Que se haya realizado una vigésimo segunda “Marcha del Silencio”, con una masiva concurrencia, es un hecho significativo. Demuestra que sigue viva en la conciencia popular la exigencia de juicio y castigo a los represores. Una conciencia que ha pasado a las nuevas generaciones, presentes en forma numerosa en la movilización.
Su persistencia es ante todo una denuncia al Frente Amplio, que gobierna hace 12 años, por más que muchos de sus dirigentes se hicieron presentes en la marcha. La consigna bajo la cual fue convocada lo señalaba expresamente: “Impunidad, ayer y hoy, responsabilidad del Estado”.
Caducidad
La ley de impunidad fue votada en 1986 por blancos y colorados. El Frente Amplio (y una parte del Partido Nacional) rechazó el acuerdo -pese a que había estado negociando una variante de “amnistía” a los responsables de crímenes y torturas, en la cual se acotaban los juicios a los delitos más graves.
Las investigaciones judiciales fueron detenidas. La Suprema Corte declaró que la ley era “constitucional”. Los tres poderes del Estado consagraban la impunidad del aparato represivo. No se trataba de una casualidad. La barbarie represiva había obedecido a los intereses del gran capital y del imperialismo, que impulsaron el golpe de Estado. El objetivo fue masacrar a la vanguardia obrera y de izquierda, y aplastar los sindicatos y organizaciones populares, ante el temor a un proceso revolucionario y ante la necesidad de dar una vuelta de tuerca en las condiciones de explotación de los trabajadores. La dictadura redujo el salario medio en un 50%.
La preservación de los mandos militares responsables del genocidio, era una consecuencia del llamado “Pacto del Club Naval”, firmado por el Partido Colorado y el Frente Amplio (y al que adhirió luego el Partido Nacional; no fue casual que Wilson Ferreira Aldunate fuera el principal impulsor de la ley de Caducidad). Tampoco fue casual esta “salida negociada” con los mandos golpistas: fue la estrategia del imperialismo y el gran capital, que temía un derrumbe de la dictadura a través de la movilización de las masas, lo que hubiera significado un riesgo a su dominación, y más particularmente a los pactos que encadenaban al país a la hipoteca de la deuda externa. Todos estos partidos también garantizaron el reconocimiento de la deuda de la dictadura. Se preservaba así el pilar del Estado capitalista (el aparato represivo) y se daba “seguridad jurídica” al capital financiero –o sea, no se afectaban sus intereses.
Plebiscito I
Luego de no pocas vacilaciones, el FA declaró su apoyo al referéndum impulsado por los Familiares de Desaparecidos. La convocatoria para plebiscitar la ley de caducidad había generado comités en los barrios, que dieron pie a una coordinadora. Desde la base del movimiento obrero y estudiantil, surgía la consigna de juicio y castigo a los culpables. El Frente Amplio instaló una “Comisión de Notables” para regimentar el movimiento, y puso como eje “que se sepa la Verdad”.
Tras numerosas maniobras desde el gobierno y la Corte Electoral, que incluyeron censura en la televisión a un spot en el que hablaba Sara Méndez, se convocó el plebiscito en 1989 donde triunfó el voto amarillo (mantenimiento de la ley) bajo la amenaza de un desacato militar.
Tras la derrota del referéndum, Seregni declaró que “acataría” el pronunciamiento electoral. Cabe señalar que antes había declarado que si triunfaba el voto verde, se abriría paso a una negociación con los impulsores de la impunidad. La derrota llevó a una profunda depresión de los movimientos por los derechos humanos.
Marcha del Silencio
La primera Marcha se produjo recién en 1996: siete años después del plebiscito. La convocatoria surgió de una propuesta de Rafael Michelini a los Familiares de Desaparecidos, y tuvo como consigna: “por Verdad, Memoria y Nunca Más”. El reclamo de justicia no estaba presente en la convocatoria, que afirmaba: “(…) marchamos en silencio el día 20 de mayo en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos. (…) El homenaje a las víctimas no puede ser otro que el reconocimiento a través de la verdad de los hechos, la recuperación de la memoria y la exigencia de que en Uruguay nunca más exista la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada de personas”.
La propuesta de Michelini -que en ese entonces pertenecía al Nuevo Espacio y no al Frente Amplio- era tomar la fecha del 20 de Mayo (probable fecha del asesinato de su padre) como un recordatorio y una exigencia de esclarecimiento.
En ese entonces, el eje del Frente Amplio -y también de la mayoría de las organizaciones de derechos humanos- era la demanda del cumplimiento del artículo 4 de la Ley de Caducidad, que demagógicamente establecía que el Poder Ejecutivo investigaría las desapariciones y secuestros de niños para “esclarecer” estos hechos (y no para castigar a sus responsables).
Las víctimas y los familiares intentaron distintas vías para superar el bloqueo legal a los juicios. Cada tanto alguna causa provocaba que algún represor fuera citado a un juzgado, al tiempo que comenzaban a producirse solicitudes de extradición de los criminales de lesa humanidad desde otros países.
El ascenso del Frente Amplio
El FA no llegó al gobierno enancado en la movilización popular –como sucedía en otros países latinoamericanos, a través de “puebladas”– sino luego de generar un gran reflujo del movimiento obrero y garantizar la culminación del gobierno colorado pese a la brutal crisis de 2002. Vázquez declaró que “ayudaría a Batlle a completar su mandato”, sosteniendo al régimen de los banqueros y grandes capitalistas.
La política del futuro gobierno en relación a la impunidad quedó perfectamente clara para todos a fines de 2003, cuando el congreso del Frente Amplio votó por mayoría el mantenimiento de la ley de caducidad y el “cumplimiento de su artículo 4°”, frente a propuestas que planteaban su anulación (Hugo Cores). El abanderado de este planteo fue Eleuterio Fernández Huidobro, quien declaró: “a todo se puede renunciar, menos a la victoria”. Otro defensor del mantenimiento de la ley blanqui-colorada fue nada menos que Raúl Sendic (hijo), en ese entonces dirigente del “26 de Marzo” (semanario Brecha, octubre de 2003).
En 2007, Tabaré Vázquez intentaría instalar el día del “Nunca Más”, como un planteo de “reconciliación nacional” (“debe ser también el día del compromiso a que nunca más sucedan hechos de intolerancia y violencia entre los uruguayos”). El intento fracasó por la oposición de los Familiares de Desaparecidos.
Extradiciones y cárcel VIP
Frente al avance de los pedidos de extradición desde Argentina y otros países, Vázquez debió apelar a una maniobra para evitar los juicios fuera del país. En algunos casos, el Poder Ejecutivo decretó que no estaban amparados en la ley de Caducidad, lo cual permitió a que se avanzara en procesamientos e incluso se alcanzaran condenas. Para ubicar a un puñadito de militares procesados, el gobierno ordenó construir una cárcel especial dentro de un cuartel.
Desde el inicio, la política frenteamplista fue dejar solas a las víctimas de la represión, quienes debían ir por su cuenta a los juzgados e intentar presentar pruebas. El FA no impulsó desde el Estado la investigación ni mucho menos el castigo a los culpables. Estuvo por detrás del Juicio a las Juntas que llevó adelante el gobierno del radical Raúl Alfonsín -que luego cerraría las causas contra represores a través de indultos y leyes de obediencia debida.
Mujica, en el segundo gobierno del Frente Amplio, intentó lograr la liberación de los que llamó “viejitos”, por supuestas razones “humanitarias”.
Plebiscito II
En 2009 se volvió a producir un plebiscito, esta vez bajo la forma de una reforma constitucional que anulaba la ley de caducidad. La recolección de firmas se realizó con el apoyo de apenas algunos grupos, mientras la mayoría del Frente Amplio (PS, MPP, Asamblea Uruguay) daban la espalda a este movimiento.
Los impulsores de la recolección de firmas no querían reclamar al FA la anulación de la ley por el parlamento, pese a que la coalición de centroizquierda tenía mayorías propias para hacerlo.
Pocos días antes de las elecciones de 2009, una gigantesca marcha de apoyo a la “papeleta rosada” de anulación de la impunidad recorrió Montevideo, en la que dominaba la juventud.
Buena parte de los dirigentes del Frente Amplio no ensobraron la papeleta rosada, que no alcanzó el 50% de los votos válidos por poco.
Fernández Huidobro
Junto a Semproni, Huidobro fue uno de los parlamentarios que cuestionó el intento de derogar la ley de impunidad por la vía de una “ley interpretativa”, siguiendo la política de Vázquez, Astori y Mujica. No fue casual que el segundo presidente frenteamplista lo nombrara Ministro de Defensa tras su renuncia al Senado.
La designación del ex jefe del MLN fue una garantía a los militares de que se mantendría la impunidad, frente a la persistencia del reclamo de juicio y castigo. Pese al repudio ganado por el viejo dirigente tupamaro, Tabaré Vázquez lo ratificaría en su cargo en su segundo mandato. Quedaba claro que la política de E.F.H. era de todo el gobierno.
Fernández Huidobro llegó incluso a obstaculizar cuando una jueza intentó entrar a un cuartel, y presionó para que se trasladara a la Jueza Motta fuera de la justicia penal. Atacó públicamente a los familiares de desaparecidos, pretendiendo desprestigiar su reclamo de justicia.
2017
La consigna de la última marcha condena a todos los gobiernos “democráticos”. Su masividad no se explicar por una expectativa en que el gobierno impulse una investigación. Quienes convocan la movilización saben muy bien que no pueden esperar de parte del Frente Amplio una política que acabe con la impunidad. Es una señal del divorcio y creciente descontento con el gobierno.
Las 100.000 personas que marcharon en Montevideo (además de en muchas otras ciudades del país) están manifestando que está presente en la memoria popular la salvaje represión contra el pueblo trabajador, perpetrada por el aparato militar al servicio del imperialismo y el gran capital.
Sólo un gobierno de trabajadores, puede poner fin al ejército pretoriano, a la opresión nacional y a la explotación social. Las reivindicaciones democráticas han sido pisoteadas por los “demócratas” de derecha y de centro-izquierda. Sólo pueden conquistarse bajo una dirección obrera y socialista.
