Estamos ante uno de los inicios de cursos más caóticos que se recuerden: grupos superpoblados, desempleo docente, inscripciones que no paran de procesarse a destiempo, exámenes para promover cualquier curso ¡en abril! Todo esto en un pico marco de la pandemia de Coronavirus, con CTI al borde de la saturación y aislamiento preventivo de centenares de docentes y estudiantes, por el aumento de contagios en las instituciones educativas.
El proceso de vacunación está en una etapa incipiente, con las agendas saturadas, por lo que una parte importante de la población aún no pudo acceder a la posibilidad de una inmunización, por lo menos parcial.
Por su parte, el transporte sigue funcionando sin aforo, por lo que los trabajadores viajamos hacinados, nuestros hijos estudian hacinados. Las únicas aglomeraciones que se las autoridades quieren limitar, son las reuniones recreativas (no lucrativas) o político-sindicales.
En este estado de situación, la asistencia a clases es una política criminal, que fomenta la propagación del virus en espectros más amplios de la sociedad, generando focos en barrios muy carenciados, donde escasea hasta el agua potable.
La conferencia de prensa que brindó el Poder Ejecutivo el 16 de marzo fue un nuevo circo mediático, en la que no se trasladaron medidas que apuntaran a la preservación de la integridad de los estudiantes y trabajadores. Por el contrario, la “no obligatoriedad” añade más elementos de confusión: no hay prevista ninguna modalidad para abordar la enseñanza de aquellos estudiantes que dejen de asistir, buscando trasladar a los docentes la responsabilidad de asumir otra tarea no remunerada.
Esta resolución, es el resultado de las presiones de los capitalistas, que exigen mantener la apertura de las fábricas y comercios, lo que exige que las instituciones educativas sigan abiertas.
Esta medida, busca a su vez, generar espacio físico para disimular la superpoblación estudiantil que genera la amputación de 200 grupos en Secundaria, sin volcar a la educación pública los fondos necesarios.
Resulta fundamental establecer un programa de reivindicaciones inmediatas para afrontar la situación actual: suspensión de las clases hasta que existan las condiciones sanitarias para que los procesos educativos puedan desarrollarse, creación de cargos y grupos en cantidad necesaria (teniendo como piso mínimo, los que fueron eliminados en 2020), pago del total del salario a aquellos docentes que no pudieron acceder a la fuente laboral, garantías para la cobertura sanitaria y previsional. Abajo toda LUC y su reforma educativa. Por el levantamiento de los sumariaros, basta de persecución antisindical.
