portería), recorte de grupos y horas docentes, etc.
Ante la puesta en escena que significó el inicio de cursos, la situación se muestra caótica: aún hay colas de familias intentando encontrar un lugar para que los adolescentes estudien, docentes sin trabajo y grupos sin clase (existen unas 5600 asignaturas sin docentes en el país), clases abarrotadas sin refrigeración en una ola de calor histórica, dramáticas situaciones que copan los titulares de los medios de prensa. Situaciones que, tomadas en conjunto, expresan la barbarie a la que están sometidos quienes trabajan y estudian en la enseñanza pública.
Sobre este último punto, según informes de organismos internacionales como UNICEF, la mayor parte de los adolescentes que se sienten “desesperados” y “tristes” con frecuencia, son mujeres pobres. Sin embargo, el 80% de los suicidios de adolescentes los sufren los varones. 1 Las cifras son dramáticas: unos 136.000 jóvenes no tienen bienestar psicosocial. Estos datos son públicos, sin embargo, no existe ninguna red estatal que aborde efectivamente la salud mental de los jóvenes (que debería ser una prioridad en materia de sanidad pública), ni hablar de sus carencias materiales (directamente vinculadas a los indicadores antes citados).
En un país donde la pobreza se concentra en las edades más tempranas, no sólo se compromete el presente, se compromete el futuro de miles y miles de hijos de trabajadores. Por esto, lo que ocurre y transcurre en la enseñanza es un problema para el conjunto de la clase obrera, al igual que la reforma de la previsión social, la vivienda, los salarios.
Las problemáticas vinculadas a la deprivación presupuestal, han sido denunciadas hasta el cansancio por parte de gremios y sindicatos -tanto de base como nacionales- de todos los subsistemas, siendo uno de los elementos que grafican mejor el abandono estatal al que están sometidos los jóvenes (que se agudiza en aquellos que no estudian).
La mal llamada “transformación educativa” no aborda ni prevé ningún insumo para abordar las problemáticas que impone la realidad de los centros educativos, por el contrario, profundiza la desigualdad en la preparación académica y acceso a la cultura, rebaja contenidos, estandariza y pauperiza los aprendizajes.
Cabe destacar que la política educativa del gobierno no ha logrado contar con apoyo en la mayoría de los trabajadores docentes, por lo que el gobierno ha recurrido a mecanismos de cooptación (llamado a “mentores” que serán los vigilantes del proceso, a cambio de salarios más elevados), así como al pago de un magro dinero a cambio de que los docentes asistan voluntariamente a “encuentros bimensuales” para llevar adelante sus aspectos prácticos. De soluciones de fondo, ni un atisbo.
La bomba no estalla sola, necesita un detonador
En las últimas asambleas docentes, la burocracia sindical ha sostenido que “la bomba” debe estallar sola, por lo que lo paros son un elemento contraproducente. Esta aseveración, no resiste análisis: frente al caos educativo, las autoridades de la educación continúan en una campaña (¿electoral?), donde el Presidente del CODICEN (Robert Silva) recorre paisajes bucólicos y con voz mesurada transmite mensajes de tranquilidad y optimismo.
Los hechos que han tomado relevancia pública, reafirmaron la justeza del paro adoptado por Ades Montevideo y AFUTU Montevideo el pasado 06 de marzo, generando condiciones para hacer pública la plataforma de los sindicatos, revelando la farsa de un inicio de cursos “exitoso”.
Desnudar la situación límite en la que está la enseñanza secundaria, implica discutir y adoptar un plan de lucha, que se proponga superar la sujeción a la política electoral del FA, que coloca a los sindicatos como furgón de cola de un partido que ha hecho todo lo que está a su alcance para garantizar la “gobernabilidad” de la coalición de derecha, con perspectiva a un recambio en 2024.
A nivel sindical, como le expresó al ex Ministro de Salud Daniel Salinas el dirigente de la salud Martín Pereira -luego de un efusivo abrazo y con un descaro pocas veces visto públicamente-, su táctica ha sido hacércela “fácil” al gobierno. Con una dirección que confraterniza así con la patronal, difícil prever que “estaremos a la talla”.
La lucha consecuente contra una política educativa que atenta contra los estudiantes y trabajadores, así como la consecución de una plataforma que surja del movimiento obrero y la juventud, plantea la necesidad de exponer y canalizar las tendencias a la lucha latentes, colocando una perspectiva que trascienda los “mojones” electoralistas y enfrente consecuentemente al gobierno.
En perspectiva estratégica, comprender que la “crisis educativa” es una expresión de la crisis del capital. Resulta vital para entender que en un sistema que tiende a la pulverización de las condiciones de vida de la clase obrera, ésta es una expresión del declive histórico del capitalismo. No se superará con un recambio de partidos del régimen en el gobierno, por el contrario, requiere poner en pie una alternativa revolucionaria y socialista.
